“El poder no corrompe, el poder desenmascara”. Rubén Blades.
La detención y posterior extradición del ex Presidente panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal en Estados Unidos y su remisión hacia el país centroamericano originó diferentes reacciones, que van desde el llamado a la justicia por acusaciones de espionaje y malversación de recursos hasta las críticas al actual mandatario Juan Carlos Varela a fin de utilizar este caso como una venganza política contra su antecesor. Pese a que sólo puede ser juzgado por el primer delito debido a los acuerdos legales de su entrega, está en situación de arresto preventivo en la cárcel, aun cuando su defensa ha intentado cambiar su estatus a arresto domiciliario.
El caso que ha sido de interés público en Panamá se produce en el último año de la presente administración, ya que 2019 los ciudadanos de esta nación acudirán a las urnas a fin de elegir al mandatario que se tiene previsto, tenga esta responsabilidad cinco años más.
Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá de 2009 a 2014 y cuyo gobierno destacó por medidas ambiciosas como la ampliación del Canal Interoceánico, la inauguración del metro de la capital (el primer sistema de este tipo en toda América Central), inversión extranjera sin precedentes, y la puesta en marcha de la moneda de un balboa, lo cual friccionó la confianza en el dinero por parte de la población que está acostumbrada al uso del dólar estadounidense. Sin embargo, ahora enfrenta a la justicia por las acusaciones señaladas, lo cual puede impedir que busque participar en los próximos comicios para buscar una curul en la Asamblea Nacional.
Al momento de su detención, el expresidente panameño era diputado de la República al Parlamento Centroamericano, por lo que su pertenencia a dicho órgano está en vilo a fin de que pueda preparar su defensa legal. En tanto, al Presidente Varela le queda un año de ejercicio de poder, y anunciado reformas constitucionales -no todas populares-, a fin de generar una Asamblea Constituyente, que al igual que el órgano legislativo unicameral, sea electa con el voto de los 2.7 millones de ciudadanos de este país, el mismo día de las elecciones presidenciales y al Poder Legislativo. El anuncio ha sido calificado como inoportuno por algún sector del electorado, lo que junto con el juicio del exmandatario Martinelli, ha acaparado la cobertura mediática.
Actualmente, la Constitución de Panamá establece en su artículo 178 que “los funcionarios que hayan sido elegidos Presidentes o Vicepresidente no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos períodos presidenciales inmediatamente siguientes”; por lo que ni Varela o Martinelli están legalmente facultados para participar en dichos comicios… a menos que sea reformada la Carta Magna.
Independientemente de estas propuestas de reforma a poco tiempo del inicio de las elecciones, el proceso de juicio contra Ricardo Martinelli continuará, aunque sin un pronóstico cierto de la definición. En este sentido ¿cómo influye la judicialización del proceso electoral los casos de Martinelli y las reformas constitucionales anunciadas por el presidente Varela? Si bien es necesaria la aplicación de la justicia pese a quien le pese y con ello dar soluciones a los agraviados por el presunto espionaje y esclarecer los posibles desvíos de recursos, estas acciones no deben considerarse como propuesta de campaña ya que es responsabilidad del Poder Judicial.
Por otra parte, si bien son criticadas por el tiempo en que son propuestas, las reformas constitucionales planteadas deben ser canalizadas a la opinión pública a fin de que, como ejercicio de transparencia y acceso a la información, los ciudadanos panameños tengan la posibilidad de conocer su contenido, alcance y posibles consecuencias de los cambios sugeridos a la Carta Magna. En caso de dar máxima publicidad y diálogo de dichas iniciativas la actual administración pública de Panamá logrará posicionarse en el uso de datos accesibles como ejercicio de gobierno abierto.
No obstante, el gobierno de Juan Carlos Varela se ha caracterizado por diferentes cambios en el gabinete que lo ha llevado a renovar las dirigencias de los principales ministerios, lo cual refleja el distanciamiento de sus propuestas iniciales y cierta incertidumbre en la dirección de la gestión pública. Además de promesas incumplidas, esta administración ha sido criticada desde su Asamblea Nacional en voz de la diputada Matilde Gómez por el conocimiento del espionaje por el actual mandatario, en ese entonces miembro del gabinete de Ricardo Martinelli.
Asimismo, será importante que los candidatos a diferentes cargos escuchen las necesidades de la población desde lo local, debido a que la renovación electoral de 2019 también definirá a los funcionarios públicos que estén al frente de las divisiones administrativas, es decir, de las diez provincias y tres regiones indígenas que conforman la nación. El que los candidatos estén cerca de las necesidades de los panameños puede abonar más para su causa, que la búsqueda de la judicialización de la política.
Los próximos meses en Panamá serán de intentos de los políticos por terminar con los conflictos con la Ley de los cuales han sido acusados de diferentes delitos. Pero también de propuestas, debate y diálogo de los principales partidos políticos y representantes independientes quienes buscaran soluciones a los retos y desafíos que enfrentará Panamá en los próximos cinco años. Lo importante es que la siguiente administración deje los conflictos y se enfoque en la serie de avances conseguidos en las últimas décadas, con cambios sustanciales como eliminar al ejército, consolidación de las conexiones de comunicaciones aéreas y portuarias, combate a la corrupción, entre otros logros.
El autor es Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas. Universidad de Alcalá de Henares.
