Muchos piden crítica, pero en realidad quieren halagos.
William Somerset Mougham
Hasta ahora, a pesar de que apenas pasada la elección, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, después de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, ha iniciado una febril actividad y en ella ha comprometido a sus más fieles seguidores, a quienes, poco a poco, con nombramientos por entregar, ha procurado retener la atención de la opinión pública y, por supuesto de todos los medios de comunicación, los cuales se aglomeran para cubrir sus actividades.
Y, urgidos por los problemas de inseguridad, han puesto en marcha los foros para la pacificación, al mismo tiempo que ya hacen contactos los miembros del equipo económico y financiero del próximo gobierno. Han dicho muchas cosas, han asegurado respaldar todas las propuestas que se anuncian en la escalera de la casona de Chihuahua y Monterrey, en cotidianas conferencias de prensa y declaraciones banqueteras.
Sin embargo, será hasta el próximo lunes 20 de agosto cuando empiecen formalmente los contactos entre los funcionarios actuales y los del gobierno entrante en cada una de las dependencias del gobierno federal, más grande de lo que ellos se imaginaron.
Por lo pronto, una excepcional periodista informó esta semana que los miembros del equipo económico y financiero “se fueron para atrás” al descubrir la meticulosidad y profesionalismo de los actuales funcionarios del área en el gobierno peñista. Dice la información que les dieron con lujo de detalles el costo que, municipio por municipio, tendrá el programa que los lopezobradoristas ya comprometieron para bajar el IVA, el ISR y aumentar el salario mínimo en todos los municipios a lo largo de la frontera de más de 3 mil kilómetros con Estados Unidos. Sí, “se fueron para atrás” porque, sin la información adecuada avalaron el anuncio del presidente electo, para descubrir que el real costo de esos beneficios será mucho, muchísimo más alto que lo que ellos habían calculado.
Igualmente, luego de enfrentar los “foros de pacificación”, tanto el designado secretario de Seguridad Alfonso Durazo, como la designada secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, han empezado a matizar la promesa de campaña de que el 1 de diciembre, parafraseando al disque panista Javier Corral, habría “un nuevo amanecer” y la violencia criminal desaparecería de la faz de la república.
El costo de la impaciencia, pues el próximo lunes averiguarán cómo está, por ejemplo, la situación en materia de seguridad, pero también en materia de procuración y administración de justicia. Y será entonces, cuando enfrentados con la realidad con que topará el presidencial programa de austeridad, al menos en materia de justicia y seguridad.
Esa realidad se las mostró el ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cosío, quien les dijo que, si no se invierte en capacitación, en entrenamiento de policías, agentes del ministerio público y otros funcionarios y no se dan cuenta de la gravedad de los asuntos, las ideas que plantean sobre la paz, no pueden realizarse sin plantearse que tengas un sistema de justicia penal sólido eficiente. “Si no se invierte” el plan de pacificación será un fracaso.
Bien decía Einstein: “la realidad puede ser una ilusión, pero es muy terca”.
jfonseca@cafepolitico.com
