El país está padeciendo los embates de un cúmulo de tragedias análogas a las célebres siete plagas de Egipto. Corrupción, impunidad, abuso de poder, pobreza, despojo, devastación, violación generalizada de derechos humanos, nulo crecimiento económico, entreguismo y olvido deliberado del interés nacional son algunas de ellas. Empero, la más perniciosa de todas esas calamidades es la guerra antinarco.
Puesta en marcha en diciembre de 2006, devino en un conflicto armado interno, según la calificación jurídica emitida por la Academia de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Ginebra, el cual debe ceñirse a las reglas del derecho internacional humanitario y a las medidas de protección a las víctimas que en su caso decrete el Comité Internacional de la Cruz Roja.
A lo largo de casi doce años ha arrojado resultados catastróficos, equiparables a un auténtico holocausto: más de 200 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos, más de 250 mil desplazados internos. La decisión adoptada por Felipe Calderón y asumida en sus términos por Enrique Peña Nieto insertó nuestra sociedad en una terrorífica dinámica de guerra que desató un baño de sangre, una espiral de violencia nunca antes vista, acicateada por el inconstitucional desplazamiento de más de cien mil efectivos de las fuerzas armadas; lo que dio curso a un proceso de militarización que ahora se pretende coronar con la validación judicial de la Ley de Seguridad Interior.
Al respecto, en la obra La sociedad dolida, el malestar ciudadano y aplicando los estándares de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, diagnostica que México está sufriendo una grave enfermedad denominada “violencia colectiva”. También nos dice que ello ha tenido un muy serio impacto en la salud mental pues hay evidencias del brote de patologías como depresión, estrés postraumático, ansiedad permanente y suicidios, entre otras. Tales consecuencias ya habían sido advertidas por Frantz Fanon en su libro Los condenados de la tierra, donde se documentaron los estragos causados por la guerra emprendida por Francia en contra de los intentos independistas de Argelia.
Los daños son inconmensurables y han conllevado el aniquilamiento masivo de vidas humanas, la destrucción de infinidad de núcleos familiares, la ruptura del tejido social y el afloramiento de la desconfianza, la desestabilización y la desesperanza. Nada de esto tiene justificación, máxime que, como se explica en el libro Los cárteles no existen, de Oswaldo Zavala, el conflicto armado pudo haber sido una invención del gobierno para crear un enemigo ad hoc, legitimar el discurso de la seguridad nacional, posibilitar la salida del ejército de los cuarteles y crear un ambiente de represión propicio para el despojo, la criminalización y el aseguramiento de los intereses de los grandes corporativos trasnacionales.
El colapso de la nación no debe quedar impune. Rendición de cuentas y deslinde de responsabilidades en torno a la guerra antinarco son un imperativo categórico.
