La democracia mexicana, aun cuando ha tenido avances importantes, está muy lejos de alcanzar los niveles de participación popular que requiere el mundo de nuestro tiempo. En efecto, hay figuras de democracia participativa y de rendición de cuentas que aún no hemos alcanzado.
En la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales logró —después de muchas discusiones— poner de acuerdo a todos los partidos para establecer, al menos, el referéndum y el plebiscito, así como la reforma que le diera el carácter de participativo a nuestro régimen político; no obstante, los intereses de las cúpulas partidarias impidieron que el dictamen fuese votado en el Pleno.
Requerimos estas figuras de democracia participativa, a la que habría que agregar la revocación del mandato y, probablemente, la segunda vuelta electoral. No lo hemos logrado, y el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que pretende sustentar muchas de sus decisiones fundamentales, podría hacerlo.
El primer paso sería reformar el artículo 40 constitucional que actualmente establece que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior…”, a lo que habría que agregar el carácter participativo del sistema político mexicano.
Una vez resuelto este primer punto, debería derogarse parte del artículo 35 que, si bien es cierto que reconoce las candidaturas independientes y la iniciativa popular, dicho precepto estableció la consulta popular, que no ha podido funcionar adecuadamente, toda vez que dispone que debe ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la república, o de 33 por ciento de las Cámaras legislativas, o por 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal; asimismo, se previene que el INE es el único órgano facultado para su organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, y solo se podrá realizar el mismo día de la jornada electoral federal.
Con tales elementos, no ha podido ser funcional en ningún momento: simplemente recordemos la intención de Morena de formalizar una consulta en torno a la reforma energética; o el PRI, que quiso reducir el número de diputados plurinominales. Tal como está redactado es francamente inviable y de difícil aplicación; en vez de este “invento”, habrá que retomar las ya probadas instituciones —en el ámbito internacional— que establecen el plebiscito y el referéndum.
Las consultas a la ciudadanía no pueden basarse en límites estrechos o sin marco jurídico adecuado; viene al caso este tema dado que López Obrador espera una consulta para definir el desarrollo y construcción del nuevo aeropuerto y también para modificar la denominada reforma educativa.
Es tiempo, pues, de realizar un estudio constitucional sólido y bien pensado que nos permita abrir nuevos horizontes al sistema político mexicano.
Consulta popular sí, a través del plebiscito o del referéndum. Necesidad real de la revocación del mandato, que esté bien cimentada en nuestra carta magna. La segunda vuelta electoral será un tema difícil que habrá que estudiar a fondo.
Catedrático de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM
