José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió durante la presentación del reporte Hallazgos 2017 de México Evalúa que todo proceso de paz tiene que pasar por la imposición de normas jurídicas.. “No puede haber —dijo— proceso de paz restaurativo… transicional, lo que se quiera hacer, si no se tiene un sistema penal eficientísimo”.

Por su parte, para la coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, María Novoa, quien ha trabajado en programas de modernización y reforma judicial de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea y otras instituciones mundiales, sería un gran error del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador iniciar un proceso de construcción de paz sin el fortalecimiento de la justicia penal. “Hemos visto —dijo— muchos fracasos en otros países y no necesitamos tener otro proceso traumático de generar expectativas y después frustraciones, porque se ponen en riesgo muchas cosas”.

La coordinadora del Programa de Justicia del centro de análisis México Evalúa, habla a Siempre! de los resultados del reporte Hallazgos 2017 y sobre el proceso de pacificación y el llamado para el perdón hecho por el presidente electo López Obrador. También nos habló del porqué muchas de las demandas de justicia ante fiscalías y procuradurías quedan en los archivos muertos.

Baja capacidad de investigación criminal

¿Cuáles son los resultados de Hallazgos 2017?

Representó algo importante porque se cumplen 10 años de la reforma en materia penal de 2008 y dos años en plena operación del sistema en todo el país. En ese contexto pensamos que todavía no se acaba con la transformación que se requiere en las instituciones. Ahí es donde vemos el problema, a partir de una medición que hicimos de un índice de impunidad, donde se buscó medir la impunidad en el sistema, pero lo quisimos plantear como impunidad por lo bajo, el nivel de efectividad, y en lo alto, la no respuesta a los casos que ingresan.

Hablamos de 87 por ciento de impunidad como promedio nacional, donde hay estados con 99 por ciento, incluso Jalisco está en primer lugar versus otros estados que están por encima de 60 por ciento de impunidad. Nos da un promedio de 87 por ciento, lo que resulta revelador, apenas 6 por ciento de los delitos que se cometen en el país ingresan en el sistema.

Sabemos que tenemos una cifra negra de 94, 95 por ciento de delitos que se cometen y no se denuncian; solo 6 por ciento son denunciados e ingresan en el sistema, y nos representa una especie de colapso de estancamiento del sistema en su operación del proceso penal. El conflicto mayor está en las procuradurías y fiscalías, hay una especie de estancamiento donde de cada dos casos que ingresan solo uno es resuelto, el problema es que ese 50 por ciento se queda en las instituciones y no hay respuesta a estos casos.

¿Qué obstaculiza la resolución de estos casos?

Hay una muy baja capacidad de investigación criminal. Hay casos que son denunciados, no se tiene un presunto responsable y ahí se quedan, no hay manera de que sean resueltos y que el resultado sea efectivo.

Otra preocupación que surgió en ese 50 por ciento que supuestamente se resuelve, es que en 30 por ciento de esos casos se van a un archivo temporal, una especie de archivo provisional donde la idea es acumular información y lograr una resolución en el tiempo, basado en información e inteligencia.

Así, apenas 6 por ciento tiene una resolución efectiva ya sea por mecanismos alternativos de resolución de conflictos o porque se judicializa y tiene otras salidas; incluso el mayor porcentaje no llega a juicio, pero ese no es el mayor problema, el conflicto principal es que casi 80 por ciento se nos queda en las procuradurías sin resolver.

En el archivo temporal tenemos un promedio nacional de alrededor de 30 por ciento, hay estados en que hasta 70, 80 por ciento de los casos van a archivo temporal, es decir, está resuelto pero no lo está, porque lo tenemos ahí y no pasa nada. Al final del tiempo, los casos prescriben y mueren en ese archivo.

Otro problema con ese archivo en el fuero común es que generalmente se envían delitos como robo de celulares, robo de vehículos, con la idea de que se acumule información, pero el inconveniente es que también se están mandando otro tipo de delitos que son de mayor impacto social.

Eso resulta preocupante y nos preguntamos si no se está institucionalizando la impunidad. Está bien que el ministerio público tenga esas posibilidades y tome esas decisiones pero el problema es que falta una política de persecución penal, que priorice hacia donde tienen que ir los recursos y los esfuerzos de estas instituciones.

Además hay ausencia de una verdadera supervisión y control de lo que pasa en la operación; sí, hay que darle al MP un marco de flexibilidad, de discrecionalidad para la toma de decisiones, pero tiene que haber algún control institucional enmarcado en una política de persecución penal, decidida por las autoridades de estas fiscalías o procuradurías.

¿Qué opina sobre el proceso de pacificación planteado por el gobierno entrante donde no está claro cómo se van a fortalecer las instituciones de justicia?

Irnos a un proceso de pacificación y de construcción de paz sin paralelo sin el fortalecimiento de la justicia penal sería un gran error. La idea con la construcción de la paz es la justicia, el perdón está dentro de las posibilidades así como el no olvido, pero lo importante es la no repetición, que eso no vuelva a suceder, si no vamos a estar haciendo pactos de pacificación permanentes al no tener un sistema de justicia que responda.

Lo más propicio es realmente darle la oportunidad al sistema penal acusatorio porque muchos de los temas que están saliendo de acciones que se quieren hacer, por ejemplo el perdón, lo que llaman la amnistía —que todavía no vemos el alcance—, los tiene el sistema de justicia penal en México y puede activarse para estos mecanismos. Hay criterios de oportunidad, está el perdón dentro de las posibles salidas alternas que nos pueden llevar a un proceso verdaderamente de justicia, pero a la vez de pacificación y de darle una visión distinta. Que no sea una justicia punitiva, no todos tienen que ir a la cárcel sino que se puedan generar salidas distintas donde se promueva la solución de conflictos sociales a través de otras formas de hacer justicia.

Es la gran oportunidad que tenemos con este sistema de justicia penal y no lo tenemos como prioridad de la administración que está próxima a entrar, es nuestra gran preocupación porque no le estamos dando certeza al proceso en el tiempo. Lo hemos visto en otros países donde se han generado estos mecanismos de no fortalecer la justicia, al final se les revierte completamente porque lo que hacen es debilitar más las instituciones. Se nos puede ir una reversión negativa hacia el proceso que debería estar enfocado en fortalecer el sistema de justicia.

Un tema fundamental en la agenda es tener un modelo de procuración de justicia distinto en el país, pero no es un proceso que cuando ya se tenga la ley orgánica de la fiscalía y el fiscal general, vamos a tener inmediata procuración de justicia. No, no es un proceso de la noche a la mañana, es de mediano a largo plazo, pero tenemos que empezar ese proceso de fortalecimiento, es el problema, y creo que quieren resultados casi inmediatos.

 

Perdón a través de la justicia

Muchos familiares de víctimas o desaparecidos se quejan de que se les pida el perdón para sus victimarios, cuando lo que ellos demandan es justicia.

Lastimará más a las víctimas si no es un proceso muy planificado, con una metodología clara, con un alcance bien definido y que se inserte en ese proceso el tema de las instituciones y fortalecer el sistema de justicia. Se les puede revertir de una forma muy negativa, son personas muy lastimadas y eso hay que tenerlo en consideración; ellos buscarían el perdón pero a través de un proceso de justicia, es fundamental y ya lo están diciendo. Van varias reuniones y es reiterativa la necesidad de que haya justicia y esta la realizas a través de instituciones, por eso hay que fortalecerlas, y no lo hemos visto como una prioridad.

Este es el mejor momento para darle una oportunidad al sistema de justicia penal y lograr efectivamente que opere y se logren los resultados a que aspiramos, y no pensar que vamos de nuevo a promover prácticas que teníamos en el sistema anterior, que tampoco estamos resolviendo. Es la contradicción que vemos en esta nueva administración, que así como promueve un proceso de pacificación especial, por el otro lado está promoviendo ampliar los delitos para la prisión preventiva. No está bien, no estamos haciendo las cosas de manera consistente y coherente.