La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,  anunció que recibió del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “una carta abierta para hacer lo que sea necesario para pacificar el país”, pero que en todo caso, la regulación futura de la amnistía dejará fuera aquellas “conductas que de acuerdo con la Constitución constituyan graves violaciones a los derechos humanos”.

Esa “carta abierta” incluye la legalización de las drogas. “Él sabía perfectamente de mis conferencias y de mis artículos en la prensa sobre despenalización de drogas”. Me dijo textual: “Abramos el debate”.

En el Seminario sobre Violencia y Paz ¿Olvido, verdad o justicia? organizado por El Colegio de México (Colmex),  aseguró que “nadie puede negar que en los últimos 10 años el Estado ha sido incapaz de paralizar la violencia, por eso es hora de que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada y haya justicia en derechos humanos, que se hable de verdad, de justicia y de reparación”.

La exministra apuntó que es crucial empezar a hablar de una justicia transicional en México, concreta para nosotros, adaptada a esta realidad y acompañada de académicos, activistas de derechos humanos como el poeta Javier Sicilia y familiares de desaparecidos.

La nación –dijo- está inmersa en la violencia, con decenas de miles de personas desaparecidas y el Estado ha sido incapaz de enfrentar la situación. “Somos un país en el desaparece la juventud, en el que las mujeres son las que buscan a los desaparecidos”, una nación en el que ser periodista o defensor de derechos humanos es un riesgo de muerte.

La jurista lamentó que en muchas partes del país se respire el horror y la deshumanización. Destacó que “en los casos de violencia ha faltado que se investiguen profundamente los contextos en los que se llevaron a cabo los delitos y quiénes fueron los autores”.

Otras medidas    

Dentro del plan integral del nuevo gobierno, una de las medidas estrella es la conformación de comisiones de la verdad, inspiradas por otras experiencias internacionales. “Pueden ser planteadas para casos concretos, como la que está en marcha sobre el caso Ayotzinapa; comisiones regionales en los lugares más violentos o una gran comisión de la verdad, formada por un grupo interdisciplinario como la que existió en Perú, en Guatemala o la que apenas empezó en Colombia tras una década de hablar de transición”, explicó.

Al respecto, puntualizó que ninguna debería llevar más de cuatro años y deberían “correr de forma paralela a las investigaciones y procesos de justicia. No son ni excluyentes ni sustitutivas entre sí”.

Olga Sánchez Cordero aseguró que se debe empezar a elaborar un plan integral de reparaciones, porque hasta el día de hoy no hay, el cual involucre a todas las autoridades encargadas.

Advirtió que la reparación no se debe de centrar sólo en eso, sino que se debe apostar también a las garantías de no repetición, que permitan “pensar de qué manera vamos a reconciliar una realidad dolorosa en nuestro país”.

De acuerdo a declaraciones públicas del virtual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el nuevo plan contra el crimen organizado no se articulará por medio de un decreto, sino se fundamentará en un diálogo con los diferentes actores hasta alcanzar el Congreso. Este futuro proyecto de ley contará según lo anunciado por Sánchez Cordero de diferentes patas: “amnistía, un plan nacional de reparación a las víctimas, comisiones de la verdad, una propuesta de despenalización de la droga y política pública para la reparación de espacios sociales y económicos”.

También habló del programa de reducción de penas, así como un programa nacional de reparaciones de violaciones de derechos humanos, especialmente enfocado a las familias de los desaparecidos. “Tenemos muy pocas sentencias en el país, no se han investigado las causas, el modo de operar, los autores materiales, intelectuales, si son sujetos privados, parte del aparato estatal o ambos”, explicó Sánchez Cordero

(Con información de El País y El Universal)