Graves irregularidades y extrema lentitud en pesquisas sobre el ataque a los 43 normalistas y no se ha brindado verdad y justicia a las víctimas, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presentar un Informe de Balance tras el primer año de seguimiento a las recomendaciones de la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes desaparecidos que pertenecían a la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”.

En las investigaciones sigue pendiente determinar el grado de participación del Ejército, las policías federal y municipales, y de funcionarios estatales que, por acción u omisión, pudieran estar implicados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

A casi cuatro años de los hechos, la CIDH lamentó que no haya un solo consignado por desaparición forzada, pues quienes están detenidos se les acusa de delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público y secuestro.

Consideró que las investigaciones continúan fragmentadas, y requieren de un análisis integral. Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente.

El organismo internacional señaló que se observa falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose.

Solicitó al Estado que explique, ante la cantidad y la calidad de la información que obra en el expediente, el cambio de narrativa, sin tener una respuesta concreta.

Resaltó la importancia de realizar una búsqueda clara, integral y certera sin duplicar esfuerzos institucionales y de contar con una base de datos de fosas en el estado de Guerrero. “Ello contribuirá a comprender en mayor dimensión el contexto de desapariciones y el modus operandi, asimismo, permitirá profundizar el análisis respecto de patrones de inhumación que permitan alimentar las búsquedas”.

El mecanismo valoró que el Estado mexicano reconoció el tráfico de drogas de Guerrero hacia Estados Unidos en autobuses. “La información recibida como producto de la asistencia jurídica internacional brinda mayores elementos sobre varias de las líneas de investigación ya abiertas que es necesario profundizar. Asimismo, abre nuevas líneas que deben ser exploradas en relación con el móvil de los hechos”.

La CIDH continuará dando seguimiento a las investigaciones realizadas sobre las graves denuncias de tortura, sobre denuncias de ocultamiento de pruebas, así como al presunto intento de infección de malware a distintas personas defensoras de derechos humanos vinculados al caso.

Reconoció la resistencia y la fuerza de los familiares y de las víctimas en la búsqueda de la verdad y justicia, y alienta al Estado a cumplir con todas sus recomendaciones y con las del GIEI.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.