“Hay una grotesca desproporción entre la influencia profunda que la política europea tiene sobre nuestras vidas y
la escasa atención que se le presta en cada país”. Jürgen Habermas.
Los países pertenecientes a la Unión Europea (UE) tuvieron como una característica en distintos casos ser colonizadores de regiones en otros continentes. Si bien después de la Segunda Guerra Mundial esta tendencia disminuyó, aún existen posesiones de ultramar con dependencias de países integrantes como Francia, Holanda o Reino Unido.
En ese sentido, al formarse la UE se incluyeron estas zonas como parte de los acuerdos comunitarios, pese a que no estaban situados en el viejo continente.
Por tanto, la influencia y peso de las decisiones europeas tuvieron consecuencias en zonas que dependen de esas metrópolis, pero que no forman parte de la eurozona, tales como las colectividades territoriales francesas (Saint Martin, San Bartolomé, Guadalupe, Guyana o Martinica), Groenlandia (Dinamarca), Aruba y territorios neerlandeses (Holanda) o los asociados al Reino Unido.
Si bien los gobiernos, dependencias e incluso la moneda del euro circulan en algunos de estos territorios, son excluidos de los beneficios de la UE; por tanto, ¿qué desafíos enfrentan los territorios europeos de ultramar no incluidos en la eurozona?
Es evidente que estas regiones dependen aún de los recursos europeos para su viabilidad económica, además de que en el mejor de los casos son territorios autónomos, pero con vinculación gubernamental con países europeos.
Ejemplo de esto fue la emergencia vivida en las Antillas el año pasado con las consecuencias del huracán Irma, y que, pese al apoyo recibido por las metrópolis, aún están en etapa de reconstrucción.
La división también ha propiciado que, aunque los ciudadanos de las antiguas colonias tienen derechos políticos similares a los del viejo continente, son excluidos de los beneficios que pudiesen tener en caso de ser considerados de la UE, lo cual genera cierta exclusión, pero fortalece los derechos locales, por lo que una eventual reforma política fortalecería los derechos de los habitantes de los territorios de ultramar.
No obstante, la exclusión abre oportunidades de fortalecer sus propias administraciones con procesos que reafirman cierto grado de soberanía, por lo que es posible acuerdos de independencia de las regiones de ultramar dependientes de países de la UE. Por lo que el no reconocimiento ha fortalecido las políticas públicas regionales en temas como transporte, seguridad pública o migración.
Una posible solución a estos desafíos es que los Países Parte de la UE reconozcan a las demarcaciones dependientes como parte integral de su territorio, tal como sucede con España y las islas Canarias, o Portugal con las Islas Azores; por lo que habría oportunidades en el reconocimiento de prerrogativas y derechos a los habitantes de naciones del Caribe y Oceanía, que aún son gobernados desde Europa y que difícilmente entrarán en un proceso de independencia.
La herencia histórica del colonialismo aún tiene efectos en el siglo XXI que se ha caracterizado por la integración de políticas y acuerdos entre diferentes países, pero dejando problemas sociales de varios siglos aún sin solucionarse en el caso de las antiguas colonias.
También es preocupante que gran parte de estas regiones no son reconocidas como territorios no autónomos en proceso de descolonización por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en parte por los avances en el ejercicio de la soberanía local en demarcaciones holandesas y francesas principalmente, al contrario del estatuto que rige a las antiguas colonias británicas. Por lo que no existen soluciones únicas y cada entidad tendrá situaciones particulares a analizar.
Si bien la Unión Europea es un ejemplo de formación comunitaria que ha impulsado la eliminación de fronteras y una mejor relación entre la población, no sucede lo mismo con las islas caribeñas bajo la administración de capitales del viejo continente, en la que sus habitantes sí requieren del pasaporte y autorización de entrada entre otros requisitos para transportarse. Por lo que aún falta legislar y aplicar decisiones que permitan a la población de los territorios de ultramar el ejercicio de sus derechos.
En el caso de Oceanía únicamente la Polinesia Francesa y Nueva Caledonia se encuentran en el estatus de territorio no autónomo por parte de la ONU, ya que Pitcaim depende del Reino Unido -con las consecuencias que el Brexit pudiera tener-, mientras que Tokelau es administrado por Nueva Zelandia, y Guam y Samoa Americana por Estados Unidos.
Por tanto, el problema de no considerar a las regiones de ultramar como parte de la UE es un problema transcontinental, y que aún es incierta la viabilidad de independencias como países libres, o la continuidad con autonomías, pero con relaciones de dependencia administrativa con capitales europeas.
Pese a la relación importantísima entre la Unión Europea y el Caribe, y los intereses de la UE en la zona como puerta de entrada hacia América Latina, aún hay pendientes que resolver entre los territorios de ultramar y los países europeos.
El reconocimiento pleno de sus derechos permitirá enaltecer el espíritu de cooperación transnacional, además de acabar con las diferencias entre las nacionalidades de los ciudadanos.
El autor es posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas. Universidad de Alcalá de Henares.
