El Tribunal Supremo ha condenado a Iñaki Urdangarin a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Nóos. La pena impuesta por la Audiencia de Palma al marido de la infanta Cristina ha sido rebajada en cinco meses. El ex duque de Palma podrá ingresar en la prisión que elija si se presenta voluntariamente con el mandamiento judicial que lo ordena.

La rebaja de la pena acordada por el Supremo deriva de que le absuelve a Urdangarin del delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, al entender que no ha quedado probada su intervención.

Previsiblemente, el ex duque de Palma deberá ingresar en prisión, aunque todavía cabe recurso ante el Tribunal Constitucional. Dada la pena impuesta, es poco probable que el TC suspenda el ingreso en prisión.

En marzo, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, solicitó al Supremo que estimara su recurso contra la sentencia de Nóos y absolviera a su representado “porque a día de hoy ya viene condenado por determinada parte de la sociedad y determinados medios de comunicación”.

La sentencia de la Audiencia de Palma, que fue dictaminada por unanimidad, condenó a Urdangarin por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con falsedad y malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda.

Rebaja la pena a la Infanta Cristina

El Tribunal Supremo ha rebajado la cuantía que la Audiencia de Palma impuso pagar a la Infanta Cristina como responsable civil a título lucrativo por el caso Nóos de 265.088 euros a 136.950 euros al entender que no puede responder de esa manera de los delitos fiscales de su marido.

El Supremo rebaja, por tanto, en 128.138 euros la cantidad que debe pagar la Infanta como responsable civil, aunque ese dinero lo tiene que asumir en todo caso Urdangarin.

El Supremo le quita esa cantidad ya que entiende que no se puede responder como partícipe a título lucrativo por delitos fiscales, pero sí por malversación y fraude, que son los otros delitos por los que fue condenada a pagar responsabilidad civil y que el Supremo mantiene.