Cuando faltaba menos de una semana para los comicios, David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación, visitó el Instituto Nacional Electoral, donde firmó un acuerdo dizque para evitar, dice La Jornada, el desvío de recursos y establecer “medidas preventivas que eviten la recurrencia de irregularidades” (je, je).

Por supuesto, resulta ocioso, por extemporáneo, que un acuerdo de esa naturaleza se firmara a unos días de la votación, cuando ya mucho del dinero ilegal estaba gastado o distribuido por todo el país para sufragar la compra de votos, el acarreo, la coacción y otros mecanismos electorales ilegítimos.

Resulta de una soberana ingenuidad creer que el señor Colmenares puede actuar en favor de la limpieza electoral, política, administrativa o de cualquier orden. El  flamante auditor Superior de la Federación es un perfecto ejemplo de funcionario bajo sospecha, pues su breve actuación ha resultado escandalosa por haber metido a sus compinches en los principales cargos de la ASF, de donde despidió a Muna Dora Buchahín Abulhosn por incómoda, pues ella es la que puso al descubierto la “estafa maestra”, transa del gobierno priista mediante la cual fueron desviados, por lo menos, 7,700 millones de pesos que salieron de Sedesol y Sedatu, en 2013 y 2014, mediante la triangulación de esos fondos con universidades y “empresas fachada”, dinero  que se destinó a campañas electorales del PRI o de plano se fue a los bolsillos de algunos vivales.

Por supuesto, los achichincles del tal Colmenares se han dedicado a difamar a la señora Buchahín, pero ella ya tiene demandado por daño moral al abejorro que reina en esa colmena y zánganos que lo acompañan. Sí, porque en pleno “año de Hidalgo”, en la ASF han caído personas y personajes sin calificación para las tareas que debe desarrollar ese organismo.

En 2012-2013, Colmenares fue auditor especial del Gasto Fiscalizado de la propia ASF, y cuando fue despedido por inútil se convirtió de inmediato en contralor interno del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, entidad auditable por la ASF, lo que representa un conflicto de intereses. En estos días, ya en posesión de su nuevo y lucrativo cargo, Colmenares anunciaba en internet su empresa, que ofrece, entre otras cosas, un servicio especializado en fiscalización. Dicho de otra manera, el auditor al que pagamos con nuestros impuestos ofrece asesoría a los auditados.

Con esa alhajita firmó un convenio el INE dizque para evitar malas prácticas con recursos públicos. No, pos sí.