Después de años de dudar o confirmar que el voto en las urnas no era del todo respetado, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador se vislumbra la llegada a un verdadero proceso democrático en el que será el pueblo el que tome las decisiones más trascendentes del próximo gobierno, pero no todas…

Algunas cuestiones de la administración pública deben someterse a votación, y otras deben ser competencia de especialistas, pues quienes dimos nuestro voto a la coalición Juntos Haremos Historia debemos confiar en que tanto integrantes del Poder Legislativo como del Ejecutivo tomarán las mejores decisiones para el país. De otra forma, si a cada paso se pidiera una opinión, sería imposible gobernar.

 

De política y asesorías científicas

En este periodo sui géneris de transición, en el que la administración saliente ya no cumple cabalmente sus funciones y la entrante tan solo da lineamientos, sin la posibilidad de cumplirlos o darles seguimiento, nos encontramos en un compás de espera (impasse) de inquietudes y dudas para los ciudadanos.

Una de las cuestiones que ha causado más dudas e incertidumbre entre los grupos polarizados de la sociedad (los pro AMLO y los anti AMLO) es la idea de llevar a consulta pública la continuación del proyecto de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco o de adaptar el de Santa Lucía y el actual aeropuerto.

No se trata únicamente de una cuestión política, ya que involucra aspectos técnicos, tecnológicos y ambientales, de tal forma que la decisión debería tomarla el gobierno entrante luego de valorar los criterios científicos, técnicos, tecnológicos, ambientales, sociales, culturales y políticos, en ese orden de importancia, ya que los dictámenes de expertos han valorado los pros y contras de las dos opciones.

Específicamente, el Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación, de la Corporación MITRE, ha señalado que la operación simultánea del actual aeropuerto de la Ciudad de México y del de Santa Lucía es incompatible por conflictos de operación y seguridad de la navegación aérea, pues podría haber un grave accidente.

En ese orden de ideas, los dictámenes de la Academia de Ingeniería, del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros también plantean objeciones para el nuevo aeropuerto y para Santa Lucía, con consideraciones de todo tipo: hidrológicas, geológicas, de impacto ambiental, de ordenamiento urbano, de financiamiento y de capacidades de tráfico de pasajeros, entre otros aspectos.

A partir de los dictámenes ya entregados, el equipo de expertos y asesores de López Obrador debería hacer una valoración y tomar una decisión, pues 53.19 por ciento de los electores (30.11 millones de personas) le dio su voto, por lo que confía en sus decisiones.

 

Cuando la ciencia se somete a votación

Pero si todavía se necesitaran más dictámenes, el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, que es el órgano asesor científico del más alto nivel, y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo, podrían emitir sus consideraciones, previa aquiescencia de la Presidencia.

De esta forma, cabría recordar que: “Es cosa de los técnicos emplear el conocimiento científico con fines prácticos, y los políticos son los responsables de que la ciencia y la tecnología se empleen en beneficio de la humanidad. Los científicos pueden, a lo sumo, aconsejar acerca de cómo puede hacerse uso racional, eficaz y bueno de la ciencia”, como refiere Mario Bunge en su libro La ciencia, su método y su filosofía.

Con todos esos elementos podría evitarse llegar a una consulta pública en la que la ciencia, la técnica y la tecnología fueran objeto no de una valoración crítica, sino de un voto de complacencia (“¿le gusta o no este dictamen?”). Y claro, la consulta pública eximiría de responsabilidad a quienes deben decidir sobre la conveniencia de la construcción del aeropuerto de Texcoco, pues el “pueblo sabio” habría decidido.

Si se lleva a cabo la consulta pública, independientemente del resultado, comprobaríamos que el próximo gobierno, como los anteriores, no valora la importancia del conocimiento científico, técnico y tecnológico, ya que los dictámenes de expertos entrarían a un concurso de popularidad, en lugar de que pudieran ser ponderados y analizados objetivamente por otros expertos en la materia.

Sin embargo, todavía se está a tiempo de reconocer que: “Además de constituir el fundamento de la tecnología, la ciencia es útil en la medida en que se la emplea en la edificación de concepciones del mundo que concuerdan con los hechos, y en la medida en que crea el hábito de adoptar una actitud de libre y valiente examen, en que acostumbra a la gente a poner a prueba sus afirmaciones y a argumentar correctamente”, como plantea Bunge en la obra citada.

Si López Obrador desiste de la consulta pública sobre el aeropuerto, recibirá críticas de sus detractores que dirán que no cumple sus promesas, pero también se confirmaría que el presidente electo sabe escuchar y rectificar. Entonces podríamos empezar a tener como presidente a un hombre de Estado.

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f/René Anaya Periodista Científico