Colima es un importador de violencia, no es generador. La violencia la están exportando grupos delictivos de otras entidades federativas, que ven atractiva a Colima para sus negocios criminales, pero que están operando desde afuera. No tenemos células de delincuencia organizada de origen colimense… incluso mucho de lo que ocurre en nuestro estado se ordena desde afuera y los sicarios que van y ejecutan a Colima, que tampoco son originarios de ahí, entran, ejecutan y se salen.

Este es el diagnóstico del gobernador colimense José Ignacio Peralta Sánchez, quien a dos años de comenzar su administración reconoce que muchos de los episodios de violencia que se registran en los 10 municipios que conforman una de las entidades federativas más pequeñas del país ni siquiera están de su área de responsabilidad. Sin embargo, en un claro ejercicio de reflexión intenta explicar la razón por la cual el tejido social se ha descompuesto tanto:

Se trata de factores inerciales que se han ido acumulando a lo largo de los años, como el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que se mandata en 2008 y entra en vigor en 2016, el cual prácticamente, señala, “me agarra con los dedos en la puerta, porque yo inicio mi gestión en febrero de 2016 y este entra en vigor apenas cinco meses después de que yo llego”, toda vez que el entorno se muestra sumamente deficiente, porque los jueces del Poder Judicial no estaban óptimamente preparados para dictar sentencias bajo el sistema oral acusatorio; pero también los cuerpos judiciales requerían de una preparación que no tenían, porque las detenciones tienen que apegarse a ciertos protocolos y al no aplicarse adecuadamente los abogados defensores pueden solicitar la libertad de sus clientes.

Peralta Sánchez manifiesta que si bien es cierto que a lo largo de su administración se han cometido ciertos errores en los procedimientos, la realidad es que también es un hecho incontrovertible que el gobernador no se puede meter ni involucrar en la parte judicial y al mismo tiempo la actuación de los jueces también se convierte en un factor a considerar; contexto por el cual se envió una iniciativa para reformar ciertos artículos del Código Penal que pudieran perfeccionar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en función a la experiencia del último año. La iniciativa se elabora, es avalada por los 32 jefes de las entidades federativas, se envía el año pasado al Congreso de la Unión, donde a través de la Secretaría de Gobernación nos dicen que no existen condiciones para legislar en ese tema, al tiempo que veían esta iniciativa como un revés al Sistema de Justicia Penal, como un retroceso, porque implicaba reducir la atención que requieren los derechos humanos, circunstancia que termina por dejar a muchos criminales en las calles.

El tema más grave tiene que ver con el enorme deterioro que han sufrido los valores como sociedad en los últimos 30 años, un campo muy fértil para la delincuencia, con los chavos, considerando como “patrones de éxito a imitar” a los narcotraficantes. A las autoridades les corresponde trabajar para que los generadores de violencia impacten lo menos posible.

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