El tema de Nestora Salgado ha ido escalando dentro del proceso electoral que vivimos donde José Antonio Meade la ha calificado como secuestradora e increpa a Andrés Manuel López Obrador por nominarla como candidata plurinominal al Senado. La respuesta del tabasqueño ha sido equipararla a los grandes héroes nacionales como Francisco I. Madero y Benito Juárez.
La guerrerense ha amenazado con demandar a Meade por difamación. Sin embargo, poco a poco han sido revelados casos de personas que fueron detenidas por la policía comunitaria de Olinalá encabezada por Salgado, que eran detenidas y “reeducadas” en un esquema de trabajos forzados —como da cuenta en el diario El Universal, Héctor de Mauleón— con “encierros, maltratos, golpes y amenazas”.
Relata el caso de dos menores de edad que fueron detenidas en junio de 2013, porque “se sabía que se dedicaban a vender droga y prostituirse”. Aunque estas lo negaron, fueron privadas de su libertad durante meses, trabajaban levantando piedras, frijol, cortando pasto y barriendo patios.
Luego, en El Paraíso, una de ellas fue abusada sexualmente por uno de los comandantes, y cuando lo denunció, “los comunitarios se rieron”, destaca en su columna el periodista.
En agosto de ese año, se realizó un cateo en ese sitio, donde fueron liberadas 42 personas que estaban injustamente privadas de su libertad sin que existieran denuncias formuladas en su contra por víctimas directas o indirectas, de acuerdo con lo señalado por Verificado 2018 y donde se pedían de mil a 20 mil pesos, para liberar a los detenidos.
La organización Alto al Secuestro ha documentado las averiguaciones derivadas de las denuncias de familiares de seis víctimas, entre ellas 4 menores de edad, y presentó las condiciones de cautiverio en que se encontraban los detenidos tanto en la población de El Paraíso como en la localidad de San Luis Acatlán, donde permanecían hasta que pagaran con dinero o especie, su liberación.
Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reconocido que se violó el debido proceso en el caso de la detención de Salgado, también detectó que la policía comunitaria de Olinalá “incurrió en violaciones a las garantías de otras personas”, de las que poco se habla.
El abogado Samuel González Ruiz, entrevistado por Siempre!, habla sobre sobre el proceso jurídico de Nestora Salgado, quien fuera puesta en libertad al señalar que no había pruebas para demostrar que había cometido los secuestros que se le imputan:
La CNDH, en voz de su titular Raúl González Pérez, señala que la organización que ella presidía realizó diversas conductas ilícitas, entre las que están privación ilegal de la libertad, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes y que rompieron las normas de lo que tiene que ver con otros hechos en Guerrero, porque nada en la Constitución autoriza a una persona para aceptar las conductas que ella realizó.
No está en la Constitución ni en ninguna parte de los Tratados internacionales que una persona, cualquiera que sea, pueda realizar las conductas que Salgado realizó, de retener a las personas por meses. Ella no es ningún juez ni tampoco ninguna autoridad que pueda tener esas facultades y ella se las arrogó, las tomó por su cuenta y determinó tener a las personas detenidas en esas condiciones de las que existen fotografías.
Hay violación a los derechos humanos, como asentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que certificó el caso.
Organizaciones como Alto al Secuestro señalan que esos actos son típicos de la conducta de secuestro. Lo real es que existe un abuso de autoridad por parte de esta señora y eso está probado —aunque ella diga que no— y está documentado por la CNDH.
Salgado también puede ser acusada de tortura, actos crueles, inhumanos y degradantes, abuso de autoridad, que no estaban previstos en la ley para ser determinados por una autoridad competente.
Independientemente de que los jueces hayan dicho, en primera instancia y que haya sido repuesto una parte del procedimiento, hay apelaciones sobre esas determinaciones judiciales que están en curso y las víctimas es lo que señalan, que no está liberada de manera definitiva.
Es un proceso sub judice
Hay varios procesos penales, algunos jueces respecto de esos procesos han determinado que no había elementos contra ella. Las víctimas desde ese momento apelaron y ahora está sub judice. Es decir, no son firmes las resoluciones judiciales que dijeron que ella no había cometido delito porque están en apelación y en reposición. Los jueces pueden determinar mañana echar abajo la resolución e iniciar el proceso, puede haber una sentencia en su contra, porque no tiene fuero.
