La población rohingya ha sido soslayada y hasta relegada de los medios de información. Se trata de un grupo de habitantes que han vivido en un territorio llamado Rakhine, ubicado en Myanmar, la antigua Birmania. Han sido perseguidos por causas religiosas, ya que ellos son musulmanes viviendo en una mayoría budistas, quienes no los reconocen ni siquiera como grupo étnico. A partir de agosto del 2017, se registró un éxodo buscando refugio en el vecino país de Bangladesh y huyendo de una ofensiva lanzada por el ejército birmano. Hoy la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que son más de 27 mil rohingyas los que han huido de la violencia.
La ONU misma los ha clasificado un pueblo “sin estado”, “sin amigos” y cuya situación es la de un “crimen de crímenes”. Por si fuera poco, también señaló al gobierno de Myanmar de practicar una ofensiva con una “clara intención genocida”.
Según el organismo internacional, el comandante en jefe de las Fueras Armadas de la antigua Birmania, y cinco de sus generales, “ordenaron asesinatos en masa y violaciones en grupo, y deben ser juzgados por ello”, afirmó un grupo de investigadores de la ONU.
En específico, la ONU acusa a la cúpula militar de Myanmar de crear una campaña de odio contra los rohingyas y de desprotegerlos en las regiones de Rajine, Kachin y Shan; una situación que puede abrir un caso de genocidio ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En menos de dos años, han llegado hasta un campamento ubicado en Cox Bazar, en Bangladesh, más de 620 mil personas, de las cuales 373 mil son niños y niñas.
Todos ellos han narrado las atrocidades cometidas por los militares, que van desde asesinatos, abusos sexuales constantes, incendios de sus casas y pertenencias; actos que se traducen en acciones destinadas a eliminarlos y erradicarlos de la región.
“Los crímenes cometidos en el estado de Rajine, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos”, dijo el informe de la Misión Internacional de Investigación de la ONU. “La intención genocida, un delito internacional que busca ya la destrucción, total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.
La ONU incluso va más allá al señalar como una responsable de este “genocidio” a la misma Ang San Suu Kiu, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991 y quien permaneció ajena al sufrimiento de los rohingas en las provincias de Raijne, Kachin y Shan. donde el ejército lanzó operaciones brutales contra ellos.
“No utilizó su cargo ni su autoridad moral para frenar o prevenir lo ocurrido en Rajine, y contribuyó con ello a la comisión de los crímenes”. Suu Kyi tiene la Consejería de Estado, que es un equivalente al cargo de primer ministro, pero que no ejerce debido a que una cláusula constitucional le impide hacerlo por tener hijos con pasaporte extranjero.
Para colmo, la situación en el campamento se ha vuelto insoportable, pues ya está prácticamente saturada en todas sus funciones. Hay un hacinamiento alarmante, la comida carece, tampoco hay agua potable ni atención sanitaria para estos pobladores, quienes ante la falta de higiene ahora también se enfrentan a enfermedades como difteria y el sarampión.