El diputado federal por el PRI, Luis Enrique Miranda Nava, exsubsecretario de Gobernación, aseguró que entre el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, hay un “acuerdo” para que el tabasqueño nombre al Fiscal General y entonces sí se pueda investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

A unas horas de que se cumplieran cuatro años de la desaparición de los normalista, en la sesión ordinaria del 25 de septiembre en la Cámara de Diputados, Miranda fijó la posición de su Grupo Parlamentario sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Dijo que la noche del 26 de septiembre quedará en la memoria de México como un episodio trágico. “Los involucrados señalaron a la policía municipal de Iguala como los autores del crimen; asimismo se dieron todas las libertades para la investigación, nadie nunca quedará satisfecho con los resultados por más alejados o apegados a la verdad; por ello, está en las manos de este Congreso y del próximo Fiscal General, encontrar la verdad”.

Agregó que por tal motivo, el Ejecutivo Federal en acuerdo con el presidente electo, estableció que sea López Obrador quien nombre al Fiscal General de la nación. Claro –dijo- con la mayoría que tiene Morena, pero sobre todo, con el apoyo de todas las bancadas parlamentarias.

El diputado Miranda Nava aseguró que una vez que el Congreso elija al nuevo fiscal, éste y los jueces tendrá toda la libertad de investigar, reinvestigar todos y cada uno de los 150 tomos y actuaciones del caso Iguala para dar su veredicto final, pero mientras esto sucede no permitirá que digan que el Presidente y las Fuerzas Armadas son “cobardes”, cuando los últimos han ayudado al país y muchos de los presentes “no llevaron ni una torta siquiera a la búsqueda del rescate (en Iguala)”.

En el Senado

En paralelo, en el Senado de la República, la bancada de Morena presentó una iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República para impedir la migración de personal de la Procuraduría General de la República (PGR) a la nueva fiscalía. Sin embargo, la iniciativa no contempla modificar el artículo 102 constitucional para nombrar al fiscal.

Indica que el fiscal será nombrado a partir de una lista de 10 aspirantes que será enviada al Ejecutivo, quien definirá una terna de candidatos a la Cámara Alta. Asimismo, establece los lineamientos para que éste pueda ser removido por causas graves como incumplir los objetivos del plan de Persecución Penal, ataque as las instituciones y que tolere violaciones a los derechos.

Esta iniciativa está suscrita por los senadores morenistas, Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero –próxima secretaría de Gobernación- y Julio Menchaca Salazar.

(con información de El Universal y Cámara de Diputados)