Froilán Esquinca Cano
Ante las condiciones globales existentes en la década de 1990 en términos de pobreza y crisis ambiental, se realizaron compromisos internacionales ante la ONU para procurar el combate al cambio climático, la lucha contra la desertificación y la protección de la diversidad biológica. Al transcurrir los años, la situación de crisis medioambiental se agudizó, constatada en estudios como el de Nicholas Stern en 2005, que demuestra las implicaciones negativas en la economía de las naciones y el deterioro del medio ambiente.
La política ambiental en nuestro país es percibida como una “entelequia” que preocupa a idealistas. Incluso se percibe como un obstáculo para el progreso y la industria, pues la tendencia actual es la producción mediante la explotación desmedida de los recursos naturales. El ejemplo por antonomasia de lo anterior es la industria petrolera, que actualmente se encuentra en crisis, sin embargo, con expectativas económicas con los años contados.
Debe existir un cambio de paradigma y de percepción respecto al cuidado del medio ambiente. En este tránsito histórico nos encontramos frente a la disyuntiva de continuar con un modelo agresivo y depredador de los recursos, o bien, tomar el rumbo de la sustentabilidad que no solo es un discurso utópico en donde el hombre convive con la naturaleza como lo hacían nuestros antepasados; al contrario, se trata de una integración y un ciclo económico con perspectiva de futuro. No es radical plantear que los modos de producción deberían estar orientados a la generación de bienes y servicios de manera sustentable, ya que nuestro país cuenta con recursos naturales que pueden ser transformados para resolver necesidades que la industria actual olvida, transitar hacia la economía social y solidaria nos apremia.
Ante esta realidad y como producto de diversos consensos y la aceptación de la problemática mundial, en el año 2012 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, que entre otros resultados y posicionamientos derivó en el establecimiento de los ODS (objetivos de desarrollo sustentable), metas en beneficio de la humanidad a las que se comprometieron los miembros en el año 2015 y cuyos resultados deben ser cumplidos para el año 2030.
El estado de las cosas en nuestra nación es delicado. A pesar de ser una tierra fértil y con abundancia de recursos naturales, sigue existiendo desigualdad, violencia, pobreza extrema y hambre en todas las latitudes de nuestro territorio. El cumplimiento de los ODS debe ser un asunto prioritario para el gobierno actual y los venideros. Debe existir un cambio de paradigma para posicionar las acciones tendientes al desarrollo económico en torno al bienestar social, para ello una política ecológica sustentable es imprescindible.
México es el cuarto país que concentra más biodiversidad en su territorio, reflejo de la gran responsabilidad que tiene con respecto a los demás actores en el mundo. Sería un grave error no darse cuenta de que todos los actos que se hagan a favor o en contra de los ecosistemas repercuten en todos los rincones de nuestro planeta.
La humanidad requiere avanzar hacia la democracia ecológica mundial, entendiendo que todo acto tendrá repercusiones para el orbe en su totalidad, y que de ser distinto y continuar por la misma ruta, acabaremos por depredar nuestro planeta, con consecuencias de hambre y miseria que ya se ven en muchas regiones. Ante tal realidad, México puede y debe ser un líder emergente ante la nueva política internacional que aspira a la justicia. Hablar de justicia ambiental es hablar de sustentabilidad.
Senador de la República por Chiapas.
