Froilán Esquinca Cano
Desde el pasado 1 de julio, los ciudadanos de México han tomado una decisión trascendental para su futuro, lejos quedaron los días de campaña en donde lo que abundó fueron las descalificaciones, el pueblo decidió y optó por un cambio de raíz.
El proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador plantea realizar diversos cambios en la estructura gubernamental, un conjunto de reformas para mejorar y eficientar el capital humano y económico de la administración pública.
Sin embargo, el proyecto de nación que a partir del 1 de diciembre comenzará a ejecutarse no solo contempla un cambio en las estructuras burocráticas, ese cambio es también en el ámbito social. Para nadie es un secreto que en las últimas décadas se ha desarrollado un proceso despolitizador en la sociedad mexicana, lo cual no puede seguir concibiéndose como la normalidad en un país democrático como el nuestro.
Es de celebrarse que por primera vez en décadas exista el planteamiento de una política de Estado en la que participen los ciudadanos, no solo en los comicios, también resulta indispensable que lo hagan en decisiones trascendentales para la política de la nación. La Reforma Educativa, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la amnistía como proceso pacificador son algunos de los temas más importantes en los que el gobierno entrante plantea que se tomarán las decisiones de manera popular, es decir, el gobierno acatará la decisión que del pueblo emane, como se hace en democracia.
Se vislumbran tiempos de cambio, todo indica que el poder y su ejercicio volverán al pueblo, no es un asunto menor; ante estos hechos, se puede afirmar que la democracia mexicana está evolucionando, ahora es la sociedad la que tiene la responsabilidad de asumir un rol activo y participativo. Para completar el histórico cambio y seguir evolucionando nuestra democracia, es necesario que en lo local también se planteen ejercicios de gobernanza participativa.
Como sociedad, nos encontramos frente a la oportunidad de alinear los derechos que se producen desde los aparatos del Estado y las necesidades de las masas, pero también de las comunidades y los núcleos sociales más próximos; para logarlo, se debe transitar hacia una planeación participativa en donde intervengan todos los sectores, intelectuales, profesionales, técnicos, activistas y todos los grupos y colectividades que convergen en la sociedad.
La importancia de la planeación participativa implica generar mecanismos para que la ciudadanía pueda intervenir en procesos tan fundamentales como lo es fijar objetivos de acciones gubernamentales, dar rumbo a las políticas que se aplicarán para obtener resultados concretos y, a medida que más se desarrolle ese ejercicio, más legítimo será el actuar del Estado.
Es fundamental que los objetivos y la aplicación de las políticas públicas sean vigilados y evaluados por entes estatales, pero también por la sociedad civil. Para ello existen figuras como los observatorios ciudadanos, cuya conformación plural puede y debe ser un contrapeso al ejercicio de poder además de un articulador entre la ciudadanía y el gobierno.
Mantener la independencia de los observatorios ciudadanos puede ayudar a contrastar el estado en que se encuentran los objetivos planteados por los diversos órdenes de gobierno, además de poder emitir datos que coadyuven en los mismos.
En suma, la sociedad ha dado un paso de grandes proporciones hacia la democracia, queda mucho por hacer, es fundamental que para afianzar los logros obtenidos como resultado de una larga lucha, se hagan planteamientos para garantizar que nuestra democracia siga avanzando, la planeación participativa y los observatorios ciudadanos son mecanismos para conseguirlo.
Senador de la República.
