Luego que el poder judicial, a cuatro años de los hechos, ordenara a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso Tlatlaya, Clara Gómez una de las sobrevivientes señala que hoy más que nunca se ponen en evidencia los riesgos de mantener la Ley de Seguridad Interior por lo que hace un llamado a que haya un cambio en el paradigma de seguridad en el país.

De acuerdo a la víctima y a sus representantes legales del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, dicha resolución es una muestra “de los riesgos de la Ley de Seguridad Interior, que dota de mayores facultades a la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sin que haya contrapesos ni salvaguardas extraordinarias”.

Por ello, lanzaron un llamado a cerrar esta etapa la cual aseguran ha causado inconmensurables pérdidas y dolor a centenares de miles de familias en México, “es indispensable hacer un cambio del paradigma de seguridad, pero también procurar justicia pronta en los casos concretos que han puesto rostro a la grave crisis de derechos humanos en México”.

Recordaron que la falta de rendición de cuentas de los elementos militares y el abuso de la fuerza han sido una constante desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico y que además no se han considerado las pruebas ofrecidas por las víctimas ni se ha investigado la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad que se reveló en el primer aniversario de los hechos.

“A pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente; no se ha establecido con precisión el número de víctimas, y no se ha castigado a nadie por alterar la escena del crimen. Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló el Centro Prodh.

Cabe destacar que en su fallo el juez acreditó que no se realizaron diversas diligencias anteriormente ordenadas y que algunas de las que se realizaron no fueron pertinentes, ni idóneas, además de que no se analizaron las pruebas tanto del expediente como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las propias declaraciones de los militares involucrados, y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal.