Después de la jornada electoral del 1 de julio, con el muy amplio triunfo de Andrés Manuel López Obrador y a reserva de analizar las causas y consecuencias de la elección, me parece relevante enumerar algunas de las tareas prioritarias para el arranque del nuevo gobierno.
En primer término, me parece urgente iniciar un profundo proceso de análisis y discusión para la reconstrucción y el fortalecimiento del Estado de derecho, condición necesaria para que el país pueda desarrollarse en todos los órdenes. La crisis del Estado de derecho comprende desde la muy grave problemática de la seguridad pública con la enorme secuela de crímenes de alto impacto, la situación de la justicia cotidiana, hasta el cumplimiento de los contratos y la necesaria certeza y seguridad jurídica para las inversiones.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el país vive una situación extremadamente delicada en todos los ámbitos, que incluye las muy numerosas agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos, pasando por la situación de la mujer, la infancia y la adolescencia, los migrantes en todas sus dimensiones, que comprende la situación de los mexicanos en los Estados Unidos, los extranjeros en México, en tránsito o ya asentados en el país, así como la migración interna, los desplazados, la trata de personas. Es también necesario señalar la situación de los pueblos y comunidades indígenas, de los adultos mayores, las cárceles y prisiones, los temas de salud y educación, hasta las cuestiones ambientales por mencionar sólo algunos, sin olvidar a los amplios sectores de la población en situación de pobreza.
Pero el tema de la reconstrucción del Estado de derecho trasciende los temas puntuales. Se requiere analizar y revisar toda la estructura institucional del Estado mexicano con el objeto de darle la funcionalidad que sirva de base al desarrollo económico y social del país, con plena sustentabilidad ambiental.
De igual forma, es determinante la revisión de las políticas públicas para recuperar el camino del crecimiento económico y del desarrollo. Es necesario hacerlo con plena responsabilidad en la operación de las finanzas públicas sin perder la estabilidad de precios. Una de las propuestas fundamentales es a través del fomento de la obra de infraestructura y la creciente participación de las asociaciones público-privadas. De igual forma, es determinante la promoción de la innovación científica y tecnológica y de una moderna política industrial. Al respecto, no debe olvidarse el uso de diversos instrumentos de política económica que han funcionado, como la banca de desarrollo, que debemos reconstruir en México. Es también prioritario un nuevo equilibrio del desarrollo regional, a través del impulso del desarrollo en el sur-sureste.
Es también de la mayor trascendencia analizar con visión de largo plazo el país que queremos construir, aprovechando lo que está bien y corrigiendo lo que ha fallado. México debe ser una de las principales potencias globales en el mediano plazo.
Pero sobre todo, es importante efectuar a tiempo las reformas que se están instrumentando en todo el mundo de cara a la muy acelerada destrucción de la naturaleza y el ambiente que amenaza con colapsar a la civilización contemporánea. Esta tarea es ineludible y entre más pronto comencemos, menores serán los costos económicos, sociales y sobre todo humanitarios. El nuevo gobierno debe actuar con puntual responsabilidad en esta materia. Es claro que el mandato que recibió la nueva administración es combatir en forma prioritaria la pobreza y la desigualdad, así como la corrupción y la impunidad. Es un clamor social. Debe hacerlo en forma sistémica e institucional siempre en el marco del Estado de derecho. Toca a la oposición y a la sociedad en general vigilar que toda la acción del Estado se conduzca por los cauces democráticos con pleno respeto de los derechos y las libertades fundamentales. Con el más estricto reconocimiento de la dignidad del individuo.
México suscribió la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que plantea la ONU coincide con buena parte de las soluciones a la problemática social, económica y ambiental de México.
Por último, cabe destacar que la gestión del nuevo gobierno se desarrollará en el contexto de una problemática inédita por su complejidad a nivel global y de un entorno internacional con fuertes tendencias autoritarias. En México debemos afrontar esa problemática a través de los cauces democráticos.
