La innegable crisis de seguridad en que está inmerso el país requiere políticas públicas serias y eficaces, dejar atrás la retórica y la descalificación para formar un frente común cuyo único fin sea el de alcanzar la seguridad de la población. Se requieren acciones pragmáticas en las que se establezca una estrecha colaboración entre los diferentes ámbitos de gobierno.
La política pública de seguridad de la siguiente administración para enfrentar el crimen organizado requiere de cambios urgentes en la estrategia, en el modelo policial y también una depuración de los servidores públicos en todos los niveles. Se requiere —reitero— la elaboración de políticas públicas que prioricen las acciones en materia de inteligencia policial y financiera, fortaleciendo la colaboración entre las diferentes instituciones y ámbitos de gobierno, que propicie acciones anticipadas y no solo reactivas.
Se debe priorizar el combate eficaz al lavado de dinero. Asimismo restructurar el sistema de aduanas en las fronteras, puertos y aeropuertos, para evitar el ingreso ilícito de armas, efectivo y sustancias prohibidas en nuestro país.
Se deben depurar las corporaciones policiales de la federación, así como las estatales y las municipales para evitar la infiltración de delincuentes, mediante la aplicación, con todo rigor, del Sistema de Control de Confianza a los mandos medios y superiores para poner fin a la cadena de complicidades y corrupción, abatir la impunidad y crear una policía federal confiable. Esta acción debe complementarse con el establecimiento de protocolos uniformes, claros y obligatorios para los elementos de todas las corporaciones.
Es necesario y urgente generar mejores condiciones económicas de vida para la población en general, la creación de empleos y espacios educativos para evitar que los jóvenes sean seducidos por los grandes beneficios económicos que dejan estas actividades ilícitas, u obligados a buscar ingresos de manera ilícita debido a la marginación y el desempleo. La política pública de prevención de adicciones debe entenderse como un problema de salud pública.
Cuando se aborda el tema de la seguridad pública, necesariamente surge el de la inseguridad, entendido éste como la serie de hechos recurrentes de desorden, vacíos de autoridad, deterioro y abandono de espacios públicos, esto es, la incultura opuesta a los valores morales y, desde luego, la impunidad, ese cáncer social que nos corroe.
La adecuación del marco jurídico debe respetar la esfera de protección jurídica de los derechos humanos frente a la acción punitiva del Estado. Para alcanzar los objetivos de la seguridad pública es necesario un Estado de derecho democrático.
Los poderes públicos y sus instituciones, así como el pueblo de México, comparten la idea de que en todo Estado de derecho, donde se salvaguardan las garantías y libertades fundamentales, el respeto a la ley constituye la plataforma de legitimidad de los gobiernos democráticos que propenden a la armonía, el progreso, la paz, la justicia social, la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos. En conclusión, requerimos construir con el consenso social una política de Estado.
