Roberto Fuentes Vivar
La historia de la represión en el mundo se repite constantemente. La principal razón es que en muchos países los políticos quieren mantener el poder a toda costa, por lo que tratan de frenar a sus enemigos con cualquier pretexto.
En el caso concreto de Guatemala, el pretexto para mandar a la cárcel a cientos de personas es la existencia de “cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos”, medida por la que cientos de ciudadanos guatemaltecos, sin proceso legal alguno, están en prisión desde hace varios años en condiciones deplorables y fuera de toda norma que respete los Derechos Humanos.
El 1 de agosto de 2007, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) un organismo internacional dependiente de las Naciones Unidas, para luchar contra la impunidad y los cuerpos ilegales de seguridad. A través de esta institución permanecen en la cárcel sin el debido proceso desde presidentes de la República, ministros de estado, un gobernador del Banco Central de Guatemala, decenas de funcionarios públicos de distintos niveles hasta trabajadores de rangos bajos de instituciones públicas, empresarios y ciudadanos, la mayoría de ellos con el único pecado de estar en el momento y el lugar equivocado.
La política que se sigue en Guatemala es semejante a la que vivió Francia en la Revolución de 1789, cuando Maximilien de Robespierre se convirtió en líder de los jacobinos y se alzó contra el poder para establecer una dictadura del terror. Inicialmente Roberpierre mantenía una postura democrática, tolerante y favorable a los sectores oprimidos de la sociedad, pero al concentrar todo el poder gubernamental abusó de sus funciones hasta que la Convención lo mandó a la guillotina en forma semejante a la que él mandó a la muerte a quienes se alzaron contra su política de terror.
El nuevo Robespierre en Guatemala ni siquiera es guatemalteco, sino colombiano, se llama Iván Velázquez Gómez y es el comisionado de la CICIG. Este organismo tiene facultades políticas y policiales por encima de la ley, por lo que goza de impunidad total y comete todo tipo de arbitrariedades. Ya lo decía Lord Acton: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Esto es precisamente lo que sucede con Iván Velázquez pero tal parece que ni se da cuenta de lo que provocan sus actos.
Con el supuesto objetivo de acabar con la corrupción y la impunidad, Velázquez Gómez ha mandado a la cárcel a más de 350 personas, de las cuales cerca de 216 se encuentran en una cárcel improvisada e ilegal en el complejo militar Mariscal Zavala. Pero lo que es más raro es que después de varios años de permanecer cientos de personas en la cárcel, producto de las políticas de la CICIG, no les han podido probar acto ilícito alguno.
La CICIG en la práctica es un Estado o un poder que está por encima del poder institucional, incluyendo al presidente de la República. La Constitución de Guatemala no reconoce un organismo externo que pueda estar por encima de las leyes y de la política interna, pero ahí está desde hace diez años y el mal que ha causado al país es mucho peor al que idealmente trató de resolver. Lo mismo pasó con Robespierre en la Francia revolucionaria.
Mucha gente de bien está en Mariscal Zavala, algunos desde hace cinco o seis años. Lo que tienen en común la gran mayoría de las personas en esta cárcel es que están en “prisión preventiva”; es decir, sin ser juzgados. A estos ciudadanos no los han podido juzgar porque las pruebas con que cuentan las autoridades son muy endebles o de plano inexistentes.
Por desgracia, en los casos que maneja la CICIG los jueces y magistrados tienen miedo de aplicar la ley, por el poder absoluto que tiene este organismo internacional. Si un juez o un magistrado toma alguna resolución contraria a la CICIG corre el peligro de perder su empleo o incluso de que lo acusen de negligencia o por algún acto irregular. En estas condiciones también podría acabar en la cárcel, por lo que se cuidan de no emitir resolución alguna contraria a los intereses de la CICIG. Por ello, especialistas en materia de derecho, como el doctor José Luis González Dubón, señalan que ante el poder absoluto de la CICIG solo “los jueces y magistrados son los que pueden salvar al país” en esta difícil coyuntura política.
Los juicios que se llevan a cabo en los casos relacionados con la CICIG se vuelven interminables, por lo que los prisioneros que se encuentran en Mariscal Zavala pasan años en espera de que en algún momento las autoridades tengan a bien proseguir o iniciar el juicio correspondiente.
Lo común es que un juez inicie un proceso después de meses o incluso años de que los iniciados llegan a la cárcel. Como en la mayoría de los casos no hay delitos que probar, en lugar de liberar a los presos los jueces prefieren excusarse, en muchas ocasiones después de meses de audiencias. Hay casos en que el número de audiencias se acerca a la centena sin pruebas contundentes, por lo que deberían liberar a los presuntos culpables, pero por miedo a la CICIG los jueces prefieren dejar en el limbo el proceso y la investigación no pasa de la primera etapa. Hay que señalar que cuando un juez se excusa, tardan meses en asignarle el caso a otro juzgado y cuando designan al siguiente juez el proceso empieza desde cero y se prolonga eternamente, así se cuente con los expedientes de las decenas de audiencias anteriores.
En otras palabras, en los casos que sigue la CICIG no se siguen los debidos procesos y, por lo tanto, no hay justicia, ya que para que exista la justicia los procesos deben ser adecuados y expeditos.
Pero quizá lo peor de todo es que la presencia de la CICIG en su acción de “vigilar y castigar”, como diría Foucault, ha generado un gran miedo entre los políticos y la población que tiene que interactuar con el gobierno, ya que en cualquier momento pueden ser acusados sin prueba alguna de actos de corrupción. Los administradores de todos los niveles se niegan a firmar papeles en donde se les involucre con la compra de cualquier cosa, aún sea de diez y veinte plumas, no sea que alguna de las plumas se pierda en el camino y los metan a la cárcel. El resultado de este proceso es el freno de cualquier política pública en perjuicio de la población.
Desde que está la CICIG se han acusado a varios presidentes en funciones y ex presidentes. Entre otros podemos mencionar a Otto Pérez Molina, Álvaro Colom (ambos presos en la prisión de Mariscal Zavala) a Alfonso Portillo y hasta a la propia administración actual de Jimmy Morales. No hablemos de vicepresidentes y ministros que se cuentan por docenas. A todos se les acusa por algún acto irregular, por lo que de seguir la operación de la CICIG, meterá a la mitad de políticos, empresarios y administradores a la cárcel en los próximos años. ¿Qué país puede avanzar si por principio todos los políticos son corruptos hasta que no prueben lo contrario? La presunción de inocencia en Guatemala es letra muerta.
En síntesis, en los casos de la CICIG no hay justicia ni respeto a los derechos humanos de cientos de personas que permanecen en el limbo de la “prisión preventiva”.
QUÉ ES LA PRISIÓN DE MARISCAL ZAVALA
La prisión Mariscal Zavala es una entelequia, un espacio en donde se mantiene a presos de manera irregular, como si fuera un campo de concentración fascista. En un centro militar ubicado en las afueras de la ciudad de Guatemala, llamado precisamente Mariscal Zavala, se creó este campo de concentración, en medio del bosque, sin instalaciones adecuadas para mantener en su interior a cientos de personas.
De acuerdo con la legislación guatemalteca no se puede ni debe contar con una prisión en un centro militar. Sin embargo, dicho centro militar existe y en dicho espacio se encuentran las instalaciones improvisadas de una prisión, gracias al poder y a los buenos oficios de la CICIG. El concepto de esta prisión, además de contar con una endeble infraestructura (más limitada que la de un campo de concentración de la Alemania Nazi) es parecido a los campos de refugiados en África o a los de la guerrilla de las montañas de cualquier país latinoamericano.
Hace una década Mariscal Zavala contaba con una barraca para albergar una decena de personas, sin servicios de agua, drenaje, luz y mucho menos telecomunicaciones. Al arribar los primeros prisioneros comenzaron a instalar la infraestructura mínima para protegerse de la lluvia y el sol. Así los propios reos han construido con sus limitados recursos a lo largo de esta década una serie de barracas y tiendas de campaña con techos de plástico y de láminas acanaladas, en donde permanecen recluidos.
En los dormitorios hay un hacinamiento total, en donde no cabe ni una aguja. Las habitaciones son una especie de barracas en donde las autoridades carcelarias concentran decenas de personas en literas, con menos de un metro entre uno y otra. En ocasiones, las camas están pegadas una con otra y para que baje alguien que se encuentra en la cama superior para ir al baño, tiene que hacerse a un lado el de la cama vecina inferior. Estas barracas, sin planeación alguna y sin contar siquiera con cimientos adecuados, fueron construidas paulatinamente para albergar a 114 personas. Sin embargo, el hacinamiento es tal que en la actualidad hay 216 personas; es decir está ocupada al 189% de su capacidad máxima.
Decíamos que los primeros moradores de este campamento improvisado, la mayoría con estudios de licenciatura o maestría y con un nivel de vida de clase media, tuvieron que coordinarse, invertir de sus propios recursos personales y trabajar directamente en el desarrollo de un sistema de almacenamiento de agua. En un inicio los soldados a cargo (por cierto con una gran calidad humana) les proporcionaban una cubeta de agua al día por persona para un aseo mínimo. Poco después los reos comenzaron a conectar tuberías a los baños y a algunas cocinetas improvisadas en el campamento. Hay que señalar que las autoridades no permiten el uso de refrigeradores, por lo que día con día los reos tienen que comprar hielo para que no se les echen a perder la comida y los medicamentos. Tampoco se permite el uso de computadoras o celulares en estas instalaciones.
Una prisión preventiva que en cualquier otra parte del mundo dura un máximo de un año, se ha convertido en una prisión en donde mucha gente ya lleva más de cinco años. Dicen que no hay algo más permanente que lo temporal y, este el caso de Mariscal Zavala en donde la prisión preventiva se prolonga por años. Por ello, los presos invierten continuamente en los servicios mínimos de electricidad y drenaje en las carpas, cocinetas y baños. Hay que señalar que gracias a la organización interna de los propios indiciados las instalaciones se mantienen con un aceptable nivel de limpieza en medio de la sencillez.
Pero no se crea que los espacios sobran, un empresario detenido al realizar un trámite “sospechoso” con el gobierno que la CICIG consideró ilegal, tuvo que comprar un pedazo de tierra a otro preso. Paradojas de la vida, la CICIG supuestamente busca terminar con la corrupción y la impunidad, pero el hacinamiento en la prisión Mariscal Zavala, generado por la propia CICIG, provoca actos de corrupción e impunidad. Al empresario señalado, tomar el control de un pequeño espacio de terreno en la cárcel le costó 40 mil dólares. Sólo de esta manera pudo obtener un lugar para poder sobrevivir. Se dice que el precio más alto por metro de terreno en Guatemala está en la prisión Mariscal Zavala. Lo que sí le podemos reconocer al comisionado Iván Velázquez es que revaloró el precio de la tierra en una prisión de un país con recursos limitados para situarlo casi a los niveles de precios de la Quinta Avenida en Nueva York.
LOS CASOS
La CICIG ha participado en casos que no corresponden a sus atribuciones que, en términos generales se dividen en tres conceptos: la investigación de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos; la colaboración con el gobierno en la desarticulación de dichos aparatos; y la recomendación de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos.
Los casos en los que la CICIG interviene por medio de investigación y persecución penal están relacionados con contrabando, defraudación fiscal, corrupción gubernamental y empresarial, financiamiento ilegal de partidos políticos y campañas electorales, corrupción judicial, narcotráfico y lavado de dinero.
En orden de aparición, los casos más destacados son los siguientes:
En 2006, se investigó el caso “Pavón y PARLACEN”, relacionado con ejecuciones extrajudiciales de reos en las cárceles de Pavón y El Infiernito, junto con el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
En 2008 y 2009 el caso “Alfonso Portillo” por malversación de fondos del ex presidente Portillo y varios militares, en el que también estuvo implicado el ex embajador de Taiwán, Andrew Wu por entregar cheques al ex mandatario.
En 2008 y 2009 el caso “Adolfo Vivar” ex alcalde de Antigua, persona a la que acusan de defraudar a la municipalidad con 23 millones de quetzales. Vivar sigue preso y después la CICIG también metió a la cárcel al siguiente alcalde de Antigua.
En 2009 el caso “Rosemberg” por el que se culpa a Sandra Torres y al ex presidente Álvaro Colom por la planeación del supuesto suicidio de Rodrigo Rosenberg, uno de los pocos casos de la CICIG en la que se ha logrado concluir el juicio con una condena. El ex presidente Álvaro Colom sigue en la cárcel.
En 2012 destaca el caso “Marlene Blanco Lapola”, ex directora de la Policía Nacional de Guatemala (PNC) acusada de ejecuciones extrajudiciales.
En el 2013 inicia un tema verdaderamente polémico no sólo en Guatemala, sino también a nivel internacional. Nos referimos al caso “Bitkov” en donde una familia rusa de cuatro miembros (padre, madre y dos hijos) la metieron a la cárcel durante años y a la que las autoridades le quitaron de manera ilegítima al hijo pequeño de la pareja, el único que nació en Guatemala.
Durante ese periodo la CICIG investigó la emisión de pasaportes ilegales de parte de la Dirección General de Migración en contubernio con traficantes de personas. Después de detener a la banda de traficantes, en enero del 2015 y de meter a la cárcel a los funcionarios que estaban coludidos, de manera ilegal e inexplicable agarran a la familia Bitkov que, en el peor de los casos usó los servicios de la Dirección de Migración a través de terceros para obtener sus pasaportes. Esta familia no tenía relación alguna con el tráfico de personas ni con la emisión de los documentos. Sin embargo, en forma sospechosa, la CICIG metió a la cárcel al padre, a la madre y a la hija mayor nacidos en Rusia y al niño pequeño se lo quitaron a sus padres. Por el hecho de tener pasaportes ilegales a Igor Bitkov (el padre de la familia) le impusieron una condena de 19 años y a su esposa e hija 14 años de prisión.
La pérdida de libertad de esta familia se hubiera prolongado, como la del Conde de Montecristo, si no es que se da a conocer a la opinión pública de Estados Unidos el caso. Se supo por parte de personas que huyeron de Rusia hacia Estados Unidos por problemas políticos que el Kremlin tenía intereses en que permaneciera en la cárcel la familia Bitkov y, como ustedes saben, el gobierno ruso no se anda por las ramas en materia de represión a los disidentes. Al difundirse la información en Estados Unidos, algunos miembros del Congreso presionaron a las autoridades guatemaltecas para sacar de la cárcel a estas personas a cambio de liberarle recursos para apoyar al país. Como la CICIG es “comprensiva” de la relación de Guatemala con Estados Unidos, las autoridades le cambiaron la pena a la familia Bitkov, aunque sigue su proceso pero ahora en libertad. Sólo con la presión internacional la CICIG reaccionó. En este caso se ve con toda claridad el uso faccioso de dicha institución que forma parte de las Naciones Unidas.
En 2014 se presentó otro caso contra la familia “Mendoza”, a la que se acusa de diversos actos fuera de la ley, pero hasta el momento nada se les ha probado.
También durante el 2014 se inició el caso “Byron Lima Oliva” por actos de corrupción. Byron Lima es un ex oficial del Ejército Guatemalteco quien cumplía condena por el asesinato del arzobispo Juan Gerardi. En total 12 personas fueron acusadas de lavado de dinero, extorsión, venta de seguridad y traslados de reos a diversas prisiones. Se supone que Lima mantenía sus operaciones ilegales en la cárcel hasta que fue asesinado en julio del 2016 por causas desconocidas.
Quizá el año de mayor actividad de parte de la CICIG sea 2015. El caso más sonado es el de “La Línea” en el que se consignaron a 22 personas por defraudar al fisco en la aduana. Entre los miembros de La Línea se encontraba Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti y Carlos Muñoz y Omar Franco, ex titulares de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala.
En 2015 también se presenta el caso “IGSS-Pisa” por un supuesto contrato anómalo promovido por el laboratorio de Estados Unidos Baxter. Se supone que se presentó un acto de corrupción entre la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) quienes recibieron recursos de Pisa para que les dieran un contrato de diálisis. Lo más raro de este asunto es que el proceso fue una licitación pública en donde ganó el que fue más competitivo en precio, las supuestas pruebas consisten en una llamada telefónica en la que se usó la información de manera ilegal y de una reunión de uno de los administradores de la empresa que ganó el contrato del IGSS. Hay que señalar que Pisa no recibió un solo quetzal del gobierno por los servicios que prestó y, al final de cuentas, le entregaron el contrato a Baxter a un sobreprecio. Cuando menos este proceso se presta a muchas sospechas, casi del nivel del caso Bitkov.
Hay que señalar que la CICIG acusó parejo a 17 personas del caso, desde enfermeras, médicos, administradores, funcionarios y hasta el mismo presidente del Banco de Guatemala. Las pobres enfermeras que ganan salarios mínimos y que se puede comprobar su estilo de vida austero permanecieron en la cárcel cerca de tres años, se quedaron sin trabajo y sin dinero, por lo que necesitan el apoyo tanto sicológico como económico de su gremio y de sus familiares para sobrevivir en medio del desprestigio público.
El presidente del Banco Central de Guatemala permanece en la cárcel por firmar el contrato como miembro del consejo del IGSS y por más pruebas que ha presentado de que el contrato cumplió con todos los requisitos de ley, lo mantienen preso junto con el resto de administradores del IGSS y a los administradores de Pisa quienes acababan de entrar a la empresa. Este caso se parece al de una bendetta (venganza) italiana.
Pero lo más trágico del caso IGSS-Pisa es el de los doctores que también metieron a la cárcel, dos de los cuales murieron en prisión sin siquiera ser juzgados. El primero, después de una gran trayectoria y reconocimiento en su labor por el gremio médico y por la sociedad guatemalteca lo meten a la cárcel, sin deberla y sin temerla, y para colmo de males no le proporcionaron los cuidados médicos necesarios por lo que debido a la gran negligencia podemos decir que lo mataron las autoridades (otro caso para los Derechos Humanos). El segundo era otro prestigiado médico pediatra, quien contaba con estudios y especialidades en Guatemala y el extranjero, era un querido dirigente de diversas asociaciones médicas, entregado al apoyo de la comunidad y quien tuvo que trabajar en la cárcel junto con su esposa, vendiendo raspados y aguas frescas, para pagar sus gastos en la prisión, hasta que ya no aguantó más y decidió quitarse la vida. Así es como trata la CICIG a los grandes hombres de Guatemala.
Para no cansarlos con tantos casos en proceso y que no tienen para cuando resolverse, simplemente señalaré de paso el caso “Redes”, en el 2015, vinculado con la defraudación y tráfico de influencias de funcionarios del ex presidente Otto Pérez Molina con las empresas Jaguar Energy y Zeta Gas; el Caso de “Financiamiento electoral ilícito” del candidato Edgar Barquín; en 2016 los casos de “impunidad y defraudación al SAT” por parte de funcionarios de la Superintendencia de Administración tributaria de Guatemala; el caso de “delitos contra el ambiente del Lago Amatitlán”, en donde está involucrado Mario Alejandro Baldetti, hermano de un ex presidente de Guatemala junto con la empresa israelí Tartic Engineering; el caso “Cooptación del Estado de Guatemala”, vinculado con el caso La Línea, en donde se involucra al ex presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti.
A principios del 2018 las autoridades detuvieron al Ex presidente Álvaro Colom por actos de corrupción en el transporte de prepago de la zona metropolitana, por un supuesto fraude equivalente a 35 millones de dólares y supuestamente están involucrados en este negocio ilícito prácticamente todo su gabinete, entre los que se encuentran nueve ex ministros, un ex viceministro y el secretario de la presidencia.
Pero no se crea que la CICIG se queda en acciones del pasado, sino también revisa con lujo de detalle para castigarlo al presidente de la República en funciones, a Jimmy Morales que tomó el poder en el 2016. Ya hay varios miembros de su equipo y su familia en la mira de la CICIG y al propio presidente de la República se le acusa de posibles actos de corrupción.
Un último caso a mencionar porque en estos momentos genera polémica y porque pone en riesgo la seguridad en Guatemala es el de los “veteranos militares”, personas de avanzada edad a los que se acusa de formar parte de los Kaibiles que reprimieron a la población entre los años setenta y principios de los noventa del siglo pasado. Aparentemente la CICIG retomó el tema hace algunos años con el objetivo de atacar a la ex fiscal general Claudia Paz y a ex presidentes que abusaron de su poder y mandaron a los militares a reprimir a la población. Hay militares a los que se les han impuesto penas por 6,060 años (a ver cuántos sobreviven estos cuantos milenios).
Pero lo grave de este asunto, desde mi punto de vista, es que la CICIG enfrenta por un lado a los militares con el jefe máximo de la nación y, por otro lado, exhibe a los militares como un grupo represor que está en contra de la población, una mezcla de intereses que casi siempre termina mal.
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CICIG
El primer y más importante derecho al que tienen los seres humanos en el mundo moderno es el derecho a la libertad. Ninguna persona puede permanecer secuestrada y refundida en una prisión preventiva sin el debido proceso en el que se le pruebe que cometió un ilícito. Sin embargo, este principio no es válido en Guatemala, en donde una organización vinculada con la Organización de las Naciones Unidas mantiene privados de su libertad a cientos de personas sin juzgarlas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidida por Margarette May Macaulay y que recibe el mandato de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, hasta el momento no se ha expresado en relación con la grave violación de los derechos humanos de cientos de personas que se encuentran en la prisión ilegal de Mariscal Zavala. Entre las responsabilidades de dicha Comisión de Derechos Humanos se encuentra precisamente intervenir en este tipo de acciones ilegales para evitar los atropellos de la CICIG contra la población guatemalteca.
Hasta ahora ya han muerto dos personas en dicha prisión precisamente porque no se respetaron sus derechos; el primero a causa de que no contaba con las condiciones adecuadas para sobrevivir en la prisión improvisada y, el segundo, al perder toda capacidad para ser juzgado adecuadamente tal y como exige la ley y al permanecer tres años preso prefirió quitarse la vida.
En Guatemala la CICIG ha impuesto un régimen de terror, en el que la ciudadanía puede perder su libertad y permanecer sin sus derechos mínimos durante años en una prisión ilegal que no cuenta con la infraestructura necesaria. La prisión preventiva promovida por la CICIG es una situación irregular que atenta no sólo contra la salud física sino contra la salud sicológica y mental de los prisioneros que no tienen plazos para ser juzgados.
El campamento en donde se encuentran estos presos, no cuenta ni siquiera con vidrios en las ventanas para protegerse del mal tiempo y el hacinamiento en que se encuentran genera en forma creciente problemas sicológicos. Para muchos, la forma arbitraria en que los retienen presos es su fin de su carrera, de su familia y de su vida.
Cuando salgan, si es que en algún momento los procesas, ya no serán las mismas, como lo muestran por ejemplo, las enfermeras del caso IGSS-Pisa a las que liberaron recientemente y que ahora necesitan mendigar y depender de terceros para sobrevivir.
Es una responsabilidad de toda la comunidad latinoamericana alzar la voz para frenar esta gran injusticia y, en especial, es una obligación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un pronunciamiento firme al respecto para que estas personas lleven su proceso el libertad mientras se les juzga.
