Héctor Tenorio
El exceso en el uso de la fuerza y la violación a los derechos humanos de la policía fronteriza estadounidense contra los migrantes no son eventos aislados, forman parte de un patrón de conducta. Disparan a matar sabedores que son escasas las posibilidades de una sanción, sobre todo cuando las víctimas son parte de las minorías. Desde 1990 más de 7 mil hombres, mujeres y niños perdieron la vida al cruzar la frontera México-Estados Unidos. En lo que va del presente año fiscal del vecino del norte (que arrancó en octubre del 2017), se han recuperado los restos de 58 personas en el desierto de Arizona. Mientras que en el año fiscal anterior se encontraron 147 cadáveres. En total se registraron 412 muertes de personas que intentaron huir de la pobreza.
El pasado 23 de mayo, la guatemalteca Claudia Patricia Gómez González se sumó a esta macabra lista. Según la versión oficial un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos respondió a un reporte de actividades criminales alrededor de un desagüe en Río Bravo, Texas. Ahí descubrió a cuatro inmigrantes ilegales que lo atacaron. Entonces, él disparó a la joven de 20 años quien cayó fulminada, los demás sospechosos escaparon. La historia sufrió modificaciones y se optó por acusar a Gómez González de haberse abalanzando al agente. ¿De qué manera una muchachita desnutrida pudo convertirse en una amenaza para un representante de la ley bien entrenado?
La polémica sobre su asesinato surgió luego de la aparición de un video publicado en Facebook donde una testigo (Marta Martínez) negó que el agente haya sido atacado y en cambio denunció que fue un asesinato a sangre fría. Cabe destacar que la originaria de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, inició su travesía el 7 de mayo a Estados Unidos en busca del sueño americano, quería mejorar su nivel de vida, pues desde hacía dos años se había graduado de nivel medio pero no pudo ingresar a la universidad. Tampoco encontraba trabajo y su padre fue deportado en 2017 del territorio estadounidense.
Los medios de comunicación de Estados Unidos dieron mucha cobertura al asunto con el objetivo de dañar la imagen de su presidente. De manera paralela en la prensa guatemalteca se manejaron dos tesis: Una, que los agentes estadounidenses disparan a matar a gente desarmada; otra, que la insistente retórica de Donald Trump contra los indocumentados se ha manifestado esta vez de manera directa contra una joven guatemalteca, lo que obliga a que se realice una investigación exhaustiva que no deje lugar a especulaciones.
Los familiares de la fallecida exigieron a las autoridades estadounidenses que el asesinato de Patricia Gómez no quede impune. Al menos 30 organizaciones pro migrantes de Guatemala, México, El Salvador, Estados Unidos y Chile pidieron justicia. En el mismo tenor se manifestaron 300 guatemaltecos que radican en Los Angeles California, ellos calificaron de incapaces a las autoridades de su país y quieren que el mandatario Jimmy Morales actué de manera enérgica, o al menos utilice su cercanía con el presidente Trump para solicitarle que la policía fronteriza no disparen a matar a los migrantes.
Ante las críticas recibidas el gobierno de Guatemala tuvo que endurecer su posición, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de Migrantes del Congreso no descartaron la posibilidad de demandar a EE.UU. No obstante, primero debe completarse las averiguaciones. Por lo pronto, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga el hecho. Mientras que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU según su siglas en inglés) llamó a los servicios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a que los oficiales lleven cámaras para lograr más transparencia en sus procedimientos.
En este contexto, difícilmente habrá justicia. Solamente hay que recodar lo acontecido el 10 de octubre de 2012, cuando el joven José Antonio Elena Rodríguez de 16 años de edad, fue asesinado en la ciudad de Nogales, Sonora, por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que dispararon a 25 metros de distancia catorce veces a través del muro hacia México; ocho de las balas entraron perforaron su espalda y una entró en la cabeza. Dada la precisión de los tiros realizados, todo indica que la acción fue premeditada y en ella participaron dos tiradores en posiciones diferentes.
Se logró que el agente Lonnie Swartz de la Patrulla Fronteriza fuera acusado de asesinato en segundo grado por un gran jurado en Arizona en septiembre de 2015. En su defensa dijo que cuando ocurrieron los hechos José Rodríguez estaba entre un grupo de personas que arrojaban piedras que ponían en peligro la vida de los agentes. Tres años después la justicia del vecino del norte lo declaró inocente del asesinato en segundo grado. La comunidad mexicana se inconformó con el fallo.
Estas escenas nos recuerdan lo que sucede todo los días en la Franja de Gaza donde el ejército de Israel masacra al pueblo palestino. Queda claro que para las autoridades estadounidenses los migrantes son animales y merecen morir así. ¿Hasta cuándo?
