A siete días de la jornada electoral del 1 de julio, la violencia política va en aumento. El proceso electoral desde su inicio, el 8 de septiembre de 2017, al cierre de edición —21 de junio— sigue sumando asesinatos, agresiones y atentados contra candidatos de cualquiera de los partidos en todos los espacios del territorio mexicano.

Incluso, hay quienes temen que siga así, durante y después de las votaciones en las que se elegirán más de 3,400 cargos a escala local y federal, dentro de los que se encuentran la Presidencia de la República y nueve gubernaturas.

De acuerdo con el Quinto informe de Violencia Política en México 2018 de la Consultora Etellekt hasta el 16 de junio, se han registrado un total de 120 asesinatos contra políticos, de los cuales 28 eran precandidatos y 16 más candidatos a puestos de elección. “Situación que anticipa un serio desafío de seguridad para la paz y gobernabilidad democrática en las regiones con mayor presencia de organizaciones delictivas y notorio debilitamiento institucional”, señala el documento.

“Durante este periodo se registró un total de 465 agresiones globales,  asesinatos, amenazas e intimidaciones, agresiones físicas, atentados contra familiares de políticos, agresiones con arma de fuego, asaltos con y sin violencia, heridos por arma de fuego y secuestro, en contra de políticos y candidatos en las 32 entidades federativas y un total de 302 municipios del país”, apunta Etellekt.

Este es un panorama que no cambiará mucho cuando hayan concluido los comicios, dice Enrique Gutiérrez Márquez, profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana. “Desafortunadamente, la violencia política no se detendrá, al contrario, la cifra de agresiones podría incrementarse en los próximos días, durante o después de las elecciones. Es lamentable porque es la elección más grande y costosa en la historia del país. Ojala pudiera detenerse esta cifra”.

En opinión del experto en procesos políticos, este fenómeno de la violencia política no se puede ver como un tema aislado, sino en el contexto de lo que sucede en todo el pais. Los atentados, amenazas y asesinatos de los candidatos son “la concreción de la violencia que se vive en diferentes ámbitos. Es la expresión de cómo la violencia está permeando al espacio de lo político que parecía blindado o al menos salvaguardado por todo lo que está alrededor del ejercicio de la política”.

Apunta que de acuerdo con las mediciones, 2017 fue el año más violento, y todo indica que 2018, en lo que va, también lo será o incluso será mucho más violento que el año pasado. Esto sumado a una crisis de derechos humanos, a corrupción generalizada en el espacio público y, por supuesto, en las policías, a la precarización de estas instancias, más el tema de la impunidad, es una mezcla que frente al proceso electoral, en donde muy probablemente se dará un cambio de signo político en muchas entidades federativas, se hace más claro, evidente y obvio este clima de violencia estructural que desafortunadamente vivimos en el país y que hoy se expresa también en el ámbito político electoral”.

Delincuencia organizada y política

Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) agrega que “en la violencia política hay varios escenarios, por ejemplo, en la lucha con la delincuencia organizada tiene que ver con la cooptación de autoridades para que los protejan, para que les permitan seguir realizando sus actividades delictivas”.

“Cuando hay un proceso electoral —explica— necesariamente quienes se dedican a la delincuencia se acercan a los políticos, en un momento al precandidato y después al candidato, y a partir del ofrecimiento que les hagan para poder comprarlos o tenerlos de su lado será la apuesta en función de la respuesta: si acepta o no acepta. De no aceptar, muy probablemente le pueda costar la vida”.

Otro escenario puede ser “que un grupo ya pactó con un candidato equis, pero se acerca otro grupo que está disputándose la plaza y, obviamente, ahí ya hay un conflicto, a lo mejor el funcionario ya había aceptado las condiciones, los términos con el grupo antagónico, y esto desencadena en la muerte del candidato”, apunta el investigador.

El especialista en seguridad advierte que no hay que dejarse llevar solo por la violencia política, sería una equivocación, porque una parte importante de esta tiene que ver con las diferencias ideológicas. Todos los discursos de los candidatos a la Presidencia de la República han sido también muy beligerantes, es decir, ninguno de ellos ha llamado a una paz, a una tranquilidad, a una serenidad; al contrario, en los últimos días que quedan de campaña se ve un incremento en esos discursos de unos contra otros. “Hay una violencia política por diferencias ideológicas, pero el gran problema que se quedará es qué sucederá cuando el país quede polarizado en al menos dos frentes”.

Barrón Cruz asegura que esto “se tiene que tener presente, porque después del 1 de julio, el presidente electo, independientemente de quién gane, tendrá que llamar a una coalición para que esa violencia política y social disminuya. Actualmente la sociedad mexicana está muy confrontada, si se revisan las redes sociales, la violencia verbal que hay en ellas es impresionante, por eso se tiene que hacer un llamamiento a disminuir todo eso, pues la confrontación social será muy álgida”.

“Este es un escenario que también hay que manejar, es un escenario grave, porque el país literalmente está polarizado y es lo que ha dado como resultado la muerte de más de 100 políticos”, afirma.

Definir el móvil a priori, “un exceso”

Pese a que el informe de violencia política de Etellekt señala que “la mayor parte de estos homicidios son responsabilidad de comandos armados, sin dejar de mencionar un porcentaje importante de víctimas que previamente fueron privadas de la libertad y halladas con señales de tortura y violencia extrema”, Enrique Gutiérrez no se atreve a señalar cuáles pueden ser los móviles de estos asesinatos.

“Hablar ya de un móvil, no me atrevería, porque definir a priori qué es o qué puede ser porque los candidatos o los políticos andaban en malos pasos, como un expresidente lo sugirió en algún momento cuando se hablaba de las muertes colaterales a propósito de la violencia, es un exceso”, considera el politólogo de la Ibero.

“Especular que a lo mejor algún partido político quiere desestabilizar un área, el propio Ejecutivo federal, los gobernadores, no abona mucho y si enrarece todavía más el ambiente. Desde el espacio de la sociedad civil, la academia, del periodismo, se tiene que hacer un llamado enérgico para que el clima generalizado en el país pueda revertirse lo más pronto posible y reprobar lo que está ocurriendo en el espacio electoral, en donde participar en política igual que ser periodistas parecen ser trabajos de alto riesgo”.

El doctor en ciencias sociales con orientación en sociología por la UNAM afirma que sería muy aventurado y hasta irresponsable especular y “asegurar que se busca una desestabilización política. Hablaría de una clase política todavía más mezquina de la que tenemos y con intereses que quiere salvaguardar olvidándose de un interés nacional”.

“La clase política tiene que ser lo suficientemente responsable como para no buscar desestabilización, porque eso en el corto plazo les puede redituar no perder espacios políticos o de competencia electoral, pero en el largo plazo puede ser incluso contraproducente”, advierte Gutiérrez Márquez

En lugar de especular, el analista político prefiere plantear “la necesidad de trabajar en el espacio institucional y de exigir a las autoridades electorales involucradas, así como a las autoridades que no son electorales, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, las policías federal y estatales el esclarecimiento de las agresiones, así como que garanticen que las elecciones se desarrollarán en calma, en paz, en tranquilidad, y con las mejores condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto”.

 

El problema, la investigación del delito

En contraste, Martín Barrón apunta que “habría que ver si en alguno de estos casos particulares, puede haber otro tipo de circunstancias, aquí es problema de la investigación del delito de homicidio, porque inmediatamente se asume: porque era candidato lo mataron, no, puede haber otra serie de circunstancias que obviamente la sobreexposición mediática permite también que haya vulnerabilidades, y que por otra serie de circunstancias ajenas al proceso político lo puedan haber privado de la vida”.

“Eso —dice— se tendría que determinar a partir de una investigación del delito de homicidio, pero hasta el momento, de los más de 100 políticos que hay privados de la vida, no nos han dicho absolutamente nada las autoridades”.

El investigador del Inacipe explica que no se conocen a ciencia cierta los móviles de los asesinatos en cada uno de los casos, porque quizá también hay un problema de ineficiencia en la investigación del delito. Se tienen que hacer diversos estudios que determinen la razón por la cual lo mataron, hasta que no se tenga a los responsables de los homicidios poco se sabrá. Él es el único que podrá decirnos por qué lo privaron de la vida, si fue por encargo, por una cuestión de celos, por una cuestión extramarital, si fue por vínculos con la delincuencia organizada, si fue por problemas de negocios, etc., puede haber “N” alternativas, pero nunca nos lo dicen, y ese es un problema de la investigación del delito”.

Enrique Gutiérrez y Martín Barrón coinciden en que “las autoridades tienen que ser lo suficientemente responsables para esclarecer las agresiones y evitar especulaciones”.

“Supongo que una parte tendrá que ver con la presencia de grupos diferentes del crimen organizado y en algunos otros casos con la presencia de otros grupos políticos que están inmersos en esta contienda político electoral y que han encontrado una vía para contender también políticamente ahí, pero si ese fuera el supuesto, la apuesta es completamente equivocada”, dice Gutiérrez Márquez.