A tres semanas de que inicie el primer periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena buscará “eliminar todas las trabas” para la realización de consultas populares y referéndums, para lo cual prepara una iniciativa para modificar el artículo 35 de la Constitución Política.

Esta propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo que la gente opine, a través de una consulta nacional, a realizarse en octubre, sobre el destino del futuro Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Sobre el tema, María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), señala que dicha propuesta “habla de que López Obrador quiere cumplir con su promesa de campaña, a él le gustan mucho las consultas populares, lo ha dicho una y otra vez, pero yo no estoy de acuerdo con eso, no puedo decir que estoy de acuerdo con esa propuesta, porque hay cosas más atractivas o más inteligentes que ha propuesto en este periodo de transición”.

En opinión de Marván no es necesaria esta modificación constitucional, pese a que no conoce la iniciativa para reformar la figura de la consulta popular: “es complicado pensar que se convocará a consultas nacionales una o dos veces al año, es difícil pensar que por definición una vez, dos veces al año se tendrá algo que preguntar a toda la población. Dependiendo del tipo de preguntas puede ser un exceso o puede ser muy poco”.

La académica no se imagina “el desgaste democrático que significará, nos pasará lo que sucede en Suiza, que tienen una democracia con muchísimos mecanismos de democracia directa, donde menos del 10 por ciento de la gente se acerca a votar a las elecciones, porque no pueden estar decidiendo todo el día sobre todas las cosas”.

La exconsejera presidenta del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y comisionada presidenta fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) explica que las consultas populares normalmente son un mecanismo de democracia directa que se utiliza con preguntas muy específicas en las que solo cabe un sí o un no, no hay manera de ponderar, pero tiene dos riesgos: uno es polarizar a la sociedad y dividirla, dejarla partida en dos como sucedió con la provincia de Quebec para separarse de Canadá; como el brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea; como en Colombia o en el caso de la independencia de Cataluña respecto de España.

El otro riesgo —continúa— “es que en muchas ocasiones dependiendo de la forma en la que se frasean las preguntas se dirige el resultado, es decir, las preguntas no están diseñadas de una manera neutral, normalmente las diseña quien está en el poder buscando obtener el resultado que espera. En términos generales, existen dos clases de consultas populares o preguntas directas al electorado”.

Comenta que “en Estados Unidos están acostumbrados a las preguntas tipo referéndum, normalmente una boleta electoral trae 10 o 12 preguntas de referéndum, pero nunca son preguntas nacionales, siempre locales, del municipio o del condado, a veces del estado, en cuestiones muy puntuales. De la que más se tiene memoria es sobre la legalización y el uso medicinal o recreativo de la marihuana”.

“Al ser tantas preguntas —dice—, se divide la atención y lo que provoca es que no haya una división tan tajante en la sociedad, sino que se diluya el conflicto. Cuando solo es una pregunta se enfrentan dos posiciones muchas veces irreconciliables, y una consulta popular por definición no busca la reconciliación ni soluciones que concilien las dos posturas, lo que busca es: sí o no”.

Tomando en cuenta que el pretexto, inmediato, que se toma para pretender hacer estas modificaciones a la figura de la consulta popular es la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), tema sobre el cual el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, adelantó ya que en agosto un grupo de expertos valorará la viabilidad del proyecto y después, en octubre, será sometido a una consulta ciudadana, María Marván afirma que en este tema “no aplicaría una consulta a la población”.

La investigadora indica no tener elementos para saber si el aeropuerto está bien o mal puesto en el sitio en donde se pretende construir, no sé si hay corrupción, si la hay se debe corregir y castigar. Como usuaria le preocupa, le asusta que digan que tendrá que llegar al aeropuerto Benito Juárez y después trasladarse al de Santa Lucía o al revés, dependiendo de la conexión, porque eso en tiempo será carísimo.

“En una democracia es injusto decir: los que no se han subido a un avión no tienen derecho a opinar, ese no es el problema, el problema es que son decisiones técnicas. Me pueden preguntar si quiero que me gobierne López Obrador o Ricardo Anaya o José Antonio Meade, porque los tengo enfrente y elijo al que más me gusta, pero no me pueden preguntar dónde quiero aterrizar, en esa medida no debe ser una cuestión de consulta”, añade.

La experta en materia electoral explica que “si la nueva administración, que entrará en funciones el 1 de diciembre, lo que busca es legitimar su decisión de suspender las obras del aeropuerto, lo único que necesita decir es: ¿quieres un aeropuerto caro, donde hay corrupción y donde además se hundirá el avión?, ¿qué contestará la gente? No, porque nadie quiere eso”.

“El referéndum o las consultas populares son una buena herramienta de la democracia, pero hay que entenderla y diseñarla por completo, ¿para qué se quiere usar?, ¿cómo se quiere usar?, ¿en qué ocasiones? En fin, ¿cómo puede someterse ese tema a referéndum popular? No es una gran idea y menos una idea democrática”, agrega.

Además, advierte que “si la consulta popular sale mal, los riesgos son muy altos, pues lejos de ganar legitimidad se pierde, y se pierde de manera muy drástica, en términos de la caída de popularidad y en el sentido de que parte a la sociedad en dos”.

¿Y la revocación de mandato?

En cuanto al otro tema que López Obrador pretende someter a una consulta ciudadana, la revocación de su mandato a la mitad del sexenio, la investigadora del IJJ-UNAM expone que las revocaciones de mandato en América Latina son un desastre. “En Perú, la figura del revocatorio fue implementada a mediados de los años noventa y, como en Colombia, se salió de control, por lo que tuvo un impacto muy negativo. La inestabilidad que existe hoy en el gobierno nacional, en los gobiernos locales, pero sobre todo en los municipales es un verdadero desastre”.

Marván Laborde comenta que tuvo “la oportunidad de estar en Perú como observadora en un proceso electoral, justamente elecciones municipales, ni el 10 por ciento de los presidentes municipales elegidos anteriormente terminaron su periodo, precisamente por la revocación del mandato”.

“Suena muy bonito, pero la verdad es que tiene más riesgos que cualidades, finalmente si vemos hoy lo que está pasando con las elecciones mexicanas, fíjese nada más qué contrariedad, por un lado se acaba de aprobar la reelección, que es para que los ciudadanos puedan premiar o castigar de manera directa al presidente municipal, al diputado o al senador, pero se quiere revocación de mandato para que no haya estabilidad en los puestos y duren menos de los tres años que manda la ley, es verdaderamente un contrasentido”, afirma la exconsejera electoral.

A la especialista en temas de política, cuestiones electorales, transparencia y desarrollo democrático en México le parece un absurdo y le preocupa que “con pretexto de la revocación de mandato empecemos a tratar de prolongar mandatos más allá de lo que se debe. Simplemente es cuestión de hacer una propaganda bien instrumentada y asegurarse de que ganará teniendo los medios de comunicación a su lado, el presidente tendrá control absoluto de los medios”.

Afirma que a ella, “no le gustan esos mecanismos de democracia directa porque en realidad lo que hacen es matar la democracia representativa. Los gobiernos verdaderamente democráticos son los gobiernos de democracia representativa y no los que se ganan con mecanismos de democracia directa”.

Aunque coincide en que este tipo de iniciativas levantan muchas suspicacias, no sabe si tienen la intención oculta de construir una Asamblea Constituyente, “la verdad es que en México se ha reformado la Constitución de una manera prácticamente integral sin necesidad de Asambleas Constituyentes, pero reitero: las consultas populares tienen muchos riesgos de acabar partiendo a la sociedad por la mitad y de encausar las respuestas para que confirme la voluntad del gobernante y no del gobernado, ese es el riesgo principal, más allá de las cosas concretas que se pongan a discusión”.

Por eso, expresa que “en México se puso la salvaguarda de que la Suprema Corte, que se supone debe estar menos politizada, califique las preguntas, porque las preguntas en sí mismas, el tema sobre el que preguntan y la manera en la que se arma la pregunta determinan el resultado de los referéndums o de las consultas populares”.

Podríamos llegar al caso Venezuela, “no me gusta esa comparación, porque no creo que México y Venezuela sean comparables, independientemente de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, los referéndums en sí mismos contienen riesgos; desde mi perspectiva, en términos de teoría democrática, son más grandes los riesgos que los beneficios. La ventaja de la democracia representativa es que acercan posturas”.