El Cártel de Los Zetas en Tamaulipas realizó pagos de 80 mil pesos semanales a diversos integrantes de organizaciones de Derechos Humanos en la entidad, principalmente en el municipio de Nuevo Laredo, para la promoción de denuncias en contra de los elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por las desapariciones de jóvenes.

De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/VEITA/073/2015 que se inició el 23 de marzo de 2015 con la detención de Ramiro Pérez Moreno, alias el Ramas, señala directamente al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, de recibir semanalmente 5 mil dólares para esconder a integrantes de la organización delictiva en sus oficinas, realizar movilizaciones en contra de las Fuerzas Armadas e interponer denuncias contra los elementos militares.

Durante su declaración ante el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Pérez Moreno detalló el pago directo al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo por incomodar a la SEMAR.

El Ramas, acusado y procesado por haber ejecutado a más de 32 personas, además de delincuencia organizada, secuestros, extorsiones y contrabando en los municipios de Villa Unión, Guerrero, Hidalgo y Coahuila, así como la transferencia de drogas a Estados Unidos y armas a México, agregó en su declaración la protección que le brinda Raymundo Ramos en Nuevo Laredo.

Aseguró que la intención de las manifestaciones que se realizan en el municipio, utilizando a familiares de supuestos desaparecidos, “es con el fin de presionar al gobierno federal para que se retiren las Fuerzas federales”.

Dentro de los desaparecidos que presentó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo de febrero al 16 de mayo del presente año, 14 denuncias fueron presentadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La ONU-DH lamentó que “las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de las personas desaparecidas y en la investigación de lo sucedido”.

(Con información de Excélsior)