“No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria; trabaja, aspira, tiende siempre hacia las alturas”.

Rubén Darío.

La violencia sufrida por la población en Nicaragua en las últimas fechas han evidenciado la falta de oportunidades de desarrollo social y libertad de expresión en todo el país, que en tres meses de protestas han arrojado más de 300 decesos de civiles.

En esta coyuntura han sido los jóvenes quienes han salido a manifestarse contra las violaciones a los derechos humanos y asesinatos ocasionadas por las fuerzas oficiales, lo que ha sido la respuesta ante la nula capacidad del diálogo por parte del gobierno nicaragüense para comprender la realidad en la que está sumido el país. A falta de esfuerzos conciliadores las protestas continúan en quizás uno de los movimientos sociales más importantes en contra del régimen de Daniel Ortega, durante los 27 años que ha gobernado a esta nación centroamericana (1979 – 1990, y 2007 -2018).

Además de la violencia ocasionada por la cerrazón gubernamental, ¿qué tan difícil es ser joven en Nicaragua? De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (PAHO por sus siglas en inglés) este país tiene poco más de 6.3 millones de habitantes, de los cuales 42% es menor de 15 años. Asimismo, uno de cada cinco habitantes está en el sector de 15 a 24 años, lo que da una edad media nacional de 25.7 años.

País de jóvenes, esta población está generando un cambio generacional que no ha sido entendido por las viejas estructuras del poder político, lo cual en parte explica la falta de respuesta a las demandas sociales por parte de la administración pública encabezada por el Presidente Daniel Ortega y su esposa, la Vicepresidenta Rosario Murillo. Cabe destacar que esta nación es una de las cinco con porcentaje de población más joven de todo el continente americano.
El tener una alta proporción de jóvenes en Nicaragua impacta en diferentes aspectos sociales.

En el tema de salud destaca que las jóvenes nicaragüenses tienen su primer hijo en promedio a los 19 años, lo cual está vinculado a una elevada tasa de muertes maternas (150 casos por cada 100 mil nacidos vivos), lo que obliga al gobierno a destinar 9% del Producto Interno Bruto (PIB) en gastos de salud, lo cual resulta contradictorio cuando una de las violaciones a los derechos humanos reclamadas durante las protestas ha sido la negación a servicios de emergencia por personas que han sido lesionadas en estos actos.
El gasto público en salud merma otros sectores de egresos presupuestales, lo que afecta otras carencias de la población, tal como sucede a la educación, la cual únicamente tiene 4.5% del PIB. Además, uno de cada seis nicaragüenses mayores de 15 años son analfabetos, lo que incide en pobres condiciones de calidad de vida.

Estas consecuencias son visibles en la falta de certificaciones que permita a los jóvenes nicaragüenses a acceder a un empleo, ya que 12% de la población económicamente activa de 15 a 29 años en el país están desempleados, lo cual duplica los porcentajes generales en todos los buscadores de empleo del país (6.5%), en una época de aparente bonanza financiera, lejos de los promedios de 46.5% de desempleados registrados durante la crisis de 2008. No obstante, los actuales indicadores de desempleo para los menores de 29 años son más altos actualmente que en la primera década del siglo XXI.

Los jóvenes nicaragüenses han encontrado en la migración una salida a la falta de oportunidades al interior de su patria. La mayoría de los que pueden salir buscan un mejor futuro tanto al norte en Estados Unidos o al sur en Costa Rica factores de superación como empleo, acceso a servicios de salud o educación de una calidad que difícilmente tendrían si continúan viviendo en su país. Lamentablemente, la violencia de los últimos meses hace factible el éxodo como una solución viable.

Además de una baja calidad de vida, los jóvenes nicaragüenses padecen el problema generalizado de la corrupción en su nación. Transparencia Internacional refirió en su informe 2017 que dicho país centroamericano ocupó la posición 151 de 180 países evaluados con un total de 26 puntos sobre 100, es decir, su peor resultado en los últimos cinco años, únicamente superado en todo el continente por Haití o Venezuela.

No es de extrañar esta calificación ya que el gobierno ofrece represión, agresiones y asesinatos en vez de políticas públicas de gobierno abierto, rendición de cuentas, transparencia o acceso a la información.

Es necesario que los diferentes temas de juventud sean colocados en la agenda política de este país, y quizás la falta de adecuación de las viejas estructuras han ocasionado la insuficiencia de que los jóvenes sean escuchados, y ante la falta de diálogo, las protestas se multiplicaron en el país.

Los sueños e ilusiones de millones de menores de 29 años en Nicaragua van más allá de un sentido de pertenencia a instituciones -como las juventudes sandinistas- que no ofrecen todas las soluciones requeridas por este amplio sector poblacional.

Es necesario que el gobierno encabezado por Daniel Ortega ofrezca garantías para la pacificación del país y cambiar las protestas por alternativas que permitan atender de forma multidimensional los aspectos de la vida de los jóvenes nicaragüenses.

Debido a las características sociales particulares de ellos, las soluciones deben ser diversas y amplias, para así atender a la mayor cantidad posible. Y si sus demandas son ignoradas, serán la propia juventud quienes decidan realizar un cambio social, ya que después de las movilizaciones, se han convertido en protagonistas de la acción política.

Posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas. Universidad de Alcalá de Henares.