El diluvio de votos sufragados a favor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador fue portavoz de un rechazo categórico a la corrupción, la impunidad, la violencia, la desigualdad, la pobreza y otras tantas patologías que están azotando al país. Este histórico suceso fue calificado por el exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente como una “catarsis colectiva con efectos terapéuticos”, mientras que el renombrado académico Lorenzo Meyer lo llamó “el despertar del México profundo”.

Se trató de una auténtica “rebelión de las masas”, una inédita insurrección democrática de “los de abajo” en contra de los inhumanos saldos de la “revolución de los ricos”, aquella que fue admirablemente bien descrita por Carlos Tello y Jorge Ibarra en la obra del mismo nombre apelando a una provocadora cita del empresario estadounidense Warren Buffett: “Desde luego, hay una guerra de clases, pero es mi clase, la clase rica, la que la está haciendo y la estamos ganando”.

El mandato ciudadano otorgado al nuevo Ejecutivo federal es claro y preciso: el país debe ser encauzado por la ruta del cambio. Muchas cosas deberán hacerse en ese sentido a fin de estar a la altura de las altísimas expectativas que albergan quienes el pasado 1 de julio virtualmente tomaron por asalto las urnas.

Empero, el cambio más significativo es el de los paradigmas mentales. Las visiones torpes, ineficaces o complicitarias de quienes van de salida, las cuales propiciaron el estado desastroso en el que hoy se encuentra la nación, deberán ser reemplazadas por otros modelos o maneras de percibir la realidad en donde los gravísimos problemas que nos aquejan sí puedan tener una solución adecuada.

Dos temas de capital importancia reclaman urgentemente ser atendidos bajo esos enfoques alternativos. Uno, es la Ley de Seguridad Interior. Dada su manifiesta inconvencionalidad e inconstitucionalidad y por su condición intrínseca de instrumento legitimador del proceso galopante de militarización que vivimos los mexicanos, las mayorías legislativas que entrarán en funciones el 1 de septiembre están obligadas a echar abajo esa monstruosidad jurídica, ese atroz necroderecho.

Otro, es el relativo a la comisión de la verdad para el caso Iguala, la cual fue puesta en estado de suspensión gracias a las “chicanas” desplegadas por la PGR y otras autoridades. El equipo de transición debe exigir el cese de tales “engañifas procesales”, propias de abogados fulleros, así como la instalación a la brevedad de este importante instrumento para el esclarecimiento del infame ataque a los normalistas de Ayotzinapa. Igualmente, es necesario que se emita un pronunciamiento contundente en el sentido de que ese crimen de lesa humanidad no quedará impune y que el próximo gobierno hará suya dicha comisión y la elevará a la categoría jurídica y política de una comisión del Estado mexicano.

El cambio se demuestra andando. No hay que aguardar al 1 de diciembre para empezar a recorrer el sendero de la paz, la verdad y la justicia.