La labor de reconstrucción que espera al próximo gobierno en materia laboral será ardua y requerirá de consensos que la legitimen. Las reformas en la materia impulsadas por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no cumplieron con sus expectativas de generar empleos estables y de calidad que permitieran mejorar el nivel de vida de la clase trabajadora; los cambios jurídicos plasmados en la Ley Federal del Trabajo (LFT) la dejaron en el desamparo y a manos de un empresariado que sin miramientos realiza despidos y niega el acceso a la seguridad social a sus empleados, abusando de las outsourcings o subcontrataciones.
Los resultados de los mayoriteos legislativos son devastadores y no dejan duda alguna de que tales reformas fueron diseñadas acordes a los intereses empresariales y carentes del menor sentido social. La justicia y las conquistas de los trabajadores, plasmadas en el artículo 123 de la Constitución de 1917, fueron borradas sin tomar parecer a los directamente afectados. Baste recordar que ni siquiera se pidió opinión a las organizaciones corporativas del PRI como la CROC o la CTM que en el Congreso acataron dócilmente la orden de aprobar, en el otoño de 2012, la iniciativa enviada con carácter de preferente por el panista Felipe Calderón Hinojosa.
El listado de atropellos no únicamente se circunscribe a la persistencia de los contratos de protección con la inherente proliferación de sindicatos blancos que anulan la democracia sindical; las reformas dieron la pauta a quitar de la ley los cuadros de enfermedades de tal forma que ahora es la Secretaría del ramo la que de forma discrecional define cuáles sí deben considerarse como enfermedades de trabajo.
Entre los retos inaplazables de la nueva administración que entrará en funciones en diciembre próximo figuran lograr que millones de trabajadores mejoren su ingreso y su estabilidad laboral para tener la certeza de dar un futuro seguro a sus familias a través de la seguridad social, con beneficios tangibles como el acceso a una atención médica de calidad, una vivienda y pensión dignas.
Imposible ocultar las consecuencias de no haber sometido a un análisis de fondo la aprobación de estas reformas; a casi seis años de su entrada en vigor, México es ya el quinto país en el continente con el mayor número de subcontrataciones. Poco más de cinco millones de trabajadores entraron en las empresas por la vía de las outsourcings, figura legalizada con los cambios a la LFT.
El abuso por evadir responsabilidades contractuales es tal que ya existen en el país unas 900 empresas que ofrecen los mecanismos de subcontratación que, además de boicotear los derechos y prestaciones básicas de los trabajadores, han acrecentado la evasión fiscal burlando el pago de obligaciones como el ISR y el IMSS.
La nueva administración tendrá en sus manos alentar un modelo de relaciones laborales sustentado en el diálogo, con políticas públicas que favorezcan el empleo digno y salarios remuneradores. Con una mayoría de su partido en el Congreso, el análisis de temas como los saldos negativos dejados a su paso por las reformas laborales, debe colocarse en la mesa del debate nacional, donde ahora sí se escuche la voz de millones de trabajadores empobrecidos y sin derechos, que reclaman justicia y un mejor nivel de vida para sus familias. Leyes más justas deben emanar de un Poder Legislativo que obtuvo el respaldo mayoritario de un pueblo que, en reciprocidad, le exigirá resultados.
