La imprevisión es uno de los capítulos de la epistemología o teoría del conocimiento. Al respecto, Nicholas Taleb sostiene en su conocido libro El cisne negro que en el desarrollo de todo ejercicio cognoscitivo necesariamente debe tenerse presente la eventualidad de que surja lo improbable. Para ello se vale de una metáfora previamente difundida por Karl Popper, autor de la célebre teoría del falsacionismo, según la cual el enunciado universal que postulaba dogmáticamente que todos los cisnes eran blancos fue defenestrado cuando los primeros viajes a Australia evidenciaron la existencia de los cisnes negros.
Lo anterior viene a cuento porque acaba de surgir un genuino cisne negro que hizo añicos el tablero de mando con el que el gobierno de Peña Nieto ha venido manipulando el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La falta de visión de las autoridades hizo que lo improbable cobrara vida en forma de una trascendental sentencia dictada por los magistrados de un tribunal colegiado con sede en Tamaulipas.
Constante de más de 712 páginas, en este histórico fallo se arribó a tres demoledores corolarios: I) hay indicios suficientes para presumir que las confesiones de los amparistas fueron obtenidas mediante torturas; II) la averiguación acusa serias irregularidades pues no se indagó la posible intervención de las fuerzas armadas y la policía federal; III) la investigación no satisface los estándares jurisprudenciales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, no fue inmediata, ni efectiva, ni independiente, ni imparcial.
Entre otras determinaciones, los magistrados ordenaron la integración de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el Caso Iguala de acuerdo con los siguientes lineamientos: I) será conformada por representantes de las víctimas, la CNDH y la PGR, aunque podrán participar personeros de organizaciones civiles; II) las líneas de investigación y pruebas a recabar serán determinadas por la representación de las víctimas y la CNDH; III) sus miembros tendrán libre e inmediato acceso a todas las instalaciones gubernamentales, incluidos lugares sujetos a la jurisdicción militar.
Se trata, sin duda, de un giro radical en el abordaje de una tragedia que ha sacudido la conciencia ética de la humanidad y de un inesperado cambio de paradigma en torno al papel que los jueces deben asumir ante las violaciones graves a los derechos humanos, enmarcado en los criterios interpretativos de la Corte Interamericana y sustentado en la armonización del derecho humano a la verdad y los fines inherentes a la procuración de justicia.
Una vez más, la verdad histórica urdida por el gobierno saliente ha sido derrumbada en forma estrepitosa. Este extraordinario cisne negro judicial nos permitirá saber por fin qué sucedió con los estudiantes. También es la punta de lanza que hará posible llevar ante la justicia a los responsables de un monstruoso ejemplo del uso corrompido de los poderes indagatorios del Estado. Su instrumentación demandará el total respaldo ciudadano.

