La promesa de campaña Andrés Manuel López Obrador, de no hacer uso de la protección del Estado Mayor Presidencial (EMP), porque la gente lo cuidará como lo ha hecho desde que inició su lucha por llegar a dirigir al país, ha despertado preocupación y posiciones encontradas entre él y su equipo que estará encargado de la seguridad nacional.

Además de no tener escoltas, López Obrador ha dicho que no viajará en aviones del gobierno, ni mucho menos en el avión presidencial, sino en líneas comerciales.

La exministra Olga Sánchez Cordero, nombrada por el tabasqueño como próxima secretaria de Gobernación, ha expresado que “es necesario que el próximo presidente de la república tenga seguridad porque no solo se trata de la persona, sino de la investidura presidencial”, la cual es un tema de Estado. “La gobernabilidad del país pasa por el tema de seguridad y esta incluye la seguridad del presidente”, considera.

Alfonso Durazo, propuesto para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública señaló que la seguridad del presidente sí necesita reforzarse, por tal motivo le propuso a López Obrador que sean “civiles con experiencia técnica” quienes lo cuiden.

En opinión de Gerardo Rodríguez Sánchez, miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, la propuesta de López Obrador “tiene dos componentes políticos muy obvios, y hay que decirlos con claridad: el primero es que será un golpe mediático de políticas públicas de los primeros 100 días de su administración. El Estado Mayor Presidencial representa más del 50 por ciento del costo de operación de la presidencia de la república, quitando la partida de comunicación social, que incluso las partidas de este rubro fueron transferidas a las secretarías de Estado”.

Por tanto, “el trasladar los costos de este órgano técnico militar, principalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, el 80 por ciento; a la Secretaría de Marina,  un 15 por ciento; y a la Policía Federal, el 5 por ciento, los tres principales cuerpos que componen la estructura de los servicios de protección que provee el Estado Mayor Presidencial no solo al mandatario, sino también a su familia, a los jefes de Estado que visitan el país, a integrantes del gabinete y a los expresidentes y familiares directos (esposa e hijos)”, sería un golpe mediático de su gestión que inicia el 1 de diciembre.

El segundo componente —dice Rodríguez Sánchez Lara— “es que el EMP ha sido mal utilizado por los últimos presidentes de la república y se han dado algunos excesos en el uso del mismo para la sobre protección de funcionarios públicos, de sus familiares, incluso a veces también se siente así, excesos en la protección de los eventos del presidente”.

Sin embargo, para el profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas-Puebla, hay “dos temas que no están a discusión: Andrés Manuel tiene que entender que ya no es un mexicano común, sobre él recae el poder unipersonal del Poder Ejecutivo federal y la estabilidad del Estado mexicano dentro de uno de sus componentes que es, el gobierno ejecutivo federal, entonces él es uno, el titular del Poder Ejecutivo federal de la administración pública federal. Dos, también es responsable de la defensa y la política exterior del país. Él en su persona se convierte en una institución que el Estado mexicano debe proteger. No tengo duda que tendrá un cuerpo de protección personal, pero será mucho más discreto y sensible, en términos del ejercicio de su presupuesto, porque es una de sus banderas políticas”, indica el experto en seguridad nacional y terrorismo.

¿Civiles al mando?

La opción que Durazo le dio a López Obrador es que su seguridad esté a cargo de “civiles con experiencia técnica”, lo cual para Rodríguez Sánchez Lara “es posible, incluso podrían ser un cuerpo que provenga del sector privado profesional, aunque lo ideal es que sea un grupo que provenga de las fuerzas federales, de la Policía Federal, un cuerpo de élite que pueda cuidarlo y darle protección, porque la seguridad del presidente no es un juego”.

Comparte que expertos en seguridad, y él también lo puede confirmar, “porque gente que ha estado en los primeros niveles de operación del Estado Mayor Presidencial en otros sexenios le han comentado, que con la desaparición de este órgano técnico militar desaparecería una institución de seguridad nacional del Estado mexicano que proveía un servicio que es invaluable en las agencias de seguridad nacional, la coordinación”.

“Cuando se trata de operativos, acciones política, protección del Estado mexicano y de personas coordinadas por el EMP no cabe error ni conflicto interno entre las instituciones para alcanzar el objetivo que es, evitar un atentado contra instalaciones estratégicas, contra el presidente de la república, contra miembros de su gabinete o de jefes de Estado que vienen a México”.

Aunque acepta que siempre existirán riesgo, porque el primer mandatario del país, “en su carácter de jefe de gobierno del Estado mexicano también es el que coordina los esfuerzos de seguridad en toda la nación. El EMP también generó experiencia para la generación de inteligencia estratégica para el Estado mexicano. Hay que recordar que este órgano técnico militar ha detectado acciones de espionaje político en otras administraciones”.

El coautor del Índice global de impunidad 2015, editado por la Universidad de las Américas Puebla, afirma que la propuesta del tabasqueño “será una reorganización de los aparatos de protección de la Presidencia de la República, nada más”, por lo tanto no está en riesgo la gobernabilidad del país.

Las Gacelas, ¿la opción?

Cuando López Obrador era jefe de Gobierno del Distrito Federal estaba “protegido” por un grupo llamado Las Gacelas, una agrupación de mujeres creada a petición suya para que lo protegieran, hoy al planteamiento de si esta agrupación podría cuidar del futuro presidente, Gerardo Sánchez explica que “podría ser, pero con apoyo de otras personas, porque esa instancia no es suficiente para la protección del Presidente. Seguramente su equipo  —lo sé de primera mano— que está preocupado por la protección, la seguridad de Andrés Manuel, están creando un mecanismo que lo proteja, que no ponga en riesgo la estabilidad del Estado mexicano, pero que sea un aparato mucho más ligero en términos financieros y de logística”.

Eso es importante, porque “los costos financieros de logística que asumía el Estado Mayor Presidencial serán trasladados a otras instancias, la parte de logística de los viajes internacionales los asumirá la Secretaría de Relaciones Exteriores; la operación y logística de la agenda presidencial, la Dirección General de Protocolo; la Secretaría de Gobernación también asumirá más costos en la organización de sus eventos nacionales al interior de la República, lo mismo que la Oficina de la Presidencia de la República, era muy cómodo confiar en la buena organización y en el mando unificado del EMP para festividades del presidente”.

Al experto en seguridad y terrorismo, le tocó organizar giras presidenciales internacionales “y cuando uno tiene al EMP soplándote en la nuca para que definas el minuto a minuto del presidente, es una presión que te garantiza que las cosas saldrán bien, pero ahora eso lo tendrá que asumir la Oficina de la Presidencia, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores”, puntualiza.

 Seguirá contando con el EMP: Carlos Barrachina

“Andrés Manuel López Obrador está dándole marcha atrás a su promesa de andar sin seguridad, porque este compromiso de campaña, al igual que otros, será complicado cumplirlo. Separar el Estado Mayor Presidencial e incorporarlo a la Secretaría de la Defensa solo es cambiar de lugar la dependencia directa”, señala Carlos Barrachina Lisón, profesor e investigador de la Universidad Anáhuac.

Barrachina considera que “seguirá contando con los servicios de los militares, porque tampoco hay cuerpos especializados en el país como para poder brindarle seguridad”.

El experto en seguridad pública y fuerzas armadas asegura que “es prescindir de la seguridad es sólo una posición. López Obrador quiere que los ciudadanos digan: por favor, tenga guardia presidencial. Quiere que le digan lo que tiene que hacer, que le insistan y que le rueguen para justificar su decisión. La gente me pide tener seguridad y tengo que ser humilde y saber aceptar mi realidad. Realmente no hay la intención de andar sin ella, además de que su círculo cercano no se lo permitirá”, dice.

El investigador afirma que el próximo presidente está convencido de que tiene que seguir contando con el EMP de momento, porque las cosas funcionarán relativamente igual en los próximos meses, incluso en el próximo año, y si tiene mucho interés en cambiarlas, será paulatinamente. “Tendrá que hacer algún tipo de política de recuperación de moral dentro de los oficiales del EMP, recomponer lazos, que no es tan complicado porque son disciplinados y obedientes”.