Con la seguridad de que no tiene nada de que preocuparse, el líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, luego de 12 años de autoexilio en Canadá, prepara su regreso para asumir el cargo de senador de la República de Morena por la vía plurinominal.

En entrevista con el periódico El País, aseguró “estoy totalmente seguro y confiado, yo no tengo nada de qué preocuparme, ni de qué avergonzarme. Si acaso lo que he hecho es defender los derechos de los trabajadores. Nunca he robado, nunca he traicionado a los mineros de México”.

Sin precisar una fecha indicó que regresara a su país antes del 29 de agosto luego de haber sido víctima de una “persecución política” de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, así como por los empresarios mineros Germán Larrea, presidente de Grupo México, Alonso Ancira, al frente de Altos Hornos de México y Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal.

“Estos ataques cobardes e injustos arbitrarios e indebidos hicieron algún daño a la organización, pero no detuvieron su marcha. En este momento el Sindicato Nacional de Mineros está más fuerte y más unido que nunca”, afirma.

Sin embargo, dice ahora regresara para asumir un cargo público el cual ha sido respaldado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien al darle su apoyo ha dicho que el líder minero fue “estigmatizado por la propaganda oficial y oficiosa”.

Tras rechazar los señalamientos sobre sus excesos y riqueza, Gómez Urrutia aseguró que nadie cometió ningún abuso en contra de los trabajadores y que sus ingresos se encuentran sustentados en las percepciones que recibe como líder minero, puesto en el que lo han reelegido en seis ocasiones, así como por las regalías de los libros que ha escrito.

Pese a aseverar que no tiene ningún ánimo de venganza, no descarta la posibilidad de emprender alguna acción legal en contra de quienes han dañado al gremio minero, pues dice “hay algunas cuestiones que los mismos abogados han planteado porque obviamente se han cometido injusticias”.

Hay que recordar que en 2006, Gómez Urrutia fue acusado de desviar 55 millones de dólares de los trabajadores mineros a sus cuentas personales, cargos por lo que se encuentra exonerado desde agosto de 2014.