La consulta popular es considerada como un mecanismo que busca la aprobación o revocación de un proyecto mediante la expresión de la voluntad ciudadana. Se le puede convocar a todos los niveles gubernamentales y para someter aquellos planes que han causado discrepancias en su puesta en vigor. Hay países como Argentina, donde se convocará a un referéndum, luego que el Senado impidió la legalización al aborto. En 2015, el presidente boliviano Evo Morales sometió a este proceso la posibilidad de reformar la Constitución para aspirar a un tercer mandato, pues esta sólo le permitia reelegirse una sola vez.

En México, este modelo es prácticamente inusual. Sin embargo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dejado entrever que podria usarlo para decidir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional, el cual considera que las condiciones ambientales de su ubicación son desfavorables, además de que su financiamiento no ha sido transparente.

La situación ha causado un enfrentamiento con el sector privado, sobre todo con el empresario Carlos Slim, quien asegura que cancelar su construcción conllevaría una grave pérdida económica para el país.

En los próximos días, el equipo de Andrés Manuel López Obrador prevé empezar a realizar foros y consultas no solo respecto al nuevo aeropuerto, sino a la propuesta de revertir las reformas educativas y energéticas, y una de las más polémicas: la amnistía a delincuentes. Esto como una forma de lograr la pacificación del país.

Según analistas políticos como los venezolanos Pedro Urruchurtu y Trino Márquez Cegarra, la consulta popular solo es posible si un país cuenta con instituciones electorales confiables, que no sean secuaces de una manipulación oficialista y que realmente respeten la decisión de la ciudadanía a la que se le pidió su opinión.

La experiencia en Venezuela ha sido por demás contrastante. Por una parte, la pureza de las instituciones electorales permitieron que el actual gobierno de Nicolás Maduro, y antes de Hugo Chávez, fueran avalados por un organismo transparente y autónomo a través de la voluntad popular que lo llevó al poder en 1998. Sin embargo, ambos denuncian que una consulta ciudadana también puede servir a los intereses de un gobierno, cuando este ha infiltrado a su gente para prostituir las instituciones electorales, para legitimar y maquillar las acciones de un gobierno manipulador. Estas son las opiniones que ambos expertos enviaron a Siempre!

Hacer consultas no es garantía de democracia

Una consulta popular es aquella que plantea grandes temas de interés nacional y que requiere de un debate público y de la decisión de la mayoría de los ciudadanos, pues son temas que inciden directamente en la vida nacional y que afectan directamente a la ciudadanía, de acuerdo a su aprobación o rechazo. Esto obedece a una nueva tendencia en la que, en aras de fortalecer la democracia, se consulta a los ciudadanos sobre temas trascendentales. Esto es positivo siempre y cuando exista autonomía en los poderes públicos y Estado de derecho, así como una ciudadanía consciente de sus deberes y derechos, evitando la manipulación o la tergiversación del propósito de la consulta. Lo más importante es que la tiranía de las mayorías no irrespete al individuo y su libertad.

La llegada del Chavismo al poder, en 1999, trajo consigo una nueva Constitución que nominalmente (y digo nominalmente, porque en la práctica el modelo siguió siendo representativo) presentaba un modelo de democracia participativa y protagónica, en el cual los ciudadanos podían participar directamente en decisiones trascendentales al país. Un ejemplo de esto fue el referéndum revocatorio del año 2004, que vino precedido por un referéndum consultivo que preguntó a los ciudadanos si querían revocar o no a Hugo Chávez. Los temas de trascendencia para el país (a todo nivel) pueden someterse a consulta si lo pide el presidente de la república, si lo aprueba la Asamblea Nacional o si al menos 10 por ciento de los venezolanos inscritos en el registro electoral lo solicitan, a través de firmas. El problema de estas consultas no es su existencia en sí misma, sino la ausencia de un poder electoral transparente, la fuerte presencia del clientelismo y la manipulación de los ciudadanos por parte de la opinión pública y de las dádivas oficiales, que terminan condicionando la elección.

Otro importante ejemplo que tenemos fue el de la Consulta Popular del 16 de julio de 2017 que, aunque fue desconocida por el régimen de Maduro, hizo que más de 7,600,000 venezolanos acudieran a las urnas para pedir nuevos poderes públicos, el respeto a la Constitución y un proceso de transición. Este proceso fue organizado en su totalidad por la sociedad civil y la oposición.

El problema no es que se realice una consulta, ya que eso fortalece la democracia. El problema es que en sociedades polarizadas o condicionadas por la necesidad y lo que el Estado brinda, a través del chantaje o de la opinión pública inducida, y en donde las instituciones no son sólidas ni transparentes, se corre el riesgo de que esos procesos se manipulen y hasta se banalicen, restándoles la importancia que en realidad tienen. El chavismo, por años, hizo muchos “procesos electorales” y por eso se definió como una gran democracia, cuando sabemos que la democracia es mucho más que votar, de modo que hacer consultas no es garantía de democracia, si eso no se hace en un contexto realmente óptimo, y es allí donde se debe ser cuidadoso. Ahora bien, hay temas que no se pueden someter a consulta, porque se puede caer en el peligro de la tiranía de las mayorías, en detrimento de la libertad individual y el respeto a cada ciudadano. El problema no es la consulta, sino lo que se quiera hacer con ella, basándose en la “voluntad del pueblo”.

Frente a las amenazas del poder, lo más importante es que la sociedad civil y los sectores políticos entiendan que deben contener ese poder. Hay que insistir: si el propósito de estas consultas es verdaderamente el de avanzar y hacer que los ciudadanos se expresen libremente, puede ser positivo, siempre y cuando las instituciones y el Estado de derecho se impongan y el poder no use esos mecanismos como pretextos para justificar acciones que sobrepasen sus propias funciones. Es allí donde la defensa de la democracia debe darse. En Venezuela, creyendo que éramos una democracia, se terminó dando más poder al régimen que hoy ha llevado el país a la miseria. Hay temas que requieren de amplios consensos en la sociedad y estas consultas pueden ser una forma de lograrlos, pero deben ir acompañadas de debates libres, abiertos y, sobre todo, de una sociedad consciente de su rol y autónoma en las decisiones que toma.

^{*Coordinador Nacional de Formación de Cuadros de Vente Venezuela y Vicepresidente de la Federación Internacional de Juventudes Liberales (IFLRY).}.

 

El problema no es la gente sino el sistema

Trino Márquez Cegarra/Sociólogo,UCV

Las consultas populares han sido utilizadas para influir en la democracia. Esto es precisamente lo que ha sucedido en Venezuela. Hace unos 20 años, Venezuela se convirtió en una democracia refrendaria, donde todo tenía que ser refrendado por el voto popular, y se han convocado durante todo este periodo algo así como 20 o 21 procesos electorales, que incluyen referendos tanto aprobatorios como revocatorios. Uno de estos fue la que aprobó la Constituyente en el año de 1999, después de que Hugo Chávez asumiera el gobierno.

El problema no es que se hayan convocado esos mecanismos de consulta, sino que se hayan realizado de manera muy desequilibrada. En varias de ellas, el gobierno de Hugo Chávez usó todos los mecanismos del poder para manipular. Le ha permitido aplicar todo el peso de su maquinaría gubernamental al servicio de favorecer las opciones que presenta en el socialismo.

El problema no está en que se convoque a elecciones o consultas populares, sino que no sean justas, equilibradas o transparentes. El Consejo Nacional Electoral y su cúpula operan como una oficina al servicio del gobierno. En Venezuela, el mecanismo electoral no ha sido utilizado para profundizar la democracia sino para aplastarla. No ha sido usado para promover el debate equilibrado y justo entre corrientes políticas. Ha sido conducido más bien para fortalecer el gobierno, para crear un enorme desequilibrio entre las distintas fuerzas del espectro político del país.

Anteriormente, Venezuela tenía el Consejo Supremo Electoral, que era un modelo para América Latina. Su trabajo era tan confiable que era requerido en elecciones de otras regiones como en Centro y Sudamérica, por su transparencia. Hasta antes de Chávez fue un ejemplo de profesionalismo electoral, incluso, lo que permitió que en 1998 que Chávez ganara fue la honestidad de esta institución electoral, porque hubo un gran respeto a la expresión popular en las urnas. Ahora nadie sabe con exactitud lo que ocurre en las urnas, pues desde hace veinte años se ha convertido en un instrumento de manipulación al servicio incondicional del gobierno.

En el caso de México, es importante que se preserve la pureza y transparencia del Instituto Nacional Electoral como un árbitro imparcial. Evitar lo que pasó en Venezuela, donde tuvimos un organismo electoral eficiente, pero ahora solo es una agencia al servicio del gobierno, con un presidente y miembros que son afines a Maduro.

Las consultas populares no tienen nada que ver con la ignorancia de la gente respecto a lo que se les consulta. El problema es que el gobierno decidió usar los organismos electorales para acabar con la democracia o para darle un maquillaje de democrático.

Los miembros de la dirigencia oficialista se llenan la boca diciendo que ellos han convocado a una veintena de procesos electorales en estas dos décadas. Pueden convocar a mil, si quieren, pero si los organismos electorales están manipulados, si toda la maquinaria gubernamental se pone al servicio de los candidatos oficiales, si los partidos y grupos de la oposición no pueden tener acceso a los recursos públicos, mientras que el gobierno usa todos los fondos para financiar sus campañas electorales, fácilmente podrán ganar siempre.

El problema no es la gente a la que se consulta, sino el sistema que usa la consulta popular. A la gente le gusta que la consulten. En Venezuela, a la gente le gusta votar, hemos llegado a tener índices de votación muy altos, mayores de 80 por ciento, lo cual no es muy común en el resto de Latinoamérica. Podemos decir con base en eso que a los venezolanos les gusta votar, pero el problema es que ahora el sistema chavista-madurista se ha montado, ha distorsionado el proceso de la votación y de la consulta popular. En suma, el problema es el sistema, no el votante.

El problema no es el desconocimiento de cierto candidato o situación, sino que el gobierno manipule la acción y la presente como la voluntad popular.

En relación con México, la gran lección que tienen que aprender las instituciones mexicanas y los partidos políticos es que se deben preservar los organismos electorales como autónomos, neutrales, eficientes, como jueces imparciales; esas son condiciones esenciales para que se pueda realizar cualquier tipo de consulta y para que sea genuinamente transparente. También es importante que las campañas se financien con recursos públicos y que sean bien distribuidos para no caer en el ejemplo de Venezuela, donde el partido del gobierno tiene todo el financiamiento, donde el Tesoro nacional es como su caja chica, mientras que la oposición no tiene acceso a recursos y, cuando los tiene, estos son perseguidos o revocados. Es preciso que los hermanos demócratas mexicanos comprendan que hay que defender la autonomía de las instituciones electorales y evitar que el gobierno meta las manos en cualquier proceso electoral.