En la célebre novela 1984, George Orwell describe el funcionamiento de una sociedad distópica regida por cuatro instancias de poder: el ministerio del amor, el ministerio de la paz, el ministerio de la abundancia y el ministerio de la verdad. Este último es el más relevante de todos ellos ya que su cometido consiste en manipular evidencias, historias y narrativas para construir e imponer en la psique de los ciudadanos las versiones oficiales proclives a los intereses de los gobernantes.

Así ocurrió con la infame masacre del 2 de octubre de 1968. A fin de tender una cortina de humo sobre la realidad de este atroz acontecimiento, el régimen de Díaz Ordaz tramó y difundió, incluso a escala internacional, la magna mentira de que los líderes del Movimiento Estudiantil habían instrumentado un plan subversivo concebido en Checoslovaquia y Cuba para instaurar la dictadura del proletariado.

A 50 años de distancia las cosas no han cambiado ni un ápice. A lo largo de la embestida mediática que antecedió al sexto informe de gobierno, Peña Nieto echó mano de ese recurso fascistoide, y sin pudor alguno defendió a capa y espada la “mentira histórica” orquestada por su gobierno en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según la cual los jóvenes habrían sido sacrificados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, a manos de sicarios de un grupo local del crimen organizado.

Las versiones facciosas tarde o temprano se derrumban estrepitosamente. Así ocurrió con la falaz versión gubernamental sobre la aciaga noche de Tlatelolco. Hoy existe plena conciencia de que la matanza de estudiantes indefensos fue constitutiva del crimen internacional de genocidio, pues así quedó establecido en la sentencia definitiva emitida por el Poder Judicial de la Federación, en tanto que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales fue reformada para agregar a la lista de fechas de luto nacional el 2 de octubre, “aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968”.

La inaudita apología hecha por el presidente saliente en el marco de su último informe de labores también ha sido defenestrada. En el acto de presentación del informe sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el presidente de la CNDH descalificaron totalmente la “verdad histórica” de la PGR, por considerarla carente de bases científicas, y exigieron al nuevo mandatario que se abra una nueva investigación apegada a parámetros de independencia.

Tramar, sostener y defender a ultranza una “mentira oficial” en relación con hechos que son tipificatorios de un crimen de lesa humanidad contemplado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no es, no puede ser, un mero desvarío gubernamental. Sin lugar a dudas, amerita investigar y llevar ante la justicia a los responsables directos y por cadena de mando de este brutal ataque al derecho humano a la verdad.