El término juarista “austeridad republicana” es el lema que utiliza el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fijar en la conciencia social que su gobierno es garantía de honradez. También lo ha empleado para justificar las drásticas medidas que tomará para achicar el gobierno y ahorrarle así al erario varios miles de millones de pesos.

La “austeridad republicana” suena muy bien, endulza los oídos, pero solo es eso: una marca, una frase. López Obrador, como siempre ha sabido hacerlo, nos pone por delante la propaganda para convertir sus decisiones en verdades morales incuestionables. Hábilmente utiliza a Benito Juárez, el héroe nacional más cercano a la sensibilidad y conciencia del pueblo de México para presentarse como el émulo y heredero de un estilo de gobernar inoculado, a toda prueba, contra la corrupción.

La diferencia es que la “austeridad republicana” de Juárez nunca fue parte de una moda o de un recurso para parecer lo que no era. La entendió y la practicó como la forma más auténtica, humilde y sencilla de ejercer el poder. La sobriedad del Benemérito de las Américas no solo tenía que ver con el dinero; se refería, sobre todo, a la actitud que tenía que guardar a la hora de tomar decisiones y dirigirse a sus gobernados.

Para Juárez, la austeridad fue sinónimo de templanza, autocontrol, dominio de todos sus apetitos, sobre todo para ejercer el poder sin excesos ni abusos, con lealtad a los valores republicanos.

Tener un gobierno austero en lo económico, pero monárquico o absolutista en la forma de utilizar el poder deriva, siempre, en dictadura. La austeridad republicana de López Obrador, más que a Juárez, recuerda a Porfirio Díaz.

Después del 1 de julio, lo que hemos visto en él y en sus colaboradores es un hambre desmedida de poder. Tienen prisa, mucha prisa, de llegar al gobierno. La presidenta del Tribunal Electoral federal, Janine Otálora, salió a decir que se tratará de adelantar la fecha para entregar la constancia de mayoría al candidato ganador. Hay presión, evidente, para que se acelere el trámite.

Tras la victoria, López Obrador y su virtual gabinete se vieron dominados por un frenesí que los ha llevado a comportarse como lo que todavía no son por ley. Ni él es presidente ni ellos son secretarios de Estado. Sin embargo, ya hablan y toman decisiones como si lo fueran. En conferencias de prensa y reuniones con la sociedad civil ya golpean la mesa, elevan el tono de la voz y lanzan ultimátums para que no haya duda de que sus órdenes tendrán que ser cumplidas.

En menos de veinte días, el virtual presidente electo ha dado muestras de que tiene una concepción más totalitaria que democrática del Estado. La decisión de sustituir a los delegados federales por 32 coordinadores estatales remite a una de la figuras más temidas durante el porfiriato: los jefes políticos.

Díaz, el dictador, nombró en cada estado a un jefe militar y a un jefe político como parte de una maquinaria que le permitía tener vigilados y bajo control a cada uno de los gobernadores.

Para decirlo rápido. La medida convierte los estados en sucursales y a los mandatarios locales en simples gerentes del presidente de la república.

La decisión centralizadora es consecuencia de la alta corrupción e impunidad que hubo en los gobernadores durante el presente sexenio, pero nada garantiza que los coordinadores lopezobradoristas no vayan a convertirse en los nuevos virreyes de la malversación. No lo garantiza porque Morena, al igual que el resto de los partidos, tiene serios historiales de corrupción.

El presidente de la austeridad republicana va a iniciar su gobierno con una severa multa a su partido —Morena— por parte del INE, pero también con uno de los más serios señalamientos de corrupción política. El tabasqueño dijo como candidato que su partido iba a donar 123 millones de pesos a los damnificados del 19-S, y lo que hizo fue crear un fideicomiso paralelo para recaudar dinero de la ciudadanía que terminó en los bolsillos de sus operadores políticos.

Morena no solo no renunció ni donó nada. Utilizó a los damnificados como pretexto para robarse el dinero de la gente más necesitada. ¿Por qué como gobierno tendría que ser diferente?

El caso “asalto a damnificados” obliga a exigir transparencia absoluta del famoso “plan de austeridad” de 50 puntos anunciado por López Obrador.

¿En qué se va a utilizar el recorte a los salarios de la alta y mediana burocracia, a los legisladores, ministros de la Corte, consejeros del INE y demás funcionarios públicos?

¿A dónde va a ir a parar el dinero por la venta del avión presidencial?

¿A quién va a beneficiar la austeridad republicana? ¿A los más pobres o a quienes ya entienden a Juárez como la reinvención del porfiriato?