Frank González
Uno de los aspectos centrales del reclamo italiano sobre una mayor cooperación y solidaridad de sus socios europeos en el manejo de los flujos migratorios irregulares es la modificación del Reglamento de Dublín.
Suscrito el 15 de junio de 1990 en la capital irlandesa por 12 estados europeos con el nombre de Convenio de Dublín, el objetivo de la norma, la cual entró en vigor siete años después, fue establecer los criterios sobre el país competente para gestionar una solicitud de asilo.
A Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Reino Unido, se unieron después Austria, Suecia y Finlandia, además de Islandia y Noruega quienes, aunque no eran miembros de la entonces Comunidad Europea, solicitaron la aplicación del estatuto en sus territorios.
Los orígenes del Convenio de Dublín están asociados al concepto de libre circulación de personas dentro de las fronteras de la Unión Europea, institucionalizado en el Acuerdo Schengen de 1985, cuya implementación fue firmada en 1990, previo a su entrada en vigor cinco años más tarde, en 26 países de la región.
A través de ambos instrumentos quedaron enlazadas las regulaciones relativas a inmigración y asilo, conducentes a agilizar los procesos de evaluación de las solicitudes de protección, garantizar a los inmigrantes que cada caso sería examinado por un Estado miembro de la UE y evitar reenvíos innecesarios de un país a otro.
Así se reflejó en la introducción del texto original, por medio del cual los firmantes se comprometieron a evaluar las solicitudes presentadas en fronteras o en sus territorios, según sus respectivas legislaciones.
Desde el principio se estableció que la petición sería procesada por un solo país y el artículo 6 fue explícito al señalar que, en los casos de inmigrantes irregulares, procedentes de países extracomunitarios, el Estado miembro de ingreso sería el responsable de tramitar la solicitud de asilo.
Con esta medida se procuraba además evitar las solicitudes múltiples o sucesivas de asilo y que los solicitantes escogieran otro país, diferente al de ingreso, para presentar la petición, debido a exigencias menores en algunos, en comparación con otros.
La Convención de Dublín presuponía también la agilización de los procesos de evaluación de las solicitudes de asilo, lo cual en la práctica no resultó así y es uno de los problemas que enfrentan hoy los países receptores del mayor número de inmigrantes.
La experiencia acumulada durante varios años permitió evaluar el funcionamiento de los mecanismos establecidos, reforzados por la aprobación del Sistema Europeo Común de Asilo (Seca) en su primera fase, y en 2003 la convención fue sustituida por el Reglamento de Dublín II, el cual mantuvo en esencia los objetivos de su antecesora. El rango de reglamento le otorgó a la norma fuerza de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados miembros y estableció derechos para los solicitantes de asilo.
Con la adopción en junio de 2013 de los instrumentos correspondientes a la segunda fase del Seca, se aprobó la nueva versión del Reglamento de Dublín III, el cual preservó los principios y metodologías de sus antecesores, al ser considerado piedra angular del sistema.
EL PRIMER PAÍS DE INGRESO
El auge de los flujos migratorios hacia países de la Unión Europea en los últimos años, puso en crisis la esencia del Reglamento de Dublín, sobre la determinación del Estado miembro encargado de gestionar las solicitudes de asilo.
La excesiva demora en los procesos por el incremento de los arribos y las peticiones de asilo, unido al insuficiente control sobre la obligación de los solicitantes de presentar una sola postulación, siempre en el país de primer ingreso, conspiraron contra el funcionamiento del sistema.
El arribo de inmigrantes a estados ubicados en las fronteras externas de la UE estimuló en los países más afectados el reclamo de responsabilidad compartida, acompañada por una mayor colaboración y solidaridad por parte de la UE y los demás Estados miembros.
Tal fue el caso de Italia, devenida puerta principal de ingreso a Europa, sobre todo a través del Mediterráneo central, tras el cierre de la ruta de los Balcanes y la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía, en marzo de 2016.
Según datos oficiales, en el período comprendido entre 2014 y 2017 arribaron a Italia 624 mil 688 inmigrantes, alrededor del 90 por ciento de ellos procedentes de Libia, donde operan abiertamente redes de traficantes de personas, al amparo del caos reinante en ese país tras el derrocamiento y asesinato de Muammar Gaddafi, en 2011.
El control de los flujos migratorios, con énfasis en el enfrentamiento al tráfico de personas, la agilización de los procesos de solicitud de asilo y el reforzamiento de la cooperación con los países emisores y de tránsito, fueron ejes centrales de la estrategia seguida por el gobierno del ex primer ministro Paolo Gentiloni.
La recepción, identificación, clasificación y procesamiento de los recién llegados se convirtió con el transcurso de los años en un problema cada vez más complejo, tanto desde el punto de vista operativo como económico y humano.
Según cifras oficiales, al cierre de 2016 había en Italia 175 mil inmigrantes en diferentes instalaciones.
De ellos, más de 23 mil en el Sistema de protección para solicitantes de asilo y refugio, unos 137 mil en otras instancias temporales y el resto en centros de primera acogida y puntos calientes (hotspots), donde se les identifica y decide quiénes pueden pedir asilo.
El número, en diciembre de 2017, ascendió a 186 mil 833, de ellos 151 mil 239 albergados en Centros Extraordinarios de Acogida, a donde van a parar quienes no pueden ser ubicados en otras estructuras del sistema de acogida por falta de espacio.
Las medidas aplicadas por el anterior gobierno lograron una sensible disminución de los arribos a partir de julio de 2017, hasta llegar entre enero y junio de 2018, a 16 mil 551, 83,69 por ciento menos que el año precedente y 82,22 menos que en 2016.
El nuevo ejecutivo apoyado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, mantuvo la orientación de su antecesor en cuanto a la colaboración con los países emisores y de tránsito, junto a la demanda de un enfoque regional al problema, con mayor cooperación y solidaridad entre los miembros de la UE.
Sin embargo, adoptó un discurso más duro y de confrontación, particularmente en el caso de su ministro del Interior, Matteo Salvini, con acciones unilaterales dirigidas a bloquear el ingreso al país de inmigrantes rescatados por embarcaciones de las ONG que participan en operaciones de socorro en el Mediterráneo.
LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
El 16 de noviembre último, el Parlamento Europeo aprobó por 390 votos a favor, 175 en contra y 44 abstenciones la propuesta de reforma del Reglamento de Dublín III, respaldada un mes antes por la Comisión de Libertades Civiles del foro legislativo regional.
El objetivo principal de la iniciativa era suprimir la norma del país de primer ingreso y establecer un mecanismo automático de reubicación de migrantes entre los países de la UE a través de un sistema de cuotas, además de otras medidas para flexibilizar los procedimientos de acogida de los solicitantes de asilo.
El texto debía servir de base para la negociación entre las naciones de la UE y el Consejo Europeo, motivo por el cual Bulgaria, como presidenta semestral de turno del Consejo de la UE, elaboró otro en un intento infructuoso de aproximar posiciones cada vez más divergentes.
El proyecto búlgaro no resolvió del todo el criterio del país del primer ingreso y aunque propuso un sistema complejo de reubicación de los inmigrantes, no estableció mecanismos para asegurar que fuera efectiva y equitativa, por lo que fue atacado desde todos lados.
El borrador búlgaro fue descartado como documento base para la discusión en la reunión del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio en Bruselas, a la cual Italia acudió con una propuesta centrada en el reclamo de mayor cooperación y solidaridad, incluyendo la eliminación, más que la modificación, del Reglamento de Dublín.
Tras un intenso forcejeo, el primer ministro, Giuseppe Conte, logró la inclusión de los aspectos esenciales de su propuesta en la declaración final de la cumbre.
Respecto a la reforma del Reglamento de Dublín, Roma consiguió que el Consejo Europeo dejara constancia de la necesidad de tener en cuenta a las personas desembarcadas tras operaciones de rescate y salvamento, en referencia al criterio del país de primer ingreso.
El cónclave se pronunció también a favor de que la modificación de la norma sea aprobada por consenso, y no por mayoría calificada como estaba previsto, al tiempo que exhortó a los países miembros a tomar las medidas necesarias para impedir los “movimientos secundarios” de los inmigrantes.
El autor es Corresponsal de Prensa Latina en Italia.
