A nueve años de la tragedia de la Guardería ABC, en la que murieron 49 menores y 106 lesionados, la impunidad sigue latente. Mientras las víctimas están condenadas a vivir con secuelas y en medio de visitas a hospitales, los responsables siguen sin recibir su castigo; además padres de las víctimas acusan al IMSS de lucrar con la tragedia.

Ninguno de los funcionarios de primer nivel que fueron involucrados en la tragedia han sido procesados. Los 19 responsables de la guardería que habían sido sentenciados en 2016, también fueron puestos en libertad bajo un juicio de amparo.

Por su parte, los padres de los menores que ahora ya son adolescentes acusan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de incurrir en corrupción a través del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), en donde dicen se lucra con la tragedia.

Señalan que en el CAICE, a través de medicamentos con sobreprecio y firmas falsas, se ha estado justificando la entrega de beneficios supuestamente a los pequeños que resultaron lesionados; sin embargo, esto no fue así pues nunca fueron entregados.

En entrevista con El Universal, Miguel Nava Alvarado, representante legal de las 32 familias de los afectados, explicó que tanto funcionarios y proveedores del IMSS sobrevalúan la atención médica hasta en un 600%, aparentan la entrega de suministros, además de que encontraron sobre precios en costos de avión, hoteles y hasta encontraron falsificación de sus firmas.

Ante la negativa del IMSS de entregar la documentación de los servicios subrogados a hospitales y clínicas y proveedores de medicamentos, exhortaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una revisión. Sin embargo, no han recibido respuesta, “existe contubernio de esta comisión con el IMSS para menoscabar los derechos de las víctimas”, destacó el abogado.

Hay que recordar que un año después de la tragedia, por decreto presidencial, se garantizó la atención médica vitalicia a los lesionados en instituciones privadas en México y el extranjero, así como fármacos, ayuda psicológica , una beca hasta la universidad y pago de por vida de la electricidad en sus domicilios, soporte para el traslado de los menores y sus familiares a otras entidades del país y a Estados Unidos para su atención.