Hace unos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio inicio al juicio instaurado por la Comisión Interamericana en contra del Estado mexicano con motivo de la desaparición forzada de tres jóvenes, acaecida el 29 de noviembre de 2009 en Buenaventura, Chihuahua. Así pues, soslayada olímpicamente a lo largo del primer debate presidencial, la guerra antinarco está ya colocada en la mira del escrutinio internacional.
Pese a los grotescos intentos desplegados por los representantes del gobierno federal, los testimonios y escritos amicus curiae rendidos ante los jueces hemisféricos corroboraron a plenitud la veracidad del núcleo argumentativo del reclamo apuntalado por el organismo demandante: “Las víctimas fueron desaparecidas de manera forzada por soldados, hecho que se mantiene en la impunidad y el Estado no ha hecho lo suficiente para determinar su paradero, además, los familiares han sufrido serias amenazas e intimidaciones, situación que los ha llevado a abandonar sus hogares”.
El asunto es en sí mismo trascendental, pero lo es más porque la Corte Interamericana advertirá que las desapariciones forzadas tuvieron lugar dentro de una inédita crisis de derechos humanos, equiparable en sus efectos a un holocausto nacional: más de 200 mil vidas sacrificadas, más de 30 mil desaparecidos, más de 250 mil desplazados internos, torturas generalizadas e impunidad galopante. Tal es la dimensión de la guerra antinarco.
También arribará a la conclusión de que esa tragedia se debe al hecho de que las fuerzas armadas han asumido de manera indefinida tareas relacionadas con la seguridad pública. Lo que ha propiciado un creciente proceso de militarización que ha sido legitimado con la reforma al Código de Justicia Militar, la expedición del nuevo Código Militar de Procedimientos Penales y los cambios a la Ley de Puertos, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Todo esto conducirá ineludiblemente a los ilustres togados continentales al examen de la Ley de Seguridad Interior. Ahí se harán presentes las críticas emitidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, entre otras instancias supranacionales, todas ellas convergentes en el argumento medular de que a través suyo se está atacando el paradigma de la sociedad democrática.
Cuando ello suceda, resonarán las palabras de rechazo a la Ley pronunciadas por la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero: “Permite al Ejecutivo militarizar el país ya que no tiene contrapeso alguno; el Ejército puede intervenir en caso de resistencia no agresiva, esto es, manifestaciones pacíficas; el artículo 21 de la Carta Magna establece con una claridad impresionante que las instituciones de seguridad pública deben ser de naturaleza civil”.
Esta es una nueva clarinada interamericana que no puede ser desoída por los ministros del máximo tribunal, quienes tienen la obligación ética, jurídica y humanitaria de invalidar un engendro legislativo que jamás debió existir.
