Kenia López Rabadán
La desigualdad entre la mujer y el hombre es histórica y el camino al acceso de las mujeres a puestos de decisión y, claro, a puestos de elección popular ha sido, por decir lo menos, largo y tortuoso. Por lo anterior, se han ido creando diversas acciones afirmativas con el objetivo de adoptar medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre ambos sexos.
La paridad de género con la que cuenta actualmente el Congreso de la Unión es un paso más hacia la igualdad sustantiva; sin embargo, todavía es necesario eliminar barreras e impulsar la equivalencia de oportunidades entre una mujer y un hombre.
Un ejemplo de la reticencia de aceptar a las mujeres en los espacios de decisión se observa en la difícil aceptación que tuvo la implementación de las candidaturas paritarias en los puestos de elección popular, ya que primero se trató de no cumplirla, después aparecieron las legisladoras Juanitas, con posterioridad se otorgaron los distritos menos competitivos de los partidos políticos a las mujeres y, apenas hace unos días, llegamos al extremo de que aparecieran candidatos hombres intentando engañar a las autoridades electorales para que fueran registrados como transgénero.
Un país de vanguardia como el nuestro requiere reconocer los talentos de todas y todos —mujeres y hombres— por igual, por ello es necesario que nuestras autoridades reflejen la conformación de géneros que existe en nuestra sociedad, estableciendo por ley la obligatoriedad de paridad en los órganos de decisión del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos públicos autónomos, en nuestra Constitución.
Es importante señalar que, para garantizar la igualdad de género en el ejercicio del poder público, la paridad no puede limitarse simplemente a las candidaturas en los cargos de elección popular del Poder Legislativo, como sucede actualmente en los ámbitos federal y local en nuestro país.
Igualmente, deben dejar de existir disposiciones legales que simplemente sugieran que debe existir paridad de género en los cargos de decisión en las instituciones; es decir, deben eliminarse artículos que están sujetos a la buena fe de quien hace la designación de dichos cargos. Un ejemplo de lo anterior se observa en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en donde el artículo 6 de nuestra Constitución establece: “en la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género”, cuestión que no debe acontecer, por lo que se hace necesario que se modifique la palabra “procurará” por “garantizará”.
La propuesta del PAN para lograr la paridad de género en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno no es nueva, la hemos impulsado en diversas legislaturas de este Congreso de la Unión y tuve la oportunidad de llevarla como diputada en la Asamblea Constituyente que se encargó de analizar, discutir y aprobar la primera Constitución de la Ciudad de México y en donde debido a la generosidad de diputadas y diputados constituyentes se logró que la mitad de los cargos de decisión de los tres poderes locales y en los organismos públicos autónomos locales sean para mujeres.
El 6 de septiembre de 2018 presenté una propuesta para llevar la paridad a la integración del Poder Ejecutivo, en el gabinete, en el Legislativo a las y los diputados y a las senadoras y senadores del H. Congreso de la Unión. En el Judicial me refiero a las y los ministros, a las y los jueces de distrito y magistradas y magistrados de circuito y electorales, así como al Consejo de la Judicatura Federal.
En los organismos públicos autónomos me refiero a los órganos de dirección del Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comisión Federal de Competencia Económica, Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Telecomunicaciones. Igualmente, se refiere al Tribunal de Justicia Administrativa y al Tribunal Superior Agrario.
La situación de la mujer en varias de las instituciones señaladas con anterioridad es preocupante, ejemplo de ello se observa con la solicitud de información que hice al Consejo de la Judicatura para saber cuántas mujeres son ministras, magistradas y juezas en el Poder Judicial de la Federación, en donde se contestó que de 11 ministros 9 son hombres, de 876 magistrados de circuito 714 son hombres y de 581 jueces de distrito 444 son hombres. Igual ocurre en el Consejo de la Judicatura Federal en donde de 7 integrantes 5 son hombres.
Empero, no podría decirse que no existen mujeres preparadas para acceder a ser ministras, juezas de Distrito o magistradas de Circuito, ya que de conformidad con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2018 realizado por el INEGI, existen 48,125 servidores públicos adscritos al Poder Judicial de la Federación, en donde 23,030 son hombres y 22,589 son mujeres.
Es decir, prácticamente existe paridad de género en los cargos inferiores, como secretarios de acuerdo, actuarios, proyectistas y demás servidores del Poder Judicial; sin embargo, a la hora de acceder a los cargos superiores en la impartición de justicia el porcentaje de mujeres disminuye preocupantemente.
Misma situación reportan los tribunales que no pertenecen al Poder Judicial, como el Tribunal de Justicia Administrativa, en donde de 189 magistrados 111 son hombres y 71 son mujeres o el Tribunal Agrario en donde de 70 magistrados 45 son hombres y 25 son mujeres.
Por su parte, la situación en el Poder Ejecutivo no es mejor, ya que actualmente de 19 dependencias 16 son dirigidas por hombres.
En los organismos públicos autónomos también existen casos preocupantes, como el del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde de 7 comisionados 6 son hombres y esa única mujer se encuentra cerca de concluir su mandato, por lo que propuse que el Senado nombre a una mujer a efecto de no perder la presencia femenina en dicha institución.
Senadora de la República
