Nullius boni sine socio iucunda possessio est.
[La posesión de un bien, si no es compartida, no causa gozo.]
Hoy, México enfrenta serios y graves problemas. En los últimos días, semanas o meses algunos sucesos agudizaron la gravedad de varios que desde hace tiempo nos agobian. La inseguridad, la corrupción y la impunidad son problemas que corroen la vida nacional. Otros graves problemas son los económicos: la pobreza, la intermitente pérdida de valor del peso, y el ya anunciado por el presidente electo ajuste al gasto público. Estos problemas, los sociales y los económicos representan los modernos caballos del apocalipsis que nos aquejan.
En lo social, la corrupción, ese mal endémico que nos agobia desde hace siglos requiere, sin duda alguna, de acción conjunta de sociedad y gobierno. La plena vigencia del Estado de derecho y la edificación de un Estado democrático de derecho son tarea permanente, que requieren del concurso de toda la colectividad y nada se remedia con lamentos y menos con regodearse con que las cosas marchen mal. Y parecen ser legión quienes se solazan en nuestras carencias materiales o que desean y ansían que al gobierno le vaya mal.
Un problema, endémico también, es la pobreza de la mayoría de nuestra población, resulta el más grave. Estimo que su atención —y así se ha anunciado— será prioridad del gobierno entrante, pero también es una problemática que atañe a la sociedad en su conjunto. Esta situación, que desde la Colonia impresionó al barón Von Humboldt, y que impulsó al generalísimo Morelos a convocar a “moderar la riqueza y la indigencia” en los Sentimientos de la Nación, sigue siendo el tema prioritario. Es inaceptable que la mitad de los mexicanos vivan en pobreza.
He afirmado y lo reitero: la mayor violencia que sufre nuestra patria es la pobreza. El último informe de evaluación de Coneval sobre la política de desarrollo social nos muestra que los retos siguen siendo enormes; que pese a los recursos y la concertación de acciones de los programas federales, estatales y municipales, se requiere de mayor coordinación, de reenfocar políticas, de condesar programas, y de eficientar y redistribuir en forma justa y equitativa el gasto público.
La evaluación encontró que, si bien se aprecia un incremento en la cobertura de servicios básicos, como educación, salud y vivienda, la calidad de los servicios no ha crecido. La calidad de los servicios para la población en pobreza y pobreza extrema es aún insuficiente, y el acceso efectivo y oportuno no favorece a grupos indígenas, discapacitados, adultos mayores, niños, adolescentes y mujeres, así como a otros grupos vulnerables. He aquí un área de necesaria mejora que, sin duda, impacta y se relaciona más de lo que creemos, con el serio problema de inseguridad que vivimos.
El poder adquisitivo del ingreso se ha reducido desde 1992. Las crisis económicas de 1994 y 2009, y la volatilidad de los precios de los alimentos desde 2007, son algunas de las causas. El ingreso real de las familias ha caído desde 1992 y en 2018 no recupera el nivel que tenía en 2007. La calidad de los servicios educativos y de salud es aún insuficiente para la población con menos ingresos. La numeralia sería inagotable.
El reajuste del gasto, con el ejercicio de un Presupuesto de Egresos de la Federación que está por enviarse antes del 15 de noviembre a la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, próxima a iniciar, requerirá hacer más con lo mismo, valorar y mantener lo que estamos haciendo bien, y reorientar y distribuir los recursos donde más hacen falta, pero con eficiencia y sentido de justicia. Los mexicanos hemos vivido, a lo largo de nuestra historia, momentos aciagos y los hemos superado. Hoy no es momento de discordia y confrontación. La elección presidencial quedó atrás, y hay un ganador. Los retos y dificultades que enfrentamos necesitan del concurso de todos. Procesemos nuestras diferencias, si aún las hay, por los cauces institucionales.
