Un corazón recto es el primer
órgano de la virtud.
Rousseau
Este próximo 17 de septiembre, la Ciudad de México se transformará en una entidad soberana con la entrada en vigor de su Constitución política y la toma de protesta a la I Legislatura de su primer Congreso Legislativo, eventos que deben revestir singular e histórica importancia para los habitantes de la capital de la república, quienes han debido sortear diversas condiciones jurídicas inaplicables al resto de la población de la república.
Con estos actos se concretarán largas luchas legislativas, entre las que destacamos las emprendidas en su momento por constituyentes de la talla de Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, José María del Castillo y Francisco Zarco, entre otros de los constituyentes de 1857, quienes abogaron por otorgarnos a los capitalinos derechos políticos plenos en concordancia con el espíritu liberal y de igualdad jurídica que caracterizó el texto constitucional que años más tarde sería defendido por Carranza ante el artero golpe de Estado perpetrado por Huerta y sus secuaces.
Durante el constituyente de 1917, el tema de los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal fue motivo de una sólida defensa encabezada por José Múgica, cuyos argumentos no logaron romper con el atavismo imperante en un sector mayoritario de los legisladores, para los cuales los intereses de la federación se imponían por sobre los de los pobladores del territorio en el que se afincaban los poderes federales.
Apabullada por esta pragmática, la vida política de la capital se constreñía a una municipalización en franca simulación y dependencia a las ordenes de la Presidencia de la República, hecho que fue regulado con la reforma impulsada por el candidato presidencial electo Álvaro Obregón, a quien el debemos la supresión del régimen municipal y la consagración de la dependencia político administrativa del Distrito, sus 13 delegaciones y el territorio denominado Ciudad de México.
De los escombros provocados por los sismos de 1985, surgieron vigorosas actitudes ciudadanas que no solo reconstruyeron la ciudad devastada, sino que exigieron la recuperación de los derechos políticos de los capitalinos, obligando a las autoridades federales a emprender una reforma política que requirió 32 largos años para convocar a un Constituyente, decretar un pacto constitucional el 5 de febrero de 1917, programar un lapso de más de 17 meses y medio para su entrada en vigor y para enfrentar una serie de impugnaciones constitucionales que pusieron en vilo el arduo trabajo de las y los constituyentes, quienes el pasado 23 de agosto recibieron con júbilo la determinación de la Corte a favor del marco de derechos básicos objetados por la Procuraduría General de la República.
Recurriendo al padre del contrato social, Juan Jacobo Rousseau, la ratificación de la ciudad como capital de derechos es posible al afirmar que la virtud de esa sentencia es expresión de la rectitud de corazón de los ministros de la Corte.
