En México, cuando un ciudadano resulta triunfador en una elección presidencial, por supuesto no deja de ser persona, pero se convierte en símbolo, pues en poco tiempo será el responsable del orden general, del más alto interés de la nación, de las vidas y bienes de todos los habitantes del país, del presente y del futuro colectivo.

El individuo que reúne tantos y tan graves deberes sigue teniendo creencias, aficiones o gustos muy suyos, pero ya no puede anteponer sus predilecciones ni su escala de valores a las responsabilidades de Estado. Es más, ni siquiera debe arriesgarse a un accidente ni menos a un ataque contra su persona, pues —insistamos— ya no se representa a sí mismo, sino al interés nacional de hoy y del porvenir.

Cabe recordar lo anterior ante la decisión de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la república, de suprimir el Estado Mayor Presidencial, cuyos miembros se reintegrarán a la Secretaría de la Defensa Nacional y serán sustituidos por un “cuerpo de ayudantía“ de apenas veinte personas (diez mujeres y diez hombres), que para colmo no portarán armas.

Se argumenta que el sostenimiento del Estado Mayor Presidencial resultaba demasiado oneroso para la hacienda pública, pues se trata de un cuerpo con más de mil integrantes, quienes no solo cuidaban de la integridad del presidente en funciones, sino también de su familia, de los exmandatarios vivos y hasta de algunos secretarios de Estado.

Suponiendo —sin conceder— que, en efecto, el cuerpo de Guardias Presidenciales tuviera un costo desmesurado, cabía la posibilidad de reducirlo y evitar su empleo abusivo. Lamentablemente se insiste en una medida radical, pero no por eso acertada.

Con notoria ligereza, se arguye que los veinte miembros de la “ayudantía“ de marras tendrán, cuando menos, licenciatura, como si eso fuera suficiente para impedir un atentado, detener un ataque suicida o preservar la integridad del jefe de Estado o el secuestro de un familiar.

Habrá que preguntarse qué podrán hacer los veinte licenciados —o menos, pues no todos estarán en servicio todos días ni a todas horas— cuando Andrés Manuel visite el norte de Tamaulipas y las mafias propietarias de la región decidan agredir al Ejecutivo. ¿Usarán sus títulos a manera de escudo para proteger al presidente o se confiará la tarea a “todos los mexicanos“ que viven asolados por la delincuencia y no pueden cuidarse ni a sí mismos?

La seguridad de un jefe de Estado no es broma ni se garantiza con ocurrencias. Por favor.