La Corte Penal Internacional ha sido un organismo encargado de perseguir y condenar crímenes, cometidos por individuos en abierto desafío al Derecho Internacional. En 2001, sometió a juicio al ex presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, por genocidio en la guerra de Kosovo. El presidente sudanés, Omar al-Bashir también fue señalado por el mismo cargo en el conflicto de Darfur. En 2016, condenó a Jean-Pierre Bemba, el ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, por crímenes sexuales y de género. En todos esos casos, Estados Unidos aprobó las decisiones y las elogió, pero este martes decidió retirar el apoyo a la corte de La Haya, debido a una serie de investigaciones que realiza sobre crímenes cometidos por el ejercito norteamericano en Afganistán.

“Estados Unidos utilizará cualquier medio que sea necesario para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados contra las acusaciones injustas de este tribunal ilegítimo”, señaló John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump. “No cooperamos con la CPI. No le prestaremos asistencia. No nos uniremos a ella. Dejaremos que muera ella sola. Después de todo, la CPI ya está muerta para nosotros”, puntualizó.

LA CPI, con sede en La Haya, investiga desde 2016 decenas de casos en los que soldados estadounidenses cometieron excesos durante operaciones realizadas en Afganistán, muchas de ellas con lujo de violencia dirigidos a afectar la dignidad básica de las víctimas. La actual fiscal de la corte, Fatou Bensouda, señaló que la investigación alcanza no sólo a las fuerzas armadas sino a la CIA, aunque también a las fuerzas talibanes y del gobierno afgano.

Bensouda asegura tener casos de trato cruel y ofensa a la dignidad de la persona en al menos 61 víctimas, las cuales fueron detenidas y torturadas. “Estos crímenes fueron cometidos para aplicar una o varias políticas con el objetivo de obtener informaciones mediante técnicas de interrogatorios basadas en métodos crueles o violentos para servir a los objetivos estadounidenses en el conflicto en Afganistán”.

Bolton amenazó con tomar medidas drásticas contra la CPI si insiste en continuar con la investigación. De entrada, señaló que impondrá sanciones financieras que podría afectar las operaciones del organismo. Indicó que estas se extenderían a cualquier país que colabore “con una investigación de la CPI contra ciudadanos estadounidenses”. Asimismo, advirtió que también buscará medidas para impedir que terceros países entreguen a ciudadanos estadounidenses al tribunal de La Haya.