La semana pasada, la Secretaría de Hacienda publicó el informe sobre el estado de las finanzas públicas al segundo trimestre de 2018. En lo general, puede resumirse en una reducción de los ingresos presupuestarios respecto al mismo periodo de 2017, así como en la ampliación del gasto y la deuda pública.
Lo bueno: en un análisis primario los resultados al primer semestre del año en curso fueron mejor de lo programado por Hacienda. Asimismo, el balance presupuestario (ingreso-gasto) ha sido positivo en lo que va de 2018 y durante 2017, en contraste con los resultados observados durante los años de 2009 a 2016 en los que arrojaron un déficit. Esta valoración parcial indica una mejora del estado de las finanzas públicas.
Lo malo: se observa un estancamiento en los ingresos tributarios que al cierre alcanzaron la cifra de 2.50 billones de pesos que representan 6.7 por ciento del PIB. Comparado con el mismo periodo de 2017, los ingresos fueron de 2.65 lo que significó la misma proporción respecto del PIB —6.7 por ciento—. No obstante, debe advertirse que en 2016, los ingresos representaron 6.9 por ciento del tamaño de la economía.
Adicionalmente, el gasto público se incrementó pasando de 2.53 billones de enero a junio de 2017 a 2.79 billones en lo que va del presente ejercicio fiscal. Esto significa un tamaño de gasto que representó 11.6 por ciento del PIB en 2017, y ahora, 11.9 por ciento.
Lo feo son los requerimientos financieros del sector público que alcanzaron 10.4 billones de pesos, lo que equivale a poco menos del doble del presupuesto de egresos de la Federación aprobado para 2018. Este comportamiento ha ido al alza consistentemente; en los últimos cinco años, ha crecido de 6.5 billones en 2013 a 10.0 al cierre de 2017.
Lo rescatable en este aspecto es que se espera que la deuda, como porcentaje del PIB, se ubique al cierre del año 2018 en 45.5 por ciento, monto menor comparado con 2017 donde se posicionó en 46 por ciento.
El debate surgido en relación con las cifras de ingresos y egresos debe ser abordado detenidamente, con el objetivo de mantener un equilibrio presupuestario. En este mismo tenor, habrá que ser cautos respecto al endeudamiento público cuyo costo ha aumentado debido al alza de las tasas de interés.
En este sentido, es prioritario realizar una reforma hacendaria integral que mejore la capacidad de recaudación del país, a través de la ampliación de la base contributiva y el establecimiento de impuestos progresivos.
Asimismo, el ejercicio público responsable implica un gasto eficiente y eficaz que potencie la inversión en infraestructura pública que dinamice los sectores productivos estratégicos.
Finalmente, la coyuntura política, económica y social demanda con mayor fuerza la constitución de un consejo fiscal independiente que recomiende medidas que prioricen la inversión pública, pero sin frenar el ejercicio del gasto. De la misma manera, esta figura institucional deberá ser diseñada de tal forma que promueva y vele por una efectiva rendición de cuentas.
El balance de la cuenta pública al primer semestre de 2018 y en general de los últimos cinco años nos invita a reflexionar y, más que ello, a exigir medidas oportunas en la materia.
