Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, todavía no llega al poder oficialmente, lo hará el 1 de diciembre, y ya se comporta como tal. Anuncia planes de gobierno, disposiciones y nombramientos que violan tanto la Constitución como las leyes reglamentarias; amenaza psicológicamente a funcionarios y burócratas que viven el día a día en la incertidumbre de perder su patrimonio, sus trabajos e incluso a su familia.

Un ejemplo muy claro de esto fue el anuncio que hizo de crear su estructura territorial de mando en el gobierno federal, con el nombramiento de 32 coordinadores estatales de programas de desarrollo que representarán a su administración en las entidades federativas.

Analistas políticos y expertos en administración pública, así como fuentes cercanas al virtual presidente electo, han advertido sobre los riesgos de este planteamiento, ya que se “trata de funcionarios que concentrarán una gran cantidad de facultades para la toma de decisiones, la ejecución de políticas públicas y hasta la definición en el ejercicio del gasto”.

“Serán una especie de vicegobernadores todopoderosos que dependerán directamente del presidente, porque serán su representación en los estados”, han dicho fuentes cercanas al tabasqueño.

En opinión de Juan Antonio García Villa, diputado local panista en Coahuila, esta propuesta hay que verla en tres vertientes: la jurídica, la política y la de orden práctico desde el punto de vista administrativo. Con respecto “a la jurídica se tendrá que hacer una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque se creará una especie de monstruo dependiente de la administración pública federal, aunque realmente estará bajo el mando del propio titular del Ejecutivo”.

Señala que le gustaría conocer “la exposición de motivos para saber de qué manera justifica desde el punto de vista del derecho la supresión de la delegación y cómo justifica desde el punto de vista de la Constitución la creación de estos 32 órganos en otras tantas entidades federativas”.

En la vertiente política, “que es a la que se refieren la mayoría de los analistas y los que han comentado el punto, prácticamente coinciden en que lo que desea el próximo presidente de la república es establecer un aparato de control político. Un plan por su carencia de estructura partidaria que es un hecho, porque una cosa es que haya obtenido la votación que alcanzó y otra muy diferente que tenga estructuras, hasta donde advierto por los estados que conozco, carece de estructuras, incluso de liderazgos con experiencia en el ámbito de los estados”, dice García Villa.

Agrega que “esta forma de control político han dicho que se parece mucho a los prefectos políticos establecidos desde la Constitución de Cádiz, cuando todavía la Nueva España o México era parte del reino español o los jefes políticos de la época del porfiriato o los comisarios políticos de los soviet, una fórmula de control político absoluto y férreo en el ámbito territorial”.

Desorden y confusión

Desde el punto de vista de orden práctico “que se alega que utilizará mejor los recursos, que requerirá de menos personal, de menos gastos, para atender las necesidades que las diversas dependencias del Ejecutivo tienen en cuanto a su presencia, su acción, en todos los diversos órdenes en el ámbito estatal, probablemente sea eso, pero a menos de que encuentren un esquema muy favorable y muy práctico, lo que se puede adivinar desde ahora es que será una centralización que finalmente derive en desorden y en confusión”.

El panista advierte que “es imposible que en cada entidad federativa un solo coordinador tenga los conocimientos, la experiencia y la práctica necesaria para conocer lo mismo cuestiones de seguridad social, de energía eléctrica, de minería, de defensa del consumidor, de agricultura, de ganadería, de economía, etc., no es práctico a menos de que lo que menos les interese sea el aspecto técnico de estas cuestiones, que por lo general son muy técnicas, sino que lo que realmente les interesará es el control político”.

Desde este punto de vista —dice— “fracasará, no solo por impráctico sino porque además habrá una reacción de los solicitantes de servicios en el orden federal o del gobierno federal, sobre todo al principio, pues creará una gran confusión, ya que en lugar de facilitar las cosas las dificultará”.

En opinión de Juan Antonio García Villa, no se viola el pacto federal “en el sentido estricto, por eso digo que me gustaría conocer las modificaciones pertinentes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, qué argumentos manejarán, cuál será su justificación que salve este problema del federalismo. Se supone que estos coordinadores no tendrán injerencia en asuntos que son de la competencia o del resorte de los gobiernos estatales y de los municipios.

El panista confía en que la nueva administración “llegue a ese extremo, de que estos coordinadores también quieran arrogarse las facultades que hoy tienen las autoridades en el ámbito federal, estatal, no se trata de eso, sino se trata de tener a alguien que tenga el control político, sobre todo los gobernadores de los estados que se excedieron en los últimos tres sexenios ahora se verán dependientes de muchas formas de un súper coordinador, pero en sentido estricto no creo que vayan a violar el marco jurídico, porque se supone que estos personajes solo atenderán las funciones que están dentro de la competencia federal”.

Aclara que de convertirse este coordinador en un gobernador paralelo o vicegobernador, estaría dentro del aspecto político, pero en sentido estricto, mientras no se arroguen facultades que correspondan a autoridades locales, no creo que estén excediéndose en sus funciones.

“El otro aspecto, el orden práctico que usted menciona, pues sí, cada gobernador, incluidos los propios de Morena, tendrán un frente ahí, una especie de poder paralelo que puede ser, incluso desde el punto de vista económico, más poderosos que el propio gobernador”.

Concentración del poder

Hay que tener presente que los gobiernos de los estados, lamentablemente por el centralismo que hemos padecido, tienen como su principal fuente de ingresos las participaciones que el gobierno federal les hace llegar, el porcentaje de estas participaciones varían dependiendo de qué entidad estemos hablando. En esto sí tendrán injerencia los coordinadores, sí tendrán de alguna manera un control político sobre los gobernadores estatales”.

Coincide en el planteamiento de que estos son una señal más de la concentración de poder en una sola persona —el Ejecutivo—, “evidentemente así es, porque dependiendo de que establezca sobre estos personajes la necesaria reforma que se tiene que hacer a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a su vez los controlará alguna dependencia federal, pero lo más probable es que finalmente tenga una conexión directa o semidirecta con el propio titular del Ejecutivo, con el propio presidente de la república”.

Andrés Manuel “tendrá tentáculos directos en todos los estados, sin duda”, por lo tanto el riesgo de esto será “incrementar la centralización, por la vía práctica vulnera un tanto el federalismo, aunque se mantenga el respeto a la línea divisoria entre las facultades que son de los estados y las que son del gobierno federal”.

El diputado local de Cuahuila reitera que “habrá muchos problemas de orden práctico, sin duda generará confusión, descontrol, al principio o después, pero lo que claramente se advierte es el ánimo de controlar férreamente desde un punto en el centro del país todo el territorio nacional”.

“Hay que estar muy pendientes en la exposición de motivos de la reforma que creará esta figura jurídica, de las reformas que se le hagan a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en cada estado y en su caso ver, que no lo advierto en este momento, si esas reformas a la ley requerirán también modificaciones a la Constitución”.

Rompe con el pacto federal: Leticia Cisneros

Para Irma Leticia Cisneros Basurto, catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de México, la propuesta de desaparecer a los delegados federales y sustituirlos por coordinadores estatales de programas de desarrollo, es un “riesgo, porque como está la Constitución General de la República, sí rompe el pacto federal, porque se está interponiendo una figura de control gubernamental entre el titular del Ejecutivo federal y los titulares de los ejecutivos estatales”.

“En el sentido —explica— de que las entidades federativas tendrán sus propios gobiernos soberanos, autónomos, en fin, y su propia organización administrativa que es precisamente a través de los ayuntamientos, de los municipios. Sin embargo, habría que ver cuál será el matiz que le darán”.

Apunta que la existencia de delegados del gobierno federal en toda la república por dependencia ha sido un modus operandi muy interesante que le ha permitido al ciudadano que vive en Tijuana no tener que desplazarse hasta la Ciudad de México para hacer un trámite o que alguien que vive en Campeche no tenga que ir al otro extremo de la república, como es el supuesto que ahora se vislumbra con esta llamada descentralización del gobierno federal a través de la ubicación de ciertas dependencias en otras entidades de la república”.

Según los argumentos que se manejan por parte del equipo de transición de Andrés Manuel, “se busca despresurizar la Ciudad de México, puede ser una medida interesante, pero a la vez muy costosa.

Tratar de mover a tanta gente que está colaborando como servidor público en estas dependencias a otra ciudad traerá como consecuencia la búsqueda de apoyos para créditos para compra de casas”.

La expresidenta del Colegio de Abogados del Estado de México, considera que es muy riesgoso en materia económica y social. Hay que buscar cuál es el mecanismo que pretenden al mover a tantos servidores públicos, ver si no hay violación de sus derechos humanos, por tener que moverse de su ciudad de residencia a otra con tal de no perder el empleo; así como ver si no hay violación de derechos humanos de un ciudadano que normalmente está acostumbrado a que haya una delegación federal, de cualquier dependencia, en la capital de su estado o en puntos muy estratégicos de su estado y que se tuvieran que mover desde Campeche hasta Tijuana.

La abogada señala que esta propuesta tiene que “ser motivo de mucho análisis, de grandes estudios, de proyecciones importantes por parte del Senado de la República, ya que son los senadores quienes representan las entidades federativas”.

Además de que se tendría que “dar prioridad al ciudadano que día con día enfrenta la necesidad de un servicio, de pagar un impuesto, de hacer una solicitud, de un trámite, se debe privilegiar a la población antes que nada, antes de mover sus necesidades”.

Apunta que hay un principio constitucional fundamental que se llama: principio de legalidad, conforme al cual “todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Atañe desde al presidente de la república hasta al más pequeño de los servidores públicos”.

Por lo tanto, “para establecer representante o coordinadores tiene que haber una reforma primero a la Constitución y luego a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque se estaría hablando de que se nombraría a personas que no tienen facultades, que no están establecidas en la norma, que estarían actuando bajo un esquema fuera del marco normativo, bastaría con un decreto presidencial, pero no creo que lo hagan, por eso tendría que haber una reforma”.

Aunque advierte que “hay que ser muy realistas, los resultados electorales vislumbran que tanto en el Congreso de la Unión como en algunos Congresos locales es muy probable que se tenga, por parte del nuevo gobierno, el sartén por el mango y a lo mejor se puede lograr esa reforma constitucional y hacer las modificaciones que decidan con esa mayoría”.

Sin embargo, “que no se pierda de vista que los partidos minoritarios, tendrán que emitir también una opinión y legitimar en su caso algunas decisiones. Una reforma constitucional debe tener la anuencia de todas las entidades federativas y sus congresos locales habrán de emitir también una opinión. Vamos a esperar los tiempos, pero no es algo que se pueda implementar de inmediato, y si lo hicieran, sería algo fuera del marco legal”