Froilán Esquinca Cano
El pasado 8 de agosto, el Poder Judicial de la Federación ordenó la liberación de la maestra Elba Esther Gordillo, la otrora líder sindical del poderoso SNTE. Lo anterior evidencia una crisis institucional del gobierno saliente; por un lado, la procuraduría no pudo sostener sus acusaciones y, por otro, como la polémica maestra declaró: “la reforma educativa se derrumbó”.
Mucho se ha especulado sobre supuestos acuerdos en la cúpula del poder con respecto a la liberación de la maestra y su probable regreso al liderazgo del sindicato más numerosos de América Latina. Sin duda alguna, la condición de central de trabajadores organizados coloca al SNTE en una posición real de poder, toca a los agremiados, y solo a ellos, decidir sobre el futuro de su dirigencia.
Vivimos tiempos de cambio, y esos cambios radicales, como Andrés Manuel López Obrador lo ha afirmado, implican un respeto absoluto a la separación de poderes; por más que algunos sectores consideren necesaria la intervención del Estado en los asuntos sindicales, son los trabajadores los que deberán tomar las riendas de sus dirigencias, aunque parece ser clara la consigna, el gremio completo del magisterio, sin importar la denominación de la organización, exige que se derogue la reforma educativa del gobierno federal.
Es inconcebible que se busque responsabilizar de los fracasos sexenales a líderes sindicales, el poder del Estado es mayúsculo y no es un secreto que ha utilizado las centrales obreras y campesinas para operar políticas públicas, una de ellas la educación.
El gobierno federal se ha manifestado por mantener un dialogo con todos los actores involucrados para revertir e impulsar una nueva reforma educativa, la maestra Elba no es el tema central de la educación en México, en todo caso lo es para los agremiados al SNTE.
Lo que verdaderamente atañe al gobierno federal es la encomienda de articular políticas públicas que mejoren la educación en México, lo que incluye mejoras en las condiciones generales de trabajo, pero también un mejoramiento de los métodos de enseñanza, acorde con el mundo competitivo en que vivimos, pero sin dejar de lado los valores identitarios que nos definen como nación.
La labor de educar corresponde al Estado, es con la educación que México saldrá adelante, evidente es que se ha fallado durante sexenios, que se han desaprovechado los recursos para tan nobles y fundamentales fines. Colocados en este tránsito histórico nos encontramos frente a una invaluable oportunidad de garantizar un cambio de concepciones y paradigmas que han marcado a la población por generaciones.
Gran parte de la herencia del sexenio que está por iniciar será definida por los logros en materia de educación, para llevarla a buen término se necesita un cambio de enfoque, como en las relaciones del magisterio con las instituciones estatales y, más aún, la implementación de nuevas tecnologías y el acercamiento hacia concepciones más sustentables que entrañan justicia y valores imprescindibles para México y la humanidad, tal como nos hemos comprometido al vincularnos a los ODS 2030.
Una de las acciones que se requieren para la nueva reforma educativa es la dignificación de los trabajadores de la educación, eso a que muchos sectores llaman privilegios no es más que seguridad laboral básica y mínima a la que toda persona tiene derecho. Por su parte el nuevo gobierno deberá actuar con mano abierta y no con puño cerrado para lograr redefinir la concepción del maestro y de la escuela con la mayúscula importancia que tienen al ser el articulador donde las generaciones venideras aprenderán a transitar hacia un modo de vida sustentable.
A los profesores de todas las corporaciones, con independencia de las grandes diferencias ideológicas que abanderan les digo que se encuentran en un momento en el que es fundamental la unidad gremial, son imprescindibles para el futuro del país y no se puede concebir la implementación de una nueva reforma educativa sin la participación uniforme de los maestros.
