Donald Trump podrá ser el presidente de Estados Unidos, pero sin recursos no puede hacer mucho para combatir la migración irregular. Este sería el resumen de su situación a dos semanas de estar bajo fuego por sus medidas drásticas para combatir ese fenómeno que considera lacerante de la economía estadounidense.

Empezó deportando a miles de migrantes indocumentados, luego restringió el acceso a los solicitantes de asilo, comenzó a separar a la familias, ocasionando una fuerte reacción internacional en su contra y ahora descubre que nada de lo que intenta puede concretarse en una política migratoria eficiente basada en la tolerancia cero.

Basta y sobra mencionar lo que la misma Guardia Fronteriza y Aduanas, dice al respecto a través de su principal representante, Kevin McAleenan. En una conferencia de prensa anunció que dejaría de entregar a la justicia penal a los indocumentados detenidos acompañados de menores. La única excepción será la de aquellos que sean sospechosos de abuso o maltrato, o que tengan antecedentes penales; un proceso que se realiza de manera rutinaria.

McAleenan aseguró que esta medida se mantendrá así mientras no haya una mejor forma de atender el problema. Esto significa que las órdenes de Trump de procesar a las familias separando a sus hijos, queda a un lado momentáneamente.

“No estamos cambiando de política, simplemente es que no tenemos suficientes recursos”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah H. Sanders.

La medida tiene lugar también en momentos en que los servicios de inmigración y vigilancia fronteriza se han viso superados por la falta de espacio para albergar a tantas familias indocumentadas que llegan diariamente a la frontera. Sin embargo, el Pentágono está uniendo esfuerzos habilitando bases militares para poder acoger a familias.

Aún así, Trump tendrá el problema de que no puede retener a los niños más de 20 días en los centros de detención, por lo que tendrá que buscar una manera más rápida para atender los casos.