Elba Esther Gordillo fue liberada, después de 5 años y medio, debido a los errores de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes actuaron de manera ilegal para lograr su detención.

Miguel Ángel Aguilar López, Magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, sentenció que los más de mil 978 millones de pesos que le acusaron haber lavado tenían un origen legal, mientras que la documentación bancaria que ambas dependencias utilizaron como pruebas, no se obtuvieron bajo una orden judicial, lo que viola el secreto bancario.

Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, nunca realizó una denuncia por el supuesto desvío de fondos contra el gremio, por lo que no se pudo acreditar un delito.

Este es el tercer proceso penal que la PGR pierde contra la maestra Elba Esther. Tan sólo en octubre de 2016 la maestra recibió un amparo por violaciones de la procuraduría a sus derechos humanos, y en noviembre siguiente  fue exonerada de los cargos de defraudación fiscal.

María Sanjuana Cerda Franco, ex integrante del Colegiado de Administración y Finanzas del Sindicato, declaró desde hace dos años que los depósitos son una práctica legal en el SNTE.

Al ser entrevistada el día de ayer, la exministra y próxima Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero afirmó que la decisión de liberar a la exdirigente del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, fue acertada y que incluso “se lo merecía”.

Explicó que cuando fue parte de la Suprema Corte tuvo la oportunidad de ver dicho expediente, el cual consideró endeble: “Sí detecté varias situaciones en las que no estaba muy bien armada la acusación. Era una acusación no sólida“.

Tras darse a conocer la absolución de la maestra, la PGR emitió un escueto comunicado señalando que respetaba el fallo del primer tribunal unitario, pero que no lo compartía.

El abogado de la exlíder presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por violaciones a derechos fundamentales de la maestra, a quien se refiere como presa política.