Por encima de todas las cuestiones políticas que existan, que es muy respetable y en lo que no me meto, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “no debió ser detenido. Nunca debió pisar la cárcel, la pisó por un acto arbitrario e ignorante del juez. Segundo, su caso ya tendría que encontrarse en manos de un juez federal; y tercero, este juez federal, como medida cautelar, deberá de revocar la prisión preventiva, porque no hay razón para que exista”.

“Es lamentable y dramático que existan estos hechos y estas arbitrariedades” en un gran país como México, afirma el experto en derecho penal Everardo Moreno Cruz.

El pasado 23 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso de revisión que interpuso la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con el que buscó que el caso del exsecretario general adjunto del PRI Alejandro Gutiérrez Gutiérrez —detenido desde diciembre 2017 por presunto desvío de recursos públicos— quedara en manos de la justicia estatal, y no de la justicia federal.

El recurso interpuesto por el gobierno de Javier Corral tenía como objetivo dejar sin efecto la decisión de un tribunal colegiado, que ordenó que fueran puestos a disposición de un juez federal tanto Alejandro Gutiérrez como Enrique Tarín García y Gerardo Villegas, exfuncionario de la administración de César Duarte, señalados por los presuntos desvíos de recursos públicos.

“Las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en ejercicio de la competencia delegada por este Alto Tribunal no admiten recurso alguno y deben ejecutarse a la brevedad, tomando en cuenta que se trata de determinaciones que constitucionalmente son definitivas e inatacables”, argumentó Luis María Aguilar, presidente de la Corte.

La Corte solicitó a la Consejería Jurídica de Chihuahua y a los juzgadores y tribunales, locales y federal involucrados en el caso, que en los próximos tres días hábiles le informen “sobre el cumplimiento dado a la decisión emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito antes citada”, señala la información publicada en los medios.

La respuesta no se hizo esperar, en conferencia de prensa, el consejero jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, aseguró que “es falso que la SCJN haya dado un plazo de tres días a las autoridades estatales para entregar a los imputados Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas a un juez federal”.

El 29 de mayo, el gobierno de Corral presentó a una de las salas del máximo tribunal un recurso de reclamación para que sea revisada la decisión del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, sobre si la decisión estuvo apegada a derecho.

Estrictamente jurídico

Ante la polémica que se ha creado alrededor de este asunto, el jurista Everardo Moreno asegura que el caso de Alejandro Gutiérrez “es estrictamente jurídico y jurídicamente considero que la actuación del gobierno de Chihuahua ha sido totalmente indebida”.

Antes de continuar con su opinión sobre este asunto deja en claro a Siempre! que no conoce a Gutiérrez personalmente, que supo de su existencia cuando lo vio en las noticias, en los periódicos. “Estoy enterado de que al señor Gutiérrez se le sometió a la Audiencia Inicial, dentro del nuevo procedimiento penal, en diciembre de 2017”.

En dicha Audiencia Inicial —explica Moreno— “se dictó el auto de vinculación a proceso y ahí se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. Primera, y así lo digo, aberración jurídica. De ninguna manera Alejandro Gutiérrez debería estar privado de su libertad, porque la prisión preventiva oficiosa es por excepción y se da en delitos tan señalados como violación, privación de la libertad, uso de instrumentos peligrosos, ataques a las vías de comunicación, delitos muy bien establecidos tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la misma Constitución General de la República”.

Por tanto, “jurídicamente es totalmente indebido que Alejandro Gutiérrez esté detenido”.

Agrega: “posteriormente la Suprema Corte respaldó, por la naturaleza del ilícito presuntamente cometido, la sentencia de un Tribunal Colegiado que determinó que el asunto debe ser conocido por un juez federal y el señor debe ser trasladado a un penal federal, así debe ser, pero esto aún no ha sucedido”, hay un incumplimiento de la ley”.

“Da tristeza que en nuestro país haya abusos como los del gobernador Javier Corral, y no me interesa de qué partido sea, no me interesa qué era o qué hacía el señor Gutiérrez antes, estoy hablando de dos ciudadanos, uno que tiene autoridad para violar la ley y otro que no tiene autoridad y está siendo sometido a las arbitrariedades de un poderoso”, dice el abogado penalista.

El más alto tribunal

El responsable del Bufete Jurídico de Asesoría Gratuita de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) asegura que “el fallo de la Suprema Corte es válido e inatacable, “no tenemos tribunal más alto en nuestro gran país. Lo que resolvió la Corte ya no tiene vuelta de hoja, es un asunto que debe ser conocido por un tribunal federal, ¿qué tendría que hacer un gobernador respetuoso de la ley? Simplemente ordenarle —y no tendría ni por qué ordenarle, porque hay libertad e independencia de los poderes— al juez que dictó el auto de vinculación a proceso, que indebidamente lo tiene en prisión, que ponga de inmediato a disposición de un juez federal a Alejandro Gutiérrez, pero aquí vemos que este asunto se ha politizado de tal manera que no le interesa al gobernador estar violando la ley como se le pegue la gana”.

Advierte que cuando no se cumple una resolución judicial, “hay un delito del orden federal, cuando hay un incumplimiento del orden judicial, en este caso el que no se respete la resolución de un Tribunal Colegiado para que el asunto sea conocido por un juez federal, podría presentarse una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR ) en contra de quien no cumpla esta obligación legal; entiendo que es el juez, en principio, quien debe remitir el expediente a un juez federal, eso tendría que hacerse”.

Agrega que “la resolución dic, que de inmediato se deberá trasladar, “de inmediato”, no habla de días, horas, sino simplemente habla de inmediatez y dice que una vez que el juez reciba el expediente, una vez que se haga el traslado, tiene tres días para avisar al Tribunal Colegiado que se ha cumplido con su resolución. No se está señalando un término para eso, pero sí se está marcando un término para que sea de inmediato el traslado”.

Cambio de juez

Un tema que se agrega a este polémico caso es la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de trasladar y reubicar —a partir del 1 de junio— al juez federal Gerardo Moreno García, quien fungía como administrador del Centro de Justicia Penal federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, a otro centro del estado de Chiapas.

Cabe recordar que el juez federal ha mantenido una disputa con el gobierno de Chihuahua por la competencia para conocer del caso de Alejandro Gutiérrez, acusado del desvío de recursos públicos destinados a la entidad para campañas electorales del PRI. En febrero pasado Moreno García solicitó el traslado a la Ciudad de México de Alejandro Gutiérrez.

Al respecto, el secretario general de gobierno de Chihuahua, César Jáuregui, en declaraciones al portal de noticias Omnia Noticias, consideró como un “buen guiño” de la Federación el cambio del juez federal Gerardo Moreno, pues el estado de Chihuahua previamente solicitó su salida por actitudes impropias de un juzgador.

Agregó que ahora corresponderá a alguno de los tres jueces especializados en materia penal que integran el Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México el continuar con la investigación por el desvío de 250 millones de pesos que involucra a Gutiérrez Gutiérrez.

Sobre esta reubicación, Everardo Moreno solo dice, “ahí si no podría responderle nada, en la Suprema Corte hacen movimientos con cierta periodicidad. Sería temerario de mi parte hacer cualquier observación”.

A menos de 30 días de llevarse a cabo los comicios presidenciales, el abogado indica que este caso estrictamente jurídico se ha politizado, porque “lo jurídico se contamina con gobernadores arbitrarios que no respetan la ley, como el gobernador de Chihuahua”.

Además, se le plantea a Everardo Moreno, se dan muchas declaraciones —de actores políticos— como la que hizo la presidente de Morena, Yeidckol Polevnsky, que acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de tener como preso político a Alejandro Gutiérrez, a lo que responde: “hay un refrán que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores; en este momento todo el mundo quiere hablar de todo”.

Ante las irregularidades en el proceso del priista, el catedrático de la UNAM explica que el problema no es del nuevo Sistema Penal Acusatorio, “como se sabe, uno de los primeros estados de nuestra república, en donde se implementó un nuevo sistema de justicia fue precisamente Chihuahua, y qué lamentable que esté sucediendo todo esto”.

“Las leyes no resuelven los problemas, son los hombres quienes las aplican, quienes infringen más las leyes, esto es emblemático de un gobernador, y se lo que voy a decir: de un gobernador violador de la ley y que antepone sus pasiones al complimiento del derecho”, afirma.

“Este caso se resolverá como se resuelven muchas de las cosas en México, con tibieza por parte de las autoridades. Lo más triste es que el gobierno no hace nada. Se están ordeñando los ductos de Pemex y no se hace nada, se están asaltando trenes y no se hace nada, entonces el problema no son las leyes, son las autoridades que no cumplen con su función y que tienen miedo para gobernar”, asegura el jurista.

 

El acusado Gutiérrez

En diciembre de 2017, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue detenido en la zona metropolitana de Saltillo y trasladado a Chihuahua al ser acusado de cometer el delito de peculado agravado por 250 millones de pesos.

Según las versiones periodísticas se le relaciona con una red que trianguló recursos federales desde la Secretaría de Hacienda a la dirigencia nacional del tricolor durante 2016, vía gobiernos estatales priistas.

Especialistas en derecho penal han señalado que el político coahuilense puede enfrentar en libertad el proceso que se le sigue en Chihuahua, debido a que el delito de peculado no agravado no se considera una falla grave.

“Por no tratarse de un delito de prisión preventiva oficiosa, Gutiérrez tendría derecho a la libertad con aplicación de una medida cautelar dictada por el juez, la cual podría ser desde un embargo, colocación de localizadores electrónicos, prisión preventiva hasta la inmovilización de cuentas y valores.

En enero de 2018, autoridades de Chihuahua acusaron a Gutiérrez de un nuevo desvío de recursos, por un millón 700 mil pesos.