Después de la renuncia de la candidata independiente Margarita Zavala, las dimisiones que seguían eran las de Jaime Rodríguez y Ricardo Anaya Cortés.

Hay razones de pesos para afirmar lo anterior.

La de el Bronco es una renuncia implícita. Su desastroso desempeño como candidato presidencial, que alcanzó su máxima impronta de voluntarismo político en el segundo debate presidencial, lo tiene prácticamente fuera del ánimo de los electores. Un reflejo de ello es que en todas las encuestas sale con menos de 3 por ciento de las preferencias electorales.

Esto podría ser consecuencia de la forma en cómo se coló en la boleta electoral, primero usando recursos y servidores públicos para la recaudación de las firmas; pero como eso no fue suficiente, tuvo que recurrir a prácticas tramposas que fueron detectadas por el INE, pero que  un fallo del Tribunal Electoral desechó por errores en el debido proceso, una historia conocida.

Pero la renuncia más delicada es la del panista Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, quien sigue entrampado en un litigio que lo incrimina como perpetrador del delito de lavado de dinero. Sobre el tema, el columnista José Ureña escribió en su columna publicada en el diario 24 Horas:

“Cuando el presidente de la república lo ordene, el expediente será turnado a un juez para proceder contra quienes desde hace varios años urdieron lavado de dinero”, y agrega que hay al menos cinco inculpados, además de Anaya Cortés, el artífice del sofisticado mecanismo mediante el cual se hizo de 54 millones de pesos: Manuel Barreiro, de la empresa Manhattan Master Plan; Juan Pablo Olea Villanueva, de Advance Real Estate; Donino Martínez, suegro de Anaya; y Carolina Martínez, esposa del candidato.

Finalmente, advierte Pepe Ureña: “Sin consultar la hoja de consignaciones, puede destacarse un dato: si no se quiere proceder contra Anaya, en un Estado de derecho debe actuarse al menos contra su suegro y esposa. Al menos, pero ¿impera en México el Estado de derecho?”

Asimismo, el columnista Álvaro Delgado, nativo de Jalisco pero avecindado desde varios años en León, Guanajuato, dice lo siguiente en el reportaje principal de la revista Proceso de esta semana:

“Ricardo Anaya defiende la licitud de su riqueza acumulada como político y empresario, pero sus propias declaraciones testimoniales y documentales muestran incongruencias y turbiedades. En entrevista televisada, Anaya sostuvo que entre él y su esposa ganan 400 mil pesos mensuales, pero documentos bancarios obtenidos por Proceso establecen que sus ingresos y los de su esposa son muy superiores a esa cantidad”.

Para el que redactó estas notas, esto representaría una segunda llamada para que se aplique la justicia sin concesiones políticas en México.