El pasado miércoles 19 de septiembre se conmemoraron treinta y tres años de los sismos de 1985 y el primero del de 2017. Los sismos de 1985 permanecen en la memoria colectiva como un momento trascendente en la historia de nuestra ciudad y del país; de las ruinas de los cientos de edificios derrumbados surgió la sociedad civil, la misma que tres años más tarde tomaría las plazas y las calles en defensa del voto. El sismo del año pasado continúa como un expediente abierto, las autoridades no pueden decir ni cuantos damnificados fueron, ni el número de construcciones dañadas, demolidas o reparadas. Somos muy buenos para las labores de rescate, pero muy lentos para la reconstrucción.
Ante este panorama, sin que las autoridades federales y locales de las entidades afectadas eludan sus responsabilidades, la nueva administración federal está comprometida con la atención a los damnificados y con la construcción de una nueva cultura de la protección civil. El Estado mexicano tiene una deuda con los afectados de los sismos, resulta inaceptable que en la Ciudad de México, familias completas sigan viviendo en la calle o no hayan recibido ningún apoyo o que la demolición de las construcciones dañadas siga pendiente; que las autoridades hayan permitido que vivales y estafadores hayan engañado a los damnificados, que se desconozca la aplicación de los recursos recaudados en México o provenientes del extranjero.
Con la llegada del nuevo gobierno de la república existirá la oportunidad, como nunca antes, de cambiar y poner en práctica políticas públicas en materia de protección civil, prevención de desastres y apoyo a damnificados. Necesitamos revisar y, en su caso, reformar nuestro marco legal para atender desastres naturales, por ello sería conveniente impulsar una nueva Ley de Protección Civil, como un marco legal que posibilite con recursos financieros, tecnológicos y humanos, la atención y protección de la población en casos de desastres, para que las autoridades tengan mayor capacidad de reacción en auxilio de la población afectada.
Consideramos necesario revisar, transparentar y fortalecer el Fonden y otros fondos y recursos para contingencias.
Los poderes del Estado mexicano, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben tener la capacidad de escuchar y atender a las víctimas en su ámbito de competencia. Hablo de apoyar a los cientos, quizá miles de familias que perdieron su hogar o su empleo y que aún no han recibido la atención necesaria.
Resulta pertinente que los titulares de organismos y dependencias que participaron en la atención y en las labores de reconstrucción expliquen el estado que guarden estas labores. No podemos permitir que el abandono continúe, es una vergüenza que muchos de los damnificados padezcan verdaderos viacrucis burocráticos, cuando deben ser las autoridades las que acudan en apoyo de la población.
Las autoridades deben transparentar el destino de los recursos que fueron donados para los damnificados, particularmente los que provinieron del extranjero. También resulta necesario que esta legislatura revise las normas federales y locales, para que las construcciones y obras de infraestructura pública y privada se realicen de acuerdo con los más exigentes estándares a prueba de sismos y para evitar cualquier forma de especulación inmobiliaria.
No podemos predecir cuándo volverá a temblar, lo que sí podemos hacer es generar las mejores condiciones para enfrentar estos fenómenos de la naturaleza.
@MBarbosaMx
